El bloque del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro fue el único espacio de la Legislatura de Río Negro que votó en contra del acuerdo entre la Provincia y el Gobierno nacional para transferir las rutas nacionales 22 y 151. Durante el debate, el legislador Leandro García sostuvo que el convenio no resuelve las dificultades estructurales de ambas trazas y cuestionó que Río Negro asuma nuevas responsabilidades sin contar, según planteó, con los recursos necesarios para afrontar su mantenimiento.
García, quien estuvo a cargo de fundamentar la postura del bloque, calificó el acuerdo como “una estafa para los rionegrinos” y sostuvo que con la aprobación del proyecto “se consolida una estafa”. Según argumentó, el Gobierno nacional mantendrá los recursos correspondientes al impuesto a los combustibles mientras la Provincia deberá hacerse cargo de nuevas obligaciones. “Milei se queda con el dinero -que corresponde a las provincias- del impuesto a los combustibles, y los rionegrinos van a tener que seguir pagando $400 por litro de nafta en la estación de servicio”, afirmó.
El legislador también cuestionó que el convenio no contemple respuestas para todos los sectores que presentan dificultades. En particular, señaló que “no hay respuesta, ni acciones para tramos importantes de las rutas 22 y 151, y ninguna propuesta para las rutas 40, 23 y 3”. A esto sumó que algunos de los sectores que consideró más peligrosos mantienen contratos abiertos, situación que, según explicó, limitaría la capacidad de intervención directa de la Provincia una vez concretado el traspaso.
Desde el bloque opositor también objetaron que Río Negro incorpore la responsabilidad sobre las rutas nacionales sin recibir recursos específicos y que, al mismo tiempo, la administración provincial asuma el compromiso de no reclamar judicialmente fondos que considere correspondientes. “Sumar otra responsabilidad sin los recursos me parece de una irresponsabilidad profunda”, sostuvo García, quien cuestionó la decisión de avanzar con el acuerdo en esas condiciones y reiteró que el espacio no acompañaría la iniciativa.
Uno de los principales puntos de preocupación planteados durante la sesión estuvo relacionado con el financiamiento necesario para intervenir sobre las rutas 22 y 151, especialmente por el intenso tránsito asociado a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta. García advirtió que la Provincia debería afrontar un endeudamiento de 60 millones de dólares o reasignar partidas presupuestarias para atender las obras. “Vamos a tener que pagar un endeudamiento en dólares de 60 millones o vamos a tener que readecuar partidas y resignar recursos que se destinan a la educación, a la salud o a la seguridad para pagar las rutas”, afirmó.
Finalmente, el legislador advirtió sobre las eventuales responsabilidades civiles y penales que podría asumir la Provincia frente a accidentes o problemas derivados del estado de las rutas si pasa a ser responsable de su mantenimiento sin contar con financiamiento suficiente. García sostuvo que el acuerdo constituye una “solución falsa” y cuestionó la decisión del Gobierno provincial de avanzar con el traspaso. “No vamos a ser cómplices”, sentenció, y cerró su intervención con una advertencia sobre el resultado que, a su entender, tendrá el convenio: “Esto no sale bien”.