La CTA Autónoma de Río Negro expresó su rechazo a la decisión de la Cámara de Apelaciones que revocó la medida cautelar que garantizaba la continuidad de las prestaciones del programa Volver al Trabajo, anteriormente denominado Potenciar Trabajo.
Según manifestó la organización sindical, la resolución deja sin efecto la obligación del Gobierno nacional de continuar abonando el beneficio económico mientras se desarrolla el proceso judicial de fondo, situación que, de acuerdo con sus estimaciones, afectará a unas 12.000 personas en Río Negro y alrededor de 900.000 en todo el país.
De acuerdo con el comunicado difundido por la central sindical, la decisión judicial implica que los beneficiarios dejarán de percibir el ingreso mensual de 78.000 pesos, destinado a complementar los ingresos de trabajadores que desarrollan tareas en cooperativas y organizaciones comunitarias, entre ellas merenderos y comedores barriales. La CTA Autónoma también sostuvo que la resolución impactaría en la continuidad de los cursos de capacitación que estos trabajadores realizaban a través de organizaciones sociales, como la Federación Nacional Territorial.
La entidad sindical advirtió que la medida se produce en un contexto económico caracterizado, según su análisis, por el deterioro del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y una mayor vulnerabilidad social. En ese marco, consideró que la suspensión de los ingresos afecta de manera directa a personas que dependen de ese complemento económico para sostener sus necesidades cotidianas y participar en actividades comunitarias.
El secretario general de la CTA Autónoma Río Negro, Rodrigo Vicente, manifestó su preocupación por las consecuencias de la resolución judicial. "Resulta alarmante que, mientras se demora la resolución definitiva del conflicto, se prive a miles de familias de un recurso indispensable para afrontar necesidades básicas", expresó. Asimismo, agregó: "Una vez más, quienes pagan las consecuencias de las políticas de ajuste son las y los trabajadores, los sectores populares y quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad".
Desde la organización remarcaron que la decisión conocida corresponde a la revocación de una medida cautelar y que el proceso judicial sobre el fondo de la cuestión continúa en trámite. En ese sentido, la central sindical insistió en la necesidad de mantener las prestaciones hasta que exista una resolución definitiva sobre la legalidad de la medida adoptada por el Estado nacional respecto del programa.
Finalmente, la CTA Autónoma Río Negro ratificó que continuará impulsando acciones en defensa de los beneficiarios del programa y de los derechos sociales y laborales. "La Central reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos sociales y laborales, y acompañará todas las acciones necesarias para exigir que el Estado garantice condiciones mínimas de subsistencia y protección para quienes hoy atraviesan una situación de desempleo y emergencia económica", concluyó el comunicado difundido por la organización sindical.