El Gobierno de Río Negro reglamentó la modificación de la Ley S Nº 3008 de ejecución penal, que establece mayores restricciones para el acceso a salidas transitorias y beneficios de libertad anticipada para personas condenadas por delitos graves. La medida, recientemente sancionada por la Legislatura provincial, ya se encuentra en vigencia y, según el Ejecutivo, busca fortalecer el cumplimiento efectivo de las condenas y reforzar la protección de las víctimas.
El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que la reglamentación forma parte de la política de seguridad y justicia que impulsa su gestión. “En Río Negro tomamos una decisión: estar del lado de las víctimas y de la gente que cumple la ley”, afirmó. En ese sentido, planteó que quienes cometan delitos graves deben cumplir las penas impuestas por la Justicia y cuestionó la existencia de beneficios que, según su interpretación, puedan generar nuevas oportunidades para delinquir.
La reforma establece límites más estrictos para las personas condenadas por delitos considerados de mayor gravedad y restringe la posibilidad de acceder a determinados beneficios antes de completar las penas impuestas. La modificación fue impulsada por los legisladores de Juntos Somos Río Negro Lucas Pica y Facundo López y modifica la normativa provincial que regula la ejecución de las penas privativas de la libertad.
Entre los delitos alcanzados por las nuevas restricciones se encuentran el homicidio simple y agravado, delitos contra la integridad sexual, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo cuando se produzca la muerte de la víctima. La aplicación de la reforma queda vinculada de esta manera a un conjunto de figuras penales consideradas de especial gravedad por la legislación.
La normativa provincial también incorpora restricciones para delitos que no se encuentran contemplados de la misma manera en la legislación nacional. Entre ellos figuran cohecho, grooming, delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito de funcionarios, ampliando así el alcance de la modificación respecto de los delitos incluidos en el régimen nacional.
Weretilneck destacó esta ampliación y sostuvo que la Provincia decidió avanzar sobre una agenda más amplia. “Somos firmes con el que mata, con el que viola, con el que roba utilizando violencia, pero también con el funcionario que se enriquece ilegalmente o recibe una coima. No puede haber una vara distinta. La ley tiene que ser clara y las consecuencias también”, expresó el Gobernador.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la modificación no constituye una medida aislada, sino que forma parte de una serie de reformas impulsadas en materia penal. En ese marco, Weretilneck mencionó las modificaciones vinculadas con la reiterancia y la denominada doble condena, como parte de una estrategia destinada a modificar el funcionamiento del sistema frente a personas que vuelven a delinquir o que cuentan con una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia.
“Primero avanzamos con la reiterancia, para que quien comete delitos una y otra vez no siga entrando y saliendo. También impulsamos la doble condena, para que una persona con una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia permanezca detenida mientras continúa apelando”, sostuvo Weretilneck. El mandatario agregó que la nueva regulación sobre beneficios penitenciarios responde a la misma línea de política criminal: “El que delinque tiene que saber que hay consecuencias”.
La modificación de la Ley S Nº 3008 tiene antecedentes en otras jurisdicciones. Mendoza inició en 2012 un proceso de características similares y, a nivel nacional, en 2017 fue sancionada la Ley Nº 27.375, que incorporó restricciones al acceso a determinados beneficios penitenciarios para personas condenadas por delitos graves. En el caso de Río Negro, la decisión se instrumentó mediante una reforma de su propia legislación de ejecución penal, dentro de las competencias provinciales.
La entrada en vigencia de la normativa se produce a partir de su reglamentación por parte del Gobierno provincial, que estableció así las condiciones para la aplicación de las modificaciones aprobadas por la Legislatura. El Ejecutivo presentó la medida como una herramienta para fortalecer el cumplimiento de las condenas y establecer mayores límites a determinados beneficios penitenciarios vinculados con delitos de especial gravedad.
En sus fundamentos políticos, Weretilneck planteó además la necesidad de modificar el enfoque de la discusión sobre el sistema penal. “Durante demasiado tiempo la discusión penal estuvo concentrada en los derechos del delincuente y se dejó a la víctima en segundo plano. Nosotros queremos recuperar ese equilibrio”, afirmó. El Gobernador sostuvo que la protección de las víctimas y la seguridad de la sociedad deben ocupar un lugar central en las políticas públicas de seguridad y justicia.
Con la reglamentación de la reforma, el Gobierno de Río Negro profundiza así una política orientada a restringir beneficios penitenciarios para personas condenadas por determinados delitos graves y ampliar el universo de figuras alcanzadas por esas limitaciones. La Provincia sostiene que la medida busca establecer reglas más estrictas y garantizar que las condenas dictadas por la Justicia tengan un cumplimiento efectivo, mientras incorpora la protección de las víctimas y la seguridad comunitaria como ejes de su política penal.