La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro reclamó al Gobierno provincial que establezca con carácter urgente un tope para los descuentos voluntarios aplicados sobre los salarios de los empleados públicos en concepto de préstamos, créditos y otras obligaciones. El sindicato advirtió sobre situaciones de sobreendeudamiento y sostuvo que las deducciones pueden llegar a reducir de manera extrema el salario disponible para afrontar los gastos cotidianos de los trabajadores y sus familias.
Desde ATE señalaron que no se trata solamente de una posibilidad hipotética y mencionaron distintos antecedentes judiciales registrados en la provincia. En uno de los casos analizados por la Justicia rionegrina, una trabajadora llegó a percibir apenas $12.000 sobre un haber neto superior a los $2,4 millones, luego de que los descuentos alcanzaran el 99,12% de su remuneración. En otro expediente, los descuentos vinculados con créditos llegaron a absorber la totalidad del haber y dejaron un saldo neto de $0.
El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, sostuvo que estas situaciones comprometen el carácter alimentario del salario. “El salario tiene carácter alimentario y debe garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia”, afirmó. En ese sentido, recordó que en distintos procesos judiciales se han dispuesto límites a las deducciones, aunque los porcentajes establecidos no son uniformes entre los distintos casos: existen antecedentes con límites del 33% y otros en los que se ordenó una afectación máxima del 20% de la remuneración neta luego de los descuentos legales.
El reclamo sindical apunta a que el Estado provincial establezca una regla general para los descuentos derivados de obligaciones crediticias. ATE sostiene que el Gobierno no debería limitarse a actuar como agente de cobro de bancos, mutuales u otras entidades, sino también considerar el impacto que la acumulación de cuotas puede producir sobre los ingresos de sus empleados. La discusión se vincula con el alcance de la protección del salario y con las condiciones bajo las cuales pueden efectuarse descuentos voluntarios.
Los antecedentes judiciales recientes muestran que la problemática llegó a distintas circunscripciones de la provincia. En agosto de 2026, la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche ordenó limitar al 20% las deducciones sobre los haberes de una trabajadora por determinados créditos, hasta el dictado de una sentencia definitiva. La resolución se produjo luego de que la mujer denunciara una retención cercana al 90% de su remuneración y acreditara que percibía alrededor de $12.000 mensuales después de los descuentos.
Otro antecedente fue informado en agosto por el Poder Judicial de Río Negro, cuando el Juzgado Multifueros de El Bolsón abrió un concurso preventivo solicitado por una empleada pública que había recurrido sucesivamente a distintos préstamos para afrontar sus gastos. En ese proceso se dispuso suspender los descuentos vinculados con préstamos y otros créditos mientras se desarrollaba el trámite concursal, con excepción de las retenciones establecidas por ley.
“Las deudas deben pagarse, pero nunca a costa de dejar a una familia sin recursos para vivir”, afirmó Vicente al plantear la posición del sindicato. ATE reclamó que el Gobierno provincial adopte un límite que permita preservar recursos destinados a alimentación, vivienda, servicios, transporte, salud y sostenimiento familiar, en un contexto en el que los tribunales rionegrinos ya han intervenido en casos donde los descuentos crediticios afectaron una parte sustancial o incluso la totalidad de los salarios.