La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) destacó el fallo del juez de amparo de la Cámara Segunda del Trabajo de Roca, Juan Ambrosio, que declaró inconstitucional la obligatoriedad del sistema de control de asistencia mediante biometría facial y geolocalización dispuesto por la Secretaría de la Función Pública de Río Negro. Desde el sindicato consideraron que la resolución constituye un precedente relevante en materia de privacidad y protección de datos personales de los trabajadores estatales.
El reclamo se originó a partir de la implementación de un sistema de control de asistencia que ATE cuestionó desde el inicio. El sindicato sostuvo que el Gobierno provincial avanzó con la incorporación de datos vinculados con la identidad física de los empleados sin realizar una consulta previa al personal y sin contemplar una alternativa para quienes no quisieran entregar información biométrica a una base estatal.
La organización gremial señaló que su rechazo se expresó mediante reclamos y asambleas realizadas en distintos puntos de la provincia, con una participación destacada de trabajadores del hospital de Allen. Estas acciones derivaron posteriormente en presentaciones judiciales individuales y formaron parte de una estrategia más amplia impulsada por ATE contra la aplicación obligatoria del mecanismo de control.
Entre las normas cuestionadas se encuentra la Resolución 986/2026 de la Secretaría de la Función Pública, que estableció una prueba piloto de control de asistencia en el Ministerio de Salud mediante reconocimiento facial, con la posibilidad de incorporar herramientas de geolocalización. Para ATE, el carácter obligatorio del sistema constituía uno de los principales aspectos problemáticos de la medida.
El secretario general de ATE, Rodrigo Vicente, calificó la decisión judicial como “un fallo histórico que devuelve la libertad y la soberanía sobre la identidad de cada trabajador del Estado”. El dirigente sostuvo que el pronunciamiento representa un límite frente a la utilización obligatoria de información biométrica de los empleados públicos.
Vicente cuestionó además la forma en que fue implementado el sistema. “El Gobierno impulsó este sistema de manera inconsulta. Siempre sostuvimos que el sistema afecta nuestra intimidad, la protección de datos personales y no ofrece ninguna alternativa para los que no quieren aportar información biométrica”, afirmó el dirigente sindical.
Desde ATE remarcaron que su posición no implica un rechazo general a los mecanismos de control de asistencia ni al uso de herramientas tecnológicas en el ámbito laboral. “Los trabajadores no nos oponemos a ser controlados ni tampoco a la implementación de tecnología”, sostuvo Vicente, aunque cuestionó que el mecanismo implementado por el Ministerio de Salud pueda afectar derechos vinculados con la privacidad y la protección de datos personales.
En ese sentido, el secretario general del gremio también objetó la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias frente a quienes no aceptaran el sistema. “La información de nuestra identidad no puede transformarse en una mercancía ni quedar sujeta a intereses económicos, comerciales o de cualquier otra naturaleza sin un control público efectivo”, señaló Vicente al fundamentar la posición del sindicato.
Uno de los aspectos centrales destacados por ATE es que el juez consideró que se encontraba comprometido un derecho de carácter constitucional y reconoció la denominada “autodeterminación informativa”, entendida como la facultad de una persona para decidir sobre sus propios datos y controlar el uso que terceros realizan de esa información. El fallo tomó además como antecedente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Torres Abad, Carmen c/ EN - JGM s/ hábeas data”, dictado el 30 de abril pasado.
Según lo informado por el sindicato, el juez Ambrosio concluyó que la normativa cuestionada vulnera los artículos 19 y 43 de la Constitución Nacional y declaró inconstitucional el artículo 5, punto 2, inciso b), de la Ley Nacional 25.326 y el artículo 3 de la Resolución 986/2026, en cuanto impone el registro obligatorio de asistencia mediante biometría facial y geolocalización. Para ATE, el pronunciamiento establece un antecedente relevante en el debate sobre el uso estatal de datos biométricos de los trabajadores.