Autoridades de la comunidad Mapuche Kinxikew y de la Confederación Mapuche de Neuquén viajaron este lunes a Buenos Aires para reclamar respuestas al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, luego del operativo de desalojo realizado la semana pasada en territorios ubicados entre Villa La Angostura y Bariloche. La intervención se produjo en el marco de una causa judicial iniciada por una denuncia de particulares y generó cuestionamientos por parte de las comunidades, que sostienen que contaban con el relevamiento previsto por la Ley 26.160.
El desalojo ocurrió el miércoles 19 de agosto por orden del juez Francisco Bonorino, a partir de una denuncia por presunta usurpación presentada por la familia Broers, de origen belga. Según plantearon las comunidades, el procedimiento se llevó adelante pese a que los territorios contaban con un relevamiento realizado bajo la normativa de emergencia territorial indígena y mientras mantenían, según su versión, instancias de diálogo con autoridades del Gobierno de Neuquén.
En ese contexto, la Lonko Amancay Quintriqueo y otros integrantes de las comunidades se presentaron en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se desarrollaba el Neuquén Day, actividad destinada a promocionar las oportunidades productivas de la provincia ante inversores. El objetivo de la delegación era obtener explicaciones del gobernador Figueroa, quien participaba del encuentro junto con funcionarios provinciales y representantes de distintos sectores.
Quintriqueo logró mantener un intercambio con la senadora nacional y exministra de la provincia, Julieta Corroza. De acuerdo con el relato de la referente mapuche, la legisladora sostuvo que había existido predisposición al diálogo por parte del Gobierno provincial. “Siempre tuvimos la buena predisposición a dialogar, incluso el gobernador”, habría señalado Corroza, ante lo cual Quintriqueo respondió: “¿Cómo uno dialoga si de donde nos sacaron tenemos a la GEOP, o a Gendarmería vigilándonos?”.
Durante el intercambio, la senadora atribuyó la presencia de Gendarmería a una decisión del Gobierno nacional. “Pero eso depende del Gobierno nacional”, habría expresado Corroza. La referente mapuche cuestionó esa explicación y sostuvo que efectivos de la Policía de Neuquén también habían participado del operativo de desalojo. Según Quintriqueo, durante la jornada se planteó además la posibilidad de concretar una reunión con Figueroa, aunque ese encuentro finalmente no se produjo.
La dirigente mapuche aseguró que el gobernador se encontraba en el lugar y que, cuando advirtió su presencia, decidió retirarse. “Me vio, se incomodó y se fue”, relató Quintriqueo durante una posterior conferencia de prensa. La referente sostuvo que tampoco obtuvo respuestas concretas de los funcionarios con los que pudo dialogar y reclamó que las comunidades puedan permanecer en los territorios mientras se esclarece la situación dominial.
La situación expuesta por las comunidades contrastó, según sus autoridades, con el discurso expresado durante el Neuquén Day. En ese ámbito, Figueroa presentó a la provincia como un territorio “libre de conflictos” y destacó la construcción de “la paz social”. Mientras tanto, las comunidades cuestionaron la presencia de fuerzas de seguridad en los territorios y denunciaron que el desalojo no habría sido completado en su totalidad.
Durante la conferencia posterior al evento, Quintriqueo describió la situación como “muy” difícil y afirmó que las comunidades se sintieron “humilladas” por la forma en que se desarrolló el procedimiento. También cuestionó la intervención de particulares que, según sostuvo, colaboraron con vehículos para retirar pertenencias de las familias desalojadas. “Se entrometieron terratenientes que no tenían nada que ver con la causa y que pusieron a disposición sus camionetas para hacer el traslado de las pertenencias”, afirmó.
La Lonko también puso en duda la situación dominial de los terrenos involucrados y aseguró que, según la información que manejan las comunidades, los denunciantes y otros particulares no figurarían en los registros correspondientes. En ese sentido, mencionó versiones sobre una eventual transferencia de las tierras a una sociedad anónima, aunque se trata de afirmaciones que deberán ser corroboradas mediante la documentación registral y judicial correspondiente.
Quintriqueo vinculó además el episodio con un escenario más amplio que, según su interpretación, incluye un avance de los denominados “desalojos exprés” y modificaciones legislativas vinculadas con la propiedad privada. “Hay un ensañamiento muy grande, esto se logró muy rápido, evidentemente hubo una bajada de línea”, manifestó la referente, al cuestionar la velocidad con la que se concretó el procedimiento judicial.
Otro de los planteos formulados por la comunidad estuvo relacionado con el destino que podrían tener los territorios y los recursos naturales de la zona. Quintriqueo expresó preocupación ante la posibilidad de que determinadas áreas sean utilizadas para proyectos vinculados con infraestructura tecnológica, entre ellos centros de datos. “Tenemos cuencas de agua que bajan directo al Nahuel Huapi y estamos resguardando el brazo Huemul”, sostuvo, y agregó: “No sabemos bien qué quieren pero obviamente vienen por nuestra agua y por el territorio”.
Las comunidades Kinxikew y Melo mantienen así su reclamo para que se revise la situación derivada del desalojo y se habiliten instancias de diálogo con las autoridades provinciales y judiciales. Por el momento, la controversia continúa atravesada por la causa judicial iniciada a partir de la denuncia por presunta usurpación, mientras las organizaciones mapuche cuestionan el procedimiento y reclaman garantías sobre sus derechos territoriales reconocidos por la legislación vigente.