La senadora nacional por Río Negro, Ana Marks, cuestionó durante su intervención en el Senado el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que, aunque se logró rechazar el capítulo que buscaba eliminar restricciones a la extranjerización de tierras, otras modificaciones incluidas en la iniciativa mantienen, según su análisis, un esquema que pone en riesgo la soberanía territorial y ambiental.
Marks sostuvo que el rechazo a la eliminación de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros fue resultado de la presión social y afirmó que el Gobierno debió retroceder frente al rechazo generado por la medida. “Hoy quedó claro que la soberanía no se entrega. Pero que nadie se confunda: logramos frenar un capítulo, no el plan de saqueo”, expresó la legisladora rionegrina.
En ese sentido, la senadora llamó a mantener la atención sobre futuros intentos de modificar las restricciones mediante otras herramientas legales. “Hay que seguir alerta porque ya intentaron avanzar por decreto con Macri y con Milei, y pueden volver a buscar atajos”, advirtió, al referirse a antecedentes de medidas vinculadas con el régimen de tierras.
Uno de los principales cuestionamientos de Marks estuvo dirigido a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. La legisladora sostuvo que la modificación propuesta por el oficialismo podría debilitar las herramientas destinadas a evitar que los incendios sean utilizados con fines especulativos y afirmó que el cambio favorecería un proceso de transformación del territorio afectado por el fuego.
“Lo único que hicieron en estos años fue desfinanciar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, subejecutar partidas, eliminar el Fondo Nacional del Fuego y castigar a los brigadistas con salarios miserables”, sostuvo Marks. En esa línea, afirmó que el proyecto busca eliminar disposiciones que, según su interpretación, impedían que un bosque incendiado pudiera convertirse posteriormente en un negocio inmobiliario.
La senadora también alertó sobre las consecuencias que podría tener la reforma sobre las tierras afectadas por incendios. Según planteó, el cambio permitiría modificar con mayor rapidez el destino de esos terrenos para habilitar loteos, desarrollos inmobiliarios o emprendimientos intensivos. Marks calificó esta posibilidad como “un retroceso ambiental inaceptable e inconstitucional” y la vinculó con el principio de no regresión previsto en el Acuerdo de Escazú.
Críticas a los desalojos y al modelo económico
Otro de los aspectos cuestionados por la legisladora fue el capítulo relacionado con los desalojos. Marks sostuvo que las modificaciones se producen en un contexto de dificultades para acceder a la vivienda y cuestionó que la respuesta estatal esté orientada a facilitar procedimientos de desocupación de inmuebles.
“Hablan de defender la propiedad mientras atacan el derecho a la vivienda”, afirmó. Y agregó: “En una Argentina con millones de inquilinos y familias endeudadas, la única respuesta que ofrecen es acelerar los desalojos. Es una maquinaria de exclusión social”.
Finalmente, Marks vinculó el conjunto de reformas con un modelo económico que, según sostuvo, responde a lineamientos promovidos por el Fondo Monetario Internacional y prioriza la mercantilización del territorio y de los recursos naturales. La senadora rechazó que la flexibilización normativa sea una condición indispensable para atraer inversiones y planteó que el desarrollo debe contemplar criterios sociales y ambientales. “No hace falta regalar la Argentina para que haya inversiones. Hace falta tener políticas serias. Si las inversiones destruyen el ambiente, expulsan familias, precarizan el trabajo y se llevan toda la riqueza afuera, eso no es desarrollo: es saqueo”, concluyó.