La senadora nacional por Río Negro, Ana Marks, presentó un proyecto de resolución para que el Senado cite al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que brinden explicaciones sobre el destino de los recursos destinados a la infraestructura vial y los niveles de ejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial. La iniciativa fue acompañada por otros senadores del peronismo y plantea interrogantes sobre el uso de fondos con afectación específica, en un contexto de deterioro de numerosas rutas nacionales y paralización de obras.
El proyecto solicita que ambos funcionarios presenten un informe pormenorizado sobre el funcionamiento del Sistema Vial Integrado y el destino de los recursos recaudados mediante mecanismos vinculados al financiamiento de la infraestructura vial. En particular, los legisladores cuestionan que parte de esos recursos haya sido destinada a inversiones financieras mientras persisten problemas de mantenimiento, conservación y ejecución de obras en distintos corredores nacionales.
La iniciativa fue impulsada por Marks y acompañada por Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner, Mariano Recalde, Martín Soria, Daniel Bensusán, Florencia López, Cristina López, Adán Bahl, Lucía Corpacci y Jorge Capitanich. El planteo apunta a obtener precisiones oficiales sobre las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo respecto de fondos que, según sostienen los legisladores, tienen una finalidad determinada.
Uno de los principales argumentos del proyecto está relacionado con la recaudación proveniente de la tasa sobre los combustibles, cuyos recursos tienen afectación específica para el financiamiento de infraestructura vial. Desde el bloque impulsor sostienen que el Gobierno nacional debe explicar por qué una parte de esos fondos no habría sido destinada a obras y mantenimiento de rutas, mientras numerosos tramos presentan deterioro y distintas intervenciones permanecen sin avances.
De acuerdo con los datos consignados en los fundamentos de la presentación, durante los primeros cinco meses de 2026 se recaudaron $450.500 millones a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, mientras que la ejecución destinada a obras viales alcanzó los $83.144 millones. El monto ejecutado representa, según el proyecto, el 18,5% de los recursos recaudados durante ese período.
Los senadores también hacen referencia a los recursos acumulados durante 2024 y los primeros meses de 2026 y plantean que existe una diferencia significativa entre los fondos obtenidos y aquellos efectivamente destinados a infraestructura vial. Sobre esa base, la iniciativa reclama información oficial que permita determinar el destino de los recursos restantes y las razones de los niveles de ejecución registrados.
Marks cuestionó particularmente la utilización de recursos afectados al sistema vial para operaciones financieras. “Es urgente que el jefe de Gabinete y el Ministro de Economía den explicaciones sobre el desvío de los recursos que deben estar en el mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para evitar accidentes y ayudar al desarrollo de nuestros pueblos y no en la timba financiera”, sostuvo la senadora rionegrina.
El reclamo se formula además en función de las atribuciones constitucionales del Congreso para requerir información y convocar a integrantes del Poder Ejecutivo. Para los autores del proyecto, la presencia de Santilli y Caputo permitiría conocer de manera directa las decisiones adoptadas sobre los fondos, los criterios de asignación y las previsiones existentes para recuperar los niveles de inversión en infraestructura vial.
La presentación adquiere una relevancia particular para las provincias patagónicas, donde las rutas nacionales cumplen un papel estratégico para la conectividad territorial y el traslado de personas y mercancías. En el caso de Río Negro y otras jurisdicciones de la región, estos corredores también resultan determinantes para el transporte de la producción, la actividad turística y la comunicación entre localidades.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que el deterioro de las rutas no constituye únicamente un problema de infraestructura, sino también una cuestión vinculada con la seguridad vial, la actividad económica y la integración territorial. Por ese motivo, consideran necesario determinar qué ocurrió con los recursos recaudados específicamente para ese destino y por qué no se ejecutaron en su totalidad en obras y mantenimiento.
“Mientras las familias y quienes producen siguen pagando impuestos incluidos en el precio de los combustibles, las rutas nacionales se deterioran y las obras no avanzan. El Gobierno tiene que explicar dónde está la plata y por qué no se está utilizando para garantizar rutas seguras y transitables”, afirmó Marks al fundamentar el pedido de informes.
El proyecto presentado en el Senado plantea, de esta manera, una discusión que excede la ejecución presupuestaria y apunta a la transparencia en el manejo de recursos con destino específico. Mientras se aguarda el tratamiento de la iniciativa, los senadores firmantes buscan que el Gobierno nacional informe sobre el destino de los fondos y exponga las medidas previstas para sostener y recuperar la infraestructura de las rutas nacionales.