La senadora nacional por Río Negro, Ana Marks, planteó la necesidad de que el Estado implemente medidas específicas frente al crecimiento del endeudamiento y la morosidad de los hogares, a partir de un informe del Centro de Estudios de la Ciudad que advierte sobre niveles de mora que alcanzan al 25% a nivel nacional. Según los datos difundidos, en Río Negro la problemática alcanzaría a unas 85.000 personas, con una presencia significativa de jóvenes que recurrieron a créditos bancarios y financieros y actualmente enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Ante este escenario, Marks impulsa en el Congreso una serie de proyectos de ley que buscan abordar el problema desde distintas perspectivas. Las iniciativas contemplan mecanismos de protección para consumidores endeudados y sobreendeudados, herramientas de prevención frente a la contratación de créditos y la incorporación de contenidos de educación financiera en las escuelas de todo el país.
La propuesta legislativa parte de la necesidad de generar instrumentos que permitan intervenir cuando las deudas comienzan a comprometer las condiciones básicas de vida de las familias. En ese sentido, la senadora rionegrina sostuvo que “el endeudamiento dejó de ser una herramienta para progresar y pasó a convertirse en una estrategia desesperada de supervivencia”.
Según planteó Marks, la situación requiere una respuesta estatal que contemple tanto las consecuencias del endeudamiento como sus causas. “Hoy millones de argentinos se endeudan para comprar comida, pagar medicamentos o llegar a fin de mes. Esto no es casualidad: es la consecuencia directa del modelo económico de Javier Milei”, afirmó.
Protección para consumidores endeudados
Uno de los proyectos promovidos por la legisladora propone establecer mecanismos administrativos y judiciales específicos para consumidores que atraviesen situaciones de endeudamiento o sobreendeudamiento. El objetivo es evitar que las obligaciones financieras se transformen en una situación permanente que termine afectando el acceso a bienes y servicios esenciales.
La iniciativa contempla la posibilidad de reestructurar deudas originadas en créditos de consumo, tarjetas, préstamos personales y financiamiento mediante billeteras virtuales. Además, plantea establecer un denominado “mínimo existencial”, destinado a garantizar que las personas puedan conservar recursos indispensables para afrontar gastos de alimentación, salud, vivienda y educación.
Entre las herramientas previstas se encuentra la creación de un procedimiento administrativo gratuito y de un proceso judicial especial para estos casos. También se contempla la posibilidad de suspender embargos y descuentos sobre salarios y jubilaciones, congelar intereses considerados abusivos y establecer planes de pago con plazos de hasta cinco años.
El proyecto incorpora además mecanismos de control sobre bancos, entidades financieras y empresas fintech. La propuesta permitiría revisar tasas de interés abusivas, prácticas vinculadas con el otorgamiento irresponsable de créditos y mecanismos de cobranza que puedan resultar agresivos para los consumidores.
La iniciativa también contempla medidas destinadas a proteger la vivienda única familiar y establece la posibilidad de impedir cortes de servicios esenciales durante el proceso de regularización. A su vez, prevé la revisión judicial de créditos que hayan sido otorgados bajo condiciones abusivas o mediante prácticas consideradas irresponsables.
“Frente a un gobierno que solo protege a los mercados y castiga a las familias trabajadoras, nosotros proponemos un Estado que defienda a quienes quedaron atrapados por un sistema financiero cada vez más cruel y deshumanizado”, sostuvo Marks al explicar el alcance de la propuesta.
Prevenir antes de llegar al sobreendeudamiento
Otro de los proyectos impulsados por la senadora propone modificar la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor para incorporar una herramienta de advertencia previa en las operaciones de crédito destinadas al consumo. La intención es que los usuarios reciban información clara antes de asumir una obligación financiera.
La iniciativa establece la incorporación de un recuadro de advertencia obligatorio, visible y de fácil comprensión, en el que deberán detallarse los derechos de los consumidores, las normas que los protegen, las obligaciones de los proveedores y los principales riesgos asociados con la contratación del producto financiero.
Desde el planteo de Marks, la medida busca intervenir antes de que el endeudamiento se transforme en sobreendeudamiento. En ese marco, el proyecto sostiene que el crecimiento de las deudas no puede atribuirse exclusivamente a decisiones individuales de los consumidores.
La propuesta también contempla el impacto que pueden tener determinadas prácticas comerciales sobre las decisiones financieras. La publicidad engañosa, la falta de información clara y veraz y determinadas condiciones contractuales son señaladas como factores que pueden contribuir a que las personas asuman obligaciones difíciles de afrontar.
El proyecto apunta además a reforzar los controles sobre bancos, financieras y empresas fintech, con el propósito de promover prácticas de crédito responsable y brindar mayores herramientas de protección frente a condiciones que puedan resultar abusivas.
Educación financiera desde la escuela
La tercera iniciativa propone incorporar contenidos de educación financiera en las currículas de establecimientos educativos de gestión estatal, privada, cooperativa y social de todo el país. La propuesta alcanza a los distintos niveles, ciclos y modalidades de enseñanza.
De acuerdo con el proyecto, la Secretaría de Educación, en consulta con el Consejo Federal de Educación, deberá establecer las pautas para incorporar estos contenidos en los niveles inicial, primario y secundario. La intención es que el aprendizaje comience antes del ingreso de los jóvenes al sistema financiero.
El objetivo planteado no se limita a enseñar conceptos relacionados con el dinero. La propuesta busca brindar herramientas para que niños, niñas y adolescentes puedan desenvolverse de manera crítica y responsable frente a decisiones vinculadas con el consumo, el ahorro, el crédito y la economía cotidiana.
“En Río Negro, más de 26 mil jóvenes están endeudados. La situación sigue escalando y es preocupante para todas las familias”, afirmó Marks al referirse a la situación provincial y a la necesidad de incorporar herramientas preventivas desde edades tempranas.
Entre los contenidos previstos figuran los derechos de consumidores y usuarios de servicios financieros, el funcionamiento del sistema financiero, la identificación de prácticas abusivas, la elaboración de presupuestos, la planificación de gastos y el ahorro. También se contempla el conocimiento de alternativas vinculadas con la economía social y solidaria, como cooperativas y mutuales.
La iniciativa incorpora además una dimensión vinculada con el entorno digital. Se propone abordar los riesgos y oportunidades asociados al uso de billeteras virtuales, el comercio electrónico y los medios de pago electrónicos, con especial atención en la seguridad informática y la prevención de estafas.
También se plantea que los estudiantes puedan conocer distintas formas de inserción laboral y productiva y las herramientas disponibles para acceder a la formalidad. La educación financiera es presentada así como un instrumento para fortalecer la autonomía y la capacidad de tomar decisiones económicas informadas.
“La educación financiera es una herramienta fundamental para reducir las asimetrías de información y fortalecer la capacidad de decisión de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”, argumentó la senadora.
Finalmente, Marks remarcó que las políticas públicas deberían actuar tanto sobre las consecuencias como sobre la prevención. “Necesitamos un Estado que no llegue solamente cuando la deuda ya es impagable, sino que también brinde las herramientas para prevenir el sobreendeudamiento y garantizar que cada persona pueda tomar decisiones informadas y ejercer plenamente sus derechos”, sostuvo.
Las tres iniciativas buscan conformar, de esta manera, un esquema integral frente al endeudamiento de los hogares, combinando mecanismos de protección para quienes ya atraviesan dificultades financieras con herramientas de prevención y formación. El planteo de Marks apunta a fortalecer los derechos de consumidores y usuarios y a generar mayores niveles de autonomía económica frente al sistema financiero.