El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno del presidente Javier Milei, al que acusó de impulsar una reforma laboral que, según las organizaciones gremiales, implica un retroceso en materia de derechos de los trabajadores. La exposición se realizó durante una audiencia desarrollada en Washington, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del organismo internacional.
La presentación fue impulsada de manera conjunta por el FreSU, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). En la audiencia también participaron representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas y de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), quienes expusieron cuestionamientos a distintos aspectos de la reforma laboral promovida por el Poder Ejecutivo Nacional.
Durante su intervención, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la iniciativa oficial busca modificar principios históricos del derecho laboral. “El espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos”, afirmó al comenzar la exposición del bloque sindical.
Aguiar también cuestionó el alcance institucional de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. “Aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma, estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar”, expresó.
En la audiencia, el FreSU denunció además la existencia de una política de persecución hacia dirigentes y organizaciones sindicales. Entre los casos mencionados figuraron la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la situación del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, quien afirmó haber sido objeto de distintas acciones impulsadas por el Estado.
“El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno”, manifestó Biró. Además, aseguró que enfrentó denuncias penales y amenazas dirigidas a su entorno familiar, situación por la que indicó haber presentado un hábeas corpus preventivo.
El dirigente de APLA también sostuvo que el Gobierno promovió sanciones y acciones judiciales contra distintas organizaciones gremiales. “El gobierno impulsó denuncias y multas multimillonarias contra organizaciones sindicales como las que hicieron a los compañeros de La Fraternidad, la UTA, la Asociación de Personal Aeronáutico o las acciones judiciales contra 170 trabajadores del subte”, señaló durante la audiencia.
Por su parte, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, vinculó la reforma laboral con otras medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo nacional. “El gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres”, sostuvo.
Chevalier agregó que las modificaciones al régimen laboral también afectan la organización cotidiana de los trabajadores. “Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de ocho horas, instalando un banco de horas flexible, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida”, afirmó, al señalar que esa situación impacta especialmente sobre las tareas de cuidado.
Durante el intercambio, los comisionados de la CIDH formularon consultas y solicitaron explicaciones a los representantes del Estado argentino respecto de la implementación de la reforma. En ese contexto, el abogado Matías Cremonte sostuvo que las modificaciones implican una regresión en materia de protección laboral. “Se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo que es el de justicia social, se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores puedan decidir, en una relación totalmente desigual, tener peores condiciones laborales”, expresó.
A su turno, el secretario adjunto de SiPreBA, Francisco Rabini, cuestionó la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. Según afirmó, la medida “es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga”, al considerar que debilita la organización colectiva dentro de la actividad periodística.
Finalmente, la abogada Mariana Amartino, en representación de las organizaciones convocantes, solicitó que la CIDH emita una comunicación dirigida al Estado argentino advirtiendo sobre la presunta incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos de derechos humanos. También pidió que el organismo considere la derogación del Estatuto del Periodista Profesional como incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y propuso que la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) realice una visita al país para evaluar el impacto de las reformas sobre los derechos laborales.