La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) valoró el avance registrado en la Cámara de Diputados para que las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor comiencen a tratar los proyectos destinados a abordar el sobreendeudamiento familiar. El Congreso resolvió emplazar a ambas comisiones y, de acuerdo con el cronograma previsto, durante septiembre se buscará avanzar hacia un dictamen que podría llegar al recinto de la Cámara Baja a fines de este mes o comienzos de octubre.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la discusión parlamentaria permite visibilizar las consecuencias que el endeudamiento tiene sobre los hogares. “Este es un paso más para evidenciar que el Gobierno nacional y sus políticas económicas impulsadas durante los últimos dos años y medio son las que convirtieron el endeudamiento de millones de hogares en la Argentina en un drama familiar”, afirmó el dirigente sindical.
Aguiar cuestionó además el impacto de los niveles de ingresos sobre la situación financiera de las familias. “El endeudamiento es el síntoma, pero los bajos ingresos son la enfermedad”, señaló, y planteó que el acceso al crédito comenzó a ocupar un lugar que antes correspondía al poder adquisitivo. “Tenemos un Gobierno que ataca los salarios, las jubilaciones y ofrece el crédito como solución. En este momento, el endeudamiento reemplaza al salario real”, agregó.
Desde ATE también apuntaron contra las medidas de desregulación financiera implementadas por la administración nacional. En particular, Aguiar relacionó la situación con el Decreto 70/2023 y afirmó que el Gobierno “ha decidido mirar para otro lado y abandonar a 20 millones de argentinos”. Según su planteo, la normativa favoreció a bancos, billeteras virtuales y prestamistas informales en detrimento de los usuarios.
El escenario que motivó el debate parlamentario tiene una dimensión significativa. De acuerdo con datos del Banco Central citados por ATE, más de 20 millones de personas mantienen actualmente deudas con bancos y entidades no bancarias. La organización sindical también señaló que la morosidad de las familias se cuadruplicó desde diciembre de 2023 y alcanzó al 17,5% de los créditos personales.
El impacto también fue medido por ATE dentro del sector público mediante un relevamiento nacional. El estudio indicó que el 87% de los trabajadores estatales consultados mantiene deudas vigentes y que, dentro de ese universo, el 73% posee compromisos con más de una entidad financiera. El destino de esos recursos muestra además la incidencia de los gastos cotidianos: el 40% los utiliza para afrontar urgencias médicas, educación, alquiler o expensas.
Otro de los resultados relevados por el sindicato se relaciona con el destino del endeudamiento para cubrir necesidades básicas. El 37% de los trabajadores consultados afirmó utilizar el dinero para cancelar otras deudas o afrontar gastos de alimentación y vestimenta. Para ATE, estos datos reflejan que el crédito no se utiliza únicamente para financiar consumos, sino también para resolver obligaciones esenciales cuando los ingresos resultan insuficientes.
El relevamiento sindical también registró consecuencias sobre el bienestar emocional de los trabajadores estatales. El 85,4% de los participantes manifestó haber experimentado un deterioro de su salud mental y bienestar psicológico durante el último año; entre las principales dificultades mencionadas aparecieron ansiedad, con 19,5%; angustia y agotamiento, con 17%; desánimo, con 16%; e insomnio, con 15%. En este contexto, ATE considera que el tratamiento legislativo del sobreendeudamiento representa un avance para discutir mecanismos de protección frente a una problemática que afecta tanto la economía como la vida cotidiana de millones de familias.