La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó a la Quinta Presidencial de Olivos en rechazo al programa de retiros "voluntarios" impulsado por el Gobierno nacional y al financiamiento de US$ 300 millones previsto para cubrir sus costos mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La protesta fue encabezada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó las condiciones del plan y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el empleo público y la estructura de la Administración Pública Nacional.
Durante la movilización, Aguiar llamó a los trabajadores estatales a no adherir al programa. “No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios”, afirmó. El dirigente sostuvo que la iniciativa podría implicar la pérdida de derechos laborales y cuestionó el destino de los fondos vinculados con su implementación. Sus declaraciones expresan la posición del sindicato frente a una medida que busca reducir la dotación de personal estatal.
El titular de ATE también calificó el programa como un “negociado multimillonario” y cuestionó a los funcionarios nacionales Federico Sturzenegger y Luis Caputo. En ese contexto, afirmó que los trabajadores no deberían avalar un mecanismo que, según su interpretación, podría beneficiar económicamente a consultoras privadas. El dirigente no presentó en las declaraciones difundidas detalles documentales que permitan corroborar esa acusación, por lo que se trata de un señalamiento formulado por la conducción sindical.
Aguiar explicó que la decisión de movilizarse hasta Olivos estuvo relacionada con la ausencia del presidente Javier Milei en la Casa Rosada y con su viaje a España. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Milei se fue de nuevo a España sin una agenda oficial”, expresó. Y agregó: “Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”. Las afirmaciones forman parte de las críticas políticas del dirigente al Gobierno nacional.

El secretario general de ATE sostuvo, además, que el programa podría abrir el camino a una mayor tercerización de tareas estatales y a cambios en la estructura de los organismos públicos. “Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones”, manifestó. En la misma línea, afirmó que el régimen sería “el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”. Se trata de una proyección planteada por el sindicato, no de una consecuencia establecida en los términos del programa detallados en la información difundida.
El régimen de retiros voluntarios fue oficializado mediante el decreto 1203/26, según el material difundido. Entre sus condiciones figura la imposibilidad de reingresar a la Administración Pública Nacional durante ocho años para quienes adhieran. El programa alcanzaría aproximadamente a 21.187 trabajadores y contempla que los cargos dados de baja no sean reemplazados. Además, quienes ocupen cargos sindicales vigentes o sean candidatos a elecciones deberán renunciar a esas condiciones para incorporarse al sistema, de acuerdo con la información proporcionada.
El financiamiento cuestionado por ATE se vincula con una línea de crédito del BID superior a los US$ 800 millones, reglamentada mediante el decreto 1177/26, que tendría diferentes destinos. De ese monto, US$ 300 millones estarían asignados a solventar los costos de los retiros voluntarios. La organización sindical cuestiona que se recurra al endeudamiento externo para financiar un programa asociado a la reducción de puestos de trabajo en el Estado.
Según las condiciones informadas, el préstamo se desembolsaría durante cuatro años y tendría un plazo de devolución de 25 años, con un período inicial de cinco años y medio sin pagos de capital. La tasa estaría vinculada con la SOFR, una referencia del mercado financiero en dólares, más un margen aplicado por el BID. Por tratarse de una tasa variable, el costo final dependerá de su evolución y de las condiciones financieras del crédito.

Aguiar también cuestionó la legalidad de utilizar deuda en moneda extranjera para financiar los retiros voluntarios. “Además, endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, sostuvo el dirigente. Esa afirmación corresponde a la interpretación de ATE; la información suministrada no incluye un análisis jurídico independiente ni una resolución judicial que determine la existencia de un delito.
La movilización se inscribió en una serie de reclamos sindicales que exceden el programa de retiros voluntarios. Entre los motivos enumerados por ATE figuran la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario real, las paritarias por debajo de la inflación, el deterioro de los ingresos y el endeudamiento de los trabajadores. También cuestiona la desvalorización de la carrera estatal, los despidos, la no renovación de contratos, la incertidumbre laboral y la reducción de puestos de planta.
El sindicato incluyó asimismo entre sus preocupaciones el cierre y el vaciamiento de organismos públicos, en un escenario que considera de retroceso del empleo estatal. La protesta frente a la residencia presidencial busca visibilizar el rechazo a las condiciones del programa y al financiamiento previsto para su ejecución. Mientras ATE reclama que los trabajadores no adhieran y cuestiona el endeudamiento, el alcance efectivo de la medida dependerá de su implementación y de las condiciones establecidas en las normas que la regulan.