La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió sobre lo que definió como una “creciente militarización del Gobierno” luego de la reorganización de la Quinta de Olivos y el reemplazo de trabajadores civiles por personal de la Casa Militar. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que podría extenderse a otras dependencias estatales, incluida la Casa Rosada.
La controversia se inició después de que el Gobierno nacional dispusiera una reorganización de la Residencia Presidencial de Olivos. Según informó oficialmente el Ejecutivo, la Casa Militar asumirá de manera integral las funciones de seguridad de la residencia y de los lugares utilizados temporalmente por el Presidente y su familia, mientras que la Administración General de la Quinta será disuelta. El proceso de transferencia fue establecido con un plazo de hasta 60 días.
La medida derivó en la desvinculación de trabajadores civiles que cumplían diferentes tareas en la residencia. Mientras ATE contabilizó 14 despidos, el Gobierno confirmó públicamente 12 cesantías, entre ellas la del hasta entonces administrador de la Quinta, Osvaldo Javier Sosa. Entre los puestos afectados se encuentran tareas de jardinería, administración, cocina y otros servicios vinculados con el funcionamiento cotidiano del predio.
Desde el Ejecutivo explicaron que la reorganización tiene como objetivo reforzar la seguridad presidencial y centralizar bajo la Casa Militar las funciones relacionadas con la residencia. Fuentes oficiales también vincularon la decisión con supuestas filtraciones de información sobre la actividad de Javier Milei y su entorno, aunque públicamente no se detallaron cuáles fueron esas filtraciones, qué información habría sido comprometida ni quiénes serían los responsables.
ATE cuestionó esa explicación y sostuvo que los trabajadores desvinculados tenían años de antigüedad y desarrollaban tareas civiles en la Quinta de Olivos. En su pronunciamiento, Aguiar afirmó: “Estas cesantías ilegales producidas por el Gobierno en la Quinta de Olivos y su reemplazo por militares, sumadas a las amenazas de adoptar medidas similares en Casa Rosada confirman que en este momento atravesamos un proceso creciente de militarización del Gobierno”. Se trata de una valoración política y sindical del proceso por parte del dirigente.
El titular de ATE Nacional también vinculó la situación de Olivos con cambios registrados en el personal civil de las Fuerzas Armadas. Según datos difundidos por el sindicato, durante la actual gestión fueron cesanteados más de 300 trabajadores civiles y algunas de esas vacantes comenzaron a ser ocupadas por personal militar. El gremio sostiene además que el Gobierno analiza reemplazar por militares a otros 600 trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, sobre una dotación de 2.653 empleados civiles que, según ATE, actualmente cumplen funciones en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
A partir de esos cambios, Aguiar sostuvo que “es preocupante que puestos administrativos en áreas claves del gobierno comiencen a ser ocupados por militares”. El dirigente consideró que la situación requiere atención y reclamó que se detenga lo que calificó como una “tendencia castrense” dentro del Estado. Sus declaraciones constituyen la posición de ATE respecto de las modificaciones impulsadas por el Gobierno y no una conclusión independiente sobre el alcance institucional de las medidas.
El dirigente sindical elevó además el tono de sus cuestionamientos al afirmar que el país atraviesa, según su interpretación, un escenario con “cada vez más rasgos dictatoriales” y sostuvo que la combinación entre represión y militarización implicaría niveles de autoritarismo que, a su entender, no serían compatibles con la democracia. ATE había anticipado previamente que evaluaría medidas de fuerza por los despidos en la Quinta de Olivos.
En este contexto, ATE reiteró también un pedido para que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica o certificado que acredite que Javier Milei se encuentra en condiciones de ejercer la Presidencia. Este planteo fue formulado por el gremio como parte de sus cuestionamientos políticos al Ejecutivo y no surge, en la información disponible, como una exigencia derivada de un procedimiento oficial iniciado por el Gobierno. La disputa por los despidos en Olivos y el rol de la Casa Militar continúa así instalada en el escenario político nacional.