El Concejo Municipal de Bariloche llevó adelante este miércoles una sesión extraordinaria atravesada por uno de los principales debates económicos y políticos de la gestión de Walter Cortés: la actualización del módulo fiscal y el estado de las cuentas municipales. La jornada también incluyó el tratamiento de un proyecto de ordenanza que proponía realizar una auditoría externa, integral e independiente sobre los ingresos, gastos, situación patrimonial y contratos del Municipio.
El proyecto de actualización del módulo fiscal proponía elevar su valor de los actuales $373 a $492, lo que representa un incremento del 31,9%. El módulo funciona como una unidad de referencia utilizada para determinar distintos tributos, tasas, derechos, multas y otros valores establecidos por la normativa municipal. El valor vigente se mantiene desde 2025, luego de que no prosperara la actualización correspondiente al ejercicio 2026.
La modificación era considerada por el Ejecutivo municipal como una herramienta necesaria para actualizar los ingresos y afrontar los compromisos previstos para los últimos meses del año. El secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, había advertido que la falta de actualización afecta la recaudación y dificulta tanto la planificación financiera como la elaboración del Presupuesto Municipal 2027.
El funcionario sostuvo que la discusión no debía interpretarse como un incremento automático del 31,9% en todas las tasas municipales, debido a que el módulo fiscal constituye uno de los componentes utilizados para establecer determinados valores. También afirmó que el Municipio necesita contar con mayores recursos para sostener salarios, servicios, proveedores y obras. Según Lerra, alrededor del 60% de los ingresos municipales se destina actualmente a la masa salarial.
El módulo fiscal volvió a comisión
La iniciativa había obtenido dictamen favorable en la Comisión de Gobierno y Legales, con seis votos a favor y cuatro en contra. Sin embargo, para su aprobación en el recinto se requería una mayoría especial de ocho votos, un número que el oficialismo no tenía garantizado al momento de la sesión.
Durante el debate, los bloques opositores cuestionaron que la actualización del módulo fuera utilizada como una de las principales herramientas para mejorar las cuentas municipales. Entre las alternativas planteadas aparecieron la revisión de partidas presupuestarias, la recuperación de deudas, la utilización de recursos no ejecutados y otros mecanismos vinculados con la estructura tributaria y financiera del Municipio.
Laura Totonelli, Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten, Roxana Ferreyra y Facundo Villalba coincidieron en reclamar mayor información sobre el estado de las finanzas municipales antes de avanzar con un incremento que, según plantearon, tendría impacto sobre los contribuyentes. Wallace cuestionó particularmente que parte de la documentación de Hacienda hubiera llegado pocas horas antes del tratamiento legislativo.
Desde el oficialismo, en tanto, el presidente del Concejo, Gerardo Del Río, defendió el proceso de análisis del proyecto y rechazó que no hubiera existido trabajo previo. También vinculó la falta de actualización con las dificultades que enfrenta el Municipio para sostener sus compromisos y sostuvo que el debate tenía un componente político además de técnico.
Ante la imposibilidad de reunir los ocho votos necesarios, el oficialismo decidió retirar el proyecto de la votación y solicitar su regreso a comisión. La moción fue aprobada y, de esta manera, el aumento del módulo fiscal no fue aprobado ni rechazado durante la sesión. El valor permanece en $373 hasta que el expediente vuelva a ser tratado y eventualmente consiga las mayorías requeridas.
La auditoría externa quedó en el centro de la disputa
El segundo eje político de la jornada estuvo relacionado con el proyecto de ordenanza 759/26, presentado por Costa Brutten, Wallace, Ferreyra, Totonelli y Villalba. La iniciativa proponía contratar, mediante una licitación pública, a una entidad técnica independiente para realizar una auditoría sobre la situación económica, financiera, patrimonial y contractual de la Municipalidad.
Los autores del proyecto sostuvieron que la auditoría permitiría contar con un diagnóstico externo sobre cuestiones como el pasivo municipal, la deuda flotante, los recursos pendientes de percepción, los contratos y la situación patrimonial. En su fundamentación, plantearon que el objetivo era disponer de información adicional para fortalecer el control y la toma de decisiones sobre las cuentas públicas.
La propuesta encontró una fuerte resistencia del oficialismo y también del Tribunal de Contralor. Su presidente, Estanislao Cazaux, había advertido que la iniciativa podía superponer funciones con las atribuciones que la Carta Orgánica Municipal asigna al organismo de control. El Tribunal sostiene que tiene facultades para fiscalizar las cuentas mediante auditorías, inspecciones y verificaciones económicas y financieras.
Cazaux planteó además que una eventual contratación externa podría generar una erogación adicional para las arcas municipales si se encomendaran a terceros tareas que, según su interpretación, corresponden al Tribunal de Contralor. También advirtió que, de aprobarse la ordenanza, podría existir un conflicto institucional susceptible de ser llevado ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Finalmente, el Concejo rechazó el proyecto de auditoría externa. El oficialismo argumentó que la iniciativa podía invadir competencias del Tribunal de Contralor y que una auditoría integral demandaría varios meses, por lo que sus resultados no estarían disponibles para resolver las necesidades financieras inmediatas que enfrenta el Municipio.
Cómo sigue el debate político
El resultado de la sesión deja abierta una discusión que tendrá continuidad en las comisiones del Concejo. El expediente para actualizar el módulo fiscal regresó a esa instancia y deberá ser nuevamente analizado antes de un eventual tratamiento en el recinto. Para aprobarlo, el oficialismo deberá conseguir los ocho votos requeridos, lo que obliga a profundizar las negociaciones entre los distintos bloques.
La discusión adquiere además una dimensión política por su vínculo directo con la elaboración del Presupuesto 2027. Desde el Ejecutivo se plantea que la falta de actualización dificulta proyectar ingresos y gastos con valores actualizados, mientras que la oposición reclama conocer con mayor precisión el destino de los recursos antes de acompañar nuevas herramientas que puedan incrementar la presión tributaria.
El escenario también puede derivar en nuevas negociaciones sobre la estructura tributaria municipal, la recuperación de deuda, las partidas presupuestarias y el financiamiento de obras y servicios. La oposición, además, deberá definir si insiste con algún mecanismo de auditoría externa o si busca canalizar sus reclamos mediante el Tribunal de Contralor y otros instrumentos de control institucional.
De este modo, la sesión extraordinaria no produjo una definición sobre el aumento del módulo fiscal, pero sí dejó expuestas las diferencias entre el Ejecutivo y los bloques opositores respecto del estado de las cuentas municipales. El próximo paso estará marcado por el regreso del expediente a comisión y por las negociaciones necesarias para avanzar con el Presupuesto 2027, en un contexto donde la discusión sobre ingresos, gastos, impuestos y control de los recursos públicos quedó instalada como uno de los principales temas de la agenda política de Bariloche.