El bloque Incluyendo Bariloche presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza destinado a garantizar que las personas con discapacidad tengan un acceso justo y efectivo a los planes de vivienda impulsados por el Municipio de San Carlos de Bariloche. La iniciativa fue elaborada por el concejal Leandro Costa Brutten y plantea modificaciones al esquema vigente de adjudicación habitacional.
El proyecto surge a partir de los cambios introducidos por la Ordenanza 3480-CM-2024, que modificó el sistema de acceso a soluciones habitacionales y reemplazó la prioridad específica que tenían las personas con discapacidad por un cupo del 5% dentro de un universo más amplio de situaciones de vulnerabilidad.
Según los fundamentos de la iniciativa, esta modificación habría reducido el nivel de protección alcanzado previamente por este colectivo, al pasar de un mecanismo de prioridad efectiva a un sistema de participación limitada cuyo alcance, según se plantea, no estaría claramente determinado.
Desde Incluyendo Bariloche señalaron que la normativa actual podría representar un retroceso en materia de derechos adquiridos. En ese sentido, el proyecto sostiene que las políticas públicas de vivienda deben contemplar medidas de acción positiva que permitan compensar las desigualdades estructurales que afectan a las personas con discapacidad.
El proyecto plantea respetar el piso legal del 10%
Uno de los principales argumentos de la propuesta está vinculado con la legislación provincial. Los autores recordaron que la Ley Provincial 2055 establece un cupo mínimo del 10% para personas con discapacidad en planes de vivienda y loteos, mientras que el Municipio de Bariloche adhirió a esa normativa mediante la Ordenanza 1963-CM-2009.
En los fundamentos presentados ante el Concejo Deliberante se sostiene que cualquier regulación municipal sobre acceso habitacional debe respetar ese piso mínimo y no establecer condiciones inferiores de protección. Además, se plantea que la normativa local anterior incluso superaba ese estándar al establecer criterios de prioridad.
El proyecto menciona que la Ordenanza 1815-CM-2008, que creó el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, establecía un sistema de adjudicación basado en puntaje, donde las personas con discapacidad contaban con una consideración especial dentro del proceso.
Para los impulsores de la iniciativa, el concepto de prioridad resulta más amplio que el de cupo, ya que permite implementar medidas específicas orientadas a garantizar el acceso efectivo al derecho a la vivienda y no solamente reservar un porcentaje dentro de un sorteo general.
Cuestionamientos a la falta de consulta al Consejo de Discapacidad
Otro de los puntos centrales del proyecto está relacionado con la participación institucional. El texto presentado señala que la modificación normativa no contó con la intervención del Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad, creado por la Ordenanza 2038-CM-2010.
Según los fundamentos, ese organismo constituye un espacio de participación activa del colectivo en la elaboración de políticas públicas que afectan directamente sus derechos. En esa línea, la iniciativa sostiene que la consulta previa resulta necesaria de acuerdo con los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El proyecto recuerda que dicha Convención, incorporada a la Constitución Nacional, establece la obligación de los Estados de adoptar medidas que garanticen la igualdad real y la participación de las personas con discapacidad en las decisiones que las involucran.
Además, menciona antecedentes judiciales locales, entre ellos el expediente “Ojeda Juan César y otros c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/ amparo colectivo”, donde se reconoció la importancia del Consejo Local como ámbito de consulta y participación.
Un nuevo esquema de adjudicación habitacional
La iniciativa propone mantener el mecanismo general de sorteo para los planes de vivienda municipales, pero incorporar herramientas específicas que permitan asegurar el cumplimiento del cupo legal y garantizar condiciones transparentes de acceso para las personas con discapacidad.
El proyecto plantea que el objetivo es evitar interpretaciones discrecionales y establecer procedimientos claros de adjudicación, con mecanismos de seguimiento y control social sobre los procesos.
En sus fundamentos, el concejal Leandro Costa Brutten sostiene que la propuesta busca “transformar la igualdad formal en igualdad real”, adecuando la normativa municipal a los estándares establecidos por las leyes nacionales, provinciales y los tratados internacionales de derechos humanos.
Desde Incluyendo Bariloche remarcaron que el acceso a la vivienda constituye un derecho fundamental y que las políticas públicas deben priorizar a los sectores que enfrentan mayores barreras para alcanzar una solución habitacional.
La iniciativa ingresó al Concejo Deliberante para su análisis legislativo y propone abrir un debate sobre el actual sistema de adjudicación de viviendas municipales, con el objetivo de fortalecer las herramientas destinadas a las personas con discapacidad en San Carlos de Bariloche.
Ver proyecto de ordenanza completo acá: Proyecto 683-26