El partido Patria Grande, espacio político liderado a nivel nacional por Juan Grabois y con representación provincial de Adriana Serquis, convocó junto a otras organizaciones sociales y políticas a una movilización en Bariloche para manifestar su rechazo al proyecto de ley denominado de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que será tratado este jueves en la Cámara de Senadores de la Nación.
La convocatoria está prevista para las 17 horas y tendrá como punto de partida la intersección de Onelli y Moreno, desde donde la columna avanzará hacia el Centro Cívico, con una parada prevista en el Museo Malvinas. Desde la organización señalaron que la protesta busca visibilizar lo que consideran un avance sobre la soberanía territorial y el acceso a bienes naturales estratégicos.
Desde Patria Grande cuestionaron la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y apuntaron contra el presidente Javier Milei y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Según expresaron, el proyecto no estaría orientado únicamente a proteger la propiedad privada, sino que implicaría modificaciones que permitirían una mayor adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
“El proyecto nada tiene que ver con la protección de la propiedad privada. El Gobierno abre la tranquera a los capitales extranjeros para comprar sin límites el territorio nacional”, afirmó Alejandro Palmas, referente provincial de Patria Grande, al explicar los motivos de la convocatoria.
Uno de los principales puntos cuestionados por la organización es la modificación de la Ley de Tierras Rurales, que actualmente establece límites para la compra de superficies por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Desde Patria Grande sostienen que la eliminación de esas restricciones podría generar una mayor concentración territorial en regiones estratégicas de la Patagonia.
En ese sentido, Palmas señaló que el departamento Bariloche concentra cerca del 14% de su superficie en manos extranjeras, mientras que en Pilcaniyeu supera el 10%. Además, comparó la situación regional con otros sectores patagónicos: “Como en el TEG, los extranjeros avanzan: ya tienen casi el 23% al sur, en Cushamen, Chubut, y más del 54% al norte, en el departamento de Lácar de San Martín de los Andes”.
La agrupación política también advirtió sobre posibles consecuencias vinculadas al valor de la tierra y el acceso a espacios naturales. Entre los efectos mencionados ubicó un eventual aumento en los precios de alquileres y propiedades, además de restricciones para actividades recreativas y deportivas en ríos, lagos y senderos que actualmente tienen uso público.
Aunque el proyecto establece que las provincias tendrán facultades para regular la venta de parcelas a extranjeros dentro de sus territorios, desde Patria Grande cuestionaron la postura que podría adoptar Río Negro. “Nadie puede pensar que Weretilneck jugará a favor del bien común. Es amigo de qataríes, defensor de Lewis y promotor de negocios privados”, sostuvo Palmas.
Por su parte, Marcelo Rojas, referente de Patria Grande en Bariloche, afirmó que la iniciativa busca reducir la intervención estatal en materia territorial. “La intención del Gobierno es debilitar el control del Estado y habilitar la concentración de tierras. Y que la pérdida de soberanía sobre recursos hídricos es parte de la estrategia de desfinanciamiento de Parques Nacionales, la CNEA, el Conicet y las industrias nacionales”, expresó.
Otro de los puntos señalados por la organización está relacionado con las modificaciones propuestas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación. Según Patria Grande, los cambios acelerarían los procesos de desalojo, permitirían ejecuciones anticipadas antes de una sentencia definitiva y reducirían las herramientas de defensa de quienes ocupan una propiedad en disputa.
“Es muy grave la cláusula de los desalojos, porque en Río Negro cientos de comunidades originarias no fueron aún relevadas, y se encuentran al total desamparo del Estado nacional y de una Provincia indiferente”, manifestó Palmas, al referirse a la situación de comunidades indígenas y conflictos territoriales pendientes en la provincia.
Finalmente, Patria Grande cuestionó las modificaciones previstas en la Ley de Manejo del Fuego, al advertir que permitirían nuevos usos de suelo, loteos o ventas en zonas rurales afectadas por incendios. “Estos cambios alientan los incendios intencionales con fines comerciales en muchas partes del país. Son peligrosos, uno de los retrocesos más grandes que plantea el proyecto con respecto a la ley sancionada en 2020”, concluyó Rojas.