Participación Vecinal (PAVE) e Identidad Popular de Bariloche difundieron un comunicado en el que expresaron su rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculado con el régimen de tierras rurales y la aplicación de las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023. El planteo pone el foco en las consecuencias que, según sostienen, podría generar la eliminación de las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011 como Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La normativa establecía, entre otras disposiciones, un límite del 15% a la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales a nivel departamental.
En el comunicado, las agrupaciones señalaron que la decisión judicial “reviste una enorme gravedad” y advirtieron sobre sus posibles efectos en materia de soberanía territorial y control de recursos. En ese sentido, sostuvieron que “la tierra no es una mercancía más” y remarcaron su relación con el agua, la producción de alimentos, los recursos naturales y las condiciones de desarrollo de las próximas generaciones.
Reclamo por el impacto en la Patagonia
PAVE e Identidad Popular plantearon además una preocupación particular por la situación de la Patagonia y señalaron que una eventual flexibilización del régimen podría tener consecuencias en una región donde existen extensas superficies rurales y recursos estratégicos. “Consideramos necesario alertar a toda la sociedad sobre los riesgos que implica avanzar hacia un modelo en el cual extensas superficies de nuestro territorio puedan quedar bajo control de capitales extranjeros”, expresaron.
Las organizaciones también cuestionaron que el debate quede limitado al aspecto jurídico y plantearon que la discusión debería incorporar las implicancias económicas, productivas y territoriales. “No se trata solamente de discutir una norma jurídica. Se trata de debatir qué país queremos construir y quiénes tendrán capacidad de decidir sobre nuestro territorio, nuestros recursos y nuestra producción”, afirmaron en el documento difundido.
La Ley de Tierras Rurales había establecido restricciones específicas para la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros, incluyendo límites generales y determinadas prohibiciones vinculadas con inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y aquellos ubicados en zonas de seguridad de frontera. El régimen también contemplaba un Registro Nacional de Tierras Rurales y procedimientos de habilitación para determinadas operaciones.
En su pronunciamiento, las agrupaciones barilochenses reivindicaron que “la soberanía territorial y el interés nacional deben estar por encima de cualquier interés económico particular”. A partir de esa posición, reclamaron que el Congreso de la Nación asuma un papel activo en la discusión sobre el régimen de tierras rurales y analice mecanismos destinados a preservar el control nacional sobre el territorio y los recursos estratégicos.
Finalmente, PAVE e Identidad Popular hicieron extensivo el planteo a la situación de la Patagonia y remarcaron que, por tratarse de organizaciones de la región, consideran que los eventuales efectos de los cambios en el régimen de tierras tendrán una incidencia directa sobre las comunidades patagónicas. El comunicado concluyó con una convocatoria política en defensa de la soberanía territorial: “La tierra es patrimonio de todos los argentinos y argentinas. Defenderla es defender nuestra soberanía, nuestra producción y nuestro futuro”.