La Justicia de Río Negro ordenó suspender de manera preventiva los trabajos que se realizaban en el humedal denominado “El Abrazo”, en San Carlos de Bariloche, a partir de un amparo ambiental presentado ante el fuero provincial. La medida cautelar fue comunicada este martes 25 de agosto y alcanza las tareas destinadas al trazado de una nueva calle en la parcela privada identificada como 19-2-F-017-03.
Según informó el concejal de Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten, la resolución fue dictada por la jueza Cecilia Wiesztort y establece “la suspensión inmediata” de las intervenciones sobre el mallín. El planteo judicial cuestiona las tareas desarrolladas en el sector y busca preservar las condiciones ambientales del lugar mientras continúa el análisis de fondo de la presentación.
La resolución dispone preventivamente que no se realicen intervenciones destinadas a “crear, abrir, ampliar o consolidar” la calle proyectada. También establece la prohibición de efectuar nuevos movimientos de suelo, rellenos, excavaciones, nivelaciones y compactaciones, medidas que fueron fundamentadas en las características y fragilidad ambiental del área involucrada.
A su vez, la decisión judicial impide continuar con modificaciones sobre cauces, paleocauces, vertientes, drenajes o escorrentías existentes. De acuerdo con lo informado por el concejal, esta parte de la resolución se sustenta expresamente en la aplicación del principio precautorio ambiental, que busca evitar daños potencialmente graves o irreversibles ante la existencia de incertidumbre sobre sus consecuencias.
Costa Brutten cuestionó además la participación del Municipio en las tareas realizadas sobre el terreno privado. Según sostuvo, la gestión del intendente Walter Cortés habría intervenido con “seis delegaciones municipales, 20 maquinarias y personal municipal” para avanzar con la apertura de la calle. El concejal también afirmó que los trabajos se realizaron sin un estudio de impacto ambiental, aunque estas afirmaciones forman parte de su planteo y deberán ser evaluadas en las instancias correspondientes.
Otro de los cuestionamientos formulados está relacionado con un supuesto acuerdo entre el Municipio y las propietarias del terreno. Costa Brutten sostuvo que el intendente habría informado públicamente sobre la existencia de ese convenio y consideró que debería haber contado con autorización del Concejo Deliberante. Para fundamentar su posición, citó el artículo 51, inciso 13, de la Carta Orgánica Municipal, que establece entre las atribuciones del jefe comunal la de “celebrar contratos de acuerdo a las autorizaciones expedidas por el Concejo Municipal”.
El planteo ambiental continuará en la Justicia
La medida cautelar no constituye una resolución definitiva sobre el fondo del conflicto, sino una decisión preventiva destinada a evitar que continúen las intervenciones cuestionadas mientras se desarrolla el proceso judicial. En ese marco, deberán analizarse las actuaciones municipales, los aspectos ambientales del proyecto y los argumentos planteados por quienes promovieron el amparo.
Tras conocer la resolución, Costa Brutten anticipó que recurrirá además a la Justicia penal. “Vamos a recurrir a la Justicia penal para frenar el modelo de negociado existente entre el poder político y los pseudoempresarios inmobiliarios”, afirmó. El concejal vinculó el caso con su rechazo a proyectos de urbanización en sectores considerados ambientalmente sensibles y cerró su planteo con una consigna: “Dentro de la ley todo, fuera de ella, nada”.