La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche recomendó al Ejecutivo municipal y al Concejo Municipal adoptar medidas para garantizar una conducta acorde con las normas de ética pública y preservar un ámbito legislativo libre de violencia. La intervención surgió a partir de los incidentes registrados durante la sesión extraordinaria del 30 de septiembre, que se desarrolló entre gritos, interrupciones, agresiones verbales y situaciones de hostigamiento.
La recomendación fue emitida por la defensora del Pueblo, Mariana Minuth, mediante la RECO-DPB: 08/2026, dirigida al intendente municipal y al presidente del Concejo Municipal. El documento pone el foco en la responsabilidad que tienen quienes desempeñan funciones públicas y en la necesidad de resguardar las condiciones institucionales para que los representantes puedan desarrollar su tarea legislativa.
Según la resolución, entre las personas presentes durante la sesión se encontraban funcionarios municipales, personal contratado, referentes barriales y público en general. En ese contexto, la Defensoría señaló que quienes ejercen un rol dentro de la administración pública, tanto por designación política como mediante modalidades contractuales, tienen una responsabilidad mayor respecto de su comportamiento en espacios institucionales.
La ética como obligación de los funcionarios
Minuth recordó en la recomendación las obligaciones establecidas por la Ordenanza 2554-CM-14, particularmente su artículo 2 bis. La normativa establece entre los deberes de los funcionarios municipales la obligación de “desempeñar frente al público ciudadano una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función”, evitando comportamientos que puedan afectar la confianza en la integridad del funcionario y de la institución.
La Defensoría también citó el artículo 4 de la misma ordenanza, que establece que “el cumplimiento de los principios básicos de ética de la función pública, en el ejercicio de las distintas acciones, constituye un requisito para la permanencia en el cargo”. La referencia normativa constituye uno de los fundamentos centrales utilizados para formular las recomendaciones al Ejecutivo municipal.
A partir de esas disposiciones, Minuth recomendó al intendente instruir a los funcionarios que se encuentran bajo su dependencia para que mantengan una conducta acorde con las obligaciones previstas en la normativa vigente. El planteo apunta a que quienes desempeñan funciones públicas actúen de manera correcta, digna y decorosa, de acuerdo con las responsabilidades asociadas a sus cargos.
En paralelo, la resolución aborda específicamente las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad del Concejo Municipal. La Defensoría recomendó a su presidente adoptar todas las medidas de seguridad que estén a su alcance para garantizar que los concejales puedan ejercer sus funciones legislativas sin interrupciones, hostigamientos u otras situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las sesiones.
La recomendación también alcanza al Departamento Ejecutivo en materia de seguridad. En ese sentido, el organismo solicitó al intendente que instruya a la Subsecretaría de Seguridad para implementar las medidas necesarias destinadas a garantizar el funcionamiento del cuerpo deliberativo en un ámbito libre de violencia y con condiciones adecuadas para el desarrollo del debate institucional.
Un antecedente durante el inicio del período legislativo
La Defensoría recordó que esta no es la primera intervención relacionada con episodios de similares características. En marzo de este año había emitido la Recomendación RECO-DPB: 1/2026, luego de incidentes registrados durante el inicio del período legislativo, en la que ya había planteado la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar situaciones que afectaran el funcionamiento institucional.
En la nueva resolución, el organismo hizo además un llamado a la reflexión en favor de la paz social, el respeto institucional y la convivencia democrática. La Defensoría remarcó que las diferencias y discusiones propias de la actividad política forman parte del funcionamiento democrático, pero sostuvo que no deben derivar en agresiones, amenazas ni condicionamientos al ejercicio de la representación legislativa.
Finalmente, el organismo señaló que el Concejo Municipal debe constituir un espacio de participación ciudadana en el que el debate pueda desarrollarse con libertad y respeto. En ese marco, la recomendación busca que las autoridades municipales adopten medidas preventivas y de conducta institucional frente a episodios que puedan interferir con el normal funcionamiento del órgano deliberativo de Bariloche.
Ver informe completo acá: Recomendaciones Defensoría del Pueblo Bariloche