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Bariloche

Impulsan un régimen de infraestructura y seguridad vial en Bariloche

El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó una iniciativa para establecer un Régimen Municipal de Infraestructura y Seguridad Vial en Bariloche. El proyecto plantea implementar un sistema permanente de relevamiento de calles y rutas, identificar puntos críticos, elaborar informes técnicos y realizar un seguimiento de los reclamos formulados ante los organismos responsables de cada vía.

La iniciativa se encuentra registrada en el Concejo Municipal dentro del Proyecto de Ordenanza N.º 334-25, cuyo título oficial refiere a la “suspensión de la exigencia de la RTO en el ejido municipal”. El planteo incorpora además una discusión sobre la relación entre las condiciones de circulación, el estado de los vehículos particulares y las obligaciones que corresponden a las distintas jurisdicciones en materia de infraestructura vial.

FUNDAMENTOS

En los fundamentos, el proyecto sostiene que la seguridad vial debe ser abordada de manera integral y no quedar limitada al comportamiento de los conductores o a las condiciones mecánicas de los automóviles. En ese sentido, menciona como factores relevantes el estado de las calzadas, la iluminación, la señalización, los cruces peatonales, las banquinas, los accesos y otros elementos que intervienen en las condiciones de circulación dentro del ejido municipal.

El texto advierte que Bariloche cuenta con vías pertenecientes a diferentes jurisdicciones, entre ellas rutas nacionales, colectoras, accesos y conexiones. De acuerdo con el proyecto, la conservación, el mantenimiento y la ejecución de obras corresponden, según cada caso, a organismos municipales, provinciales o nacionales, por lo que propone documentar las necesidades existentes y determinar con precisión qué autoridad debe intervenir.

La propuesta también menciona la Ley Nacional N.º 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La normativa nacional establece la revisión técnica periódica de los vehículos para verificar condiciones vinculadas con la seguridad activa y pasiva y otros aspectos técnicos. El proyecto plantea que ese mecanismo debe analizarse conjuntamente con las condiciones objetivas de la infraestructura vial.

Desde esa perspectiva, la iniciativa sostiene que la seguridad vial requiere considerar tres componentes: el estado de los vehículos, la conducta de quienes utilizan las vías de circulación y las condiciones de la infraestructura. El objetivo declarado es generar un mecanismo municipal que permita relevar de manera sistemática las situaciones de riesgo y evitar que los reclamos por calles, rutas, accesos o señalización queden sin seguimiento institucional.

El proyecto toma como antecedente el debate generado en torno a la relación entre el estado de las calles y rutas y las condiciones de seguridad de los vehículos. En los fundamentos se plantea reforzar los controles sobre las condiciones efectivas de los automotores y, al mismo tiempo, estudiar la incidencia que tienen las deficiencias de infraestructura sobre la seguridad vial en Bariloche.

A partir de ese criterio, la iniciativa propone un sistema permanente de relevamiento, identificación de puntos críticos y elaboración de informes técnicos. También contempla el seguimiento de los reclamos realizados ante los organismos responsables, con el propósito de dejar constancia de las necesidades detectadas y de las respuestas obtenidas frente a cada situación.

Uno de los aspectos políticos incorporados al proyecto es el seguimiento de los recursos vinculados con los impuestos sobre los combustibles y el sistema vial. En agosto de 2026, el vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que recursos provenientes del impuesto al combustible se destinan al bacheo de rutas nacionales y sostuvo que el Gobierno nacional cumple con las previsiones presupuestarias.

El proyecto plantea, frente a ese escenario, que los gobiernos locales puedan requerir información oficial, verificable y desagregada sobre la recaudación, asignación, transferencia, ejecución y destino de los recursos relacionados con la infraestructura vial. El planteo adquiere relevancia en un contexto en el que el estado de las rutas nacionales de acceso a Bariloche forma parte de los reclamos políticos y regionales.

La iniciativa aclara que el Municipio no pretende asumir competencias correspondientes al Estado nacional, a la Provincia de Río Negro ni a otros organismos públicos. Por el contrario, establece como objetivo documentar las deficiencias existentes dentro del ejido, identificar la jurisdicción responsable, formular reclamos institucionales y realizar el seguimiento de las respuestas, además de evaluar acciones administrativas o judiciales cuando correspondan jurídicamente.

Otro capítulo del proyecto está vinculado con la fiscalización de los vehículos particulares de uso privado. La propuesta diferencia entre la ausencia de la constancia de Revisión Técnica Obligatoria y la existencia de deficiencias concretas que puedan constituir un riesgo para la seguridad vial, como problemas en frenos, neumáticos, iluminación u otros componentes del vehículo.

En ese marco, el texto propone que la actuación municipal no quede limitada a constatar exclusivamente la existencia de la documentación de la RTO. El planteo apunta a que los controles puedan concentrarse también en las condiciones efectivas de seguridad de los automóviles particulares, manteniendo la posibilidad de intervenir cuando se detecten fallas que representen un peligro para conductores, pasajeros o terceros.

Los fundamentos remarcan expresamente que la iniciativa no elimina los controles de seguridad vial. Por el contrario, establece que la Municipalidad conservaría facultades para actuar frente a vehículos que presenten deficiencias mecánicas, problemas de iluminación, neumáticos en condiciones inadecuadas, fallas en los frenos u otros elementos que puedan comprometer la circulación segura.

En paralelo, el proyecto establece que los establecimientos vinculados con la revisión técnica vehicular deberán continuar cumpliendo las condiciones legales y reglamentarias correspondientes a su actividad. De esta manera, los fundamentos diferencian las obligaciones de los talleres o establecimientos privados de los reclamos institucionales que el Municipio pueda formular ante otras jurisdicciones por cuestiones vinculadas con la infraestructura vial.

El texto también plantea que la situación presupuestaria del Estado nacional y el destino de los recursos nacionales relacionados con el sistema vial deben ser objeto de reclamo y seguimiento institucional, pero sostiene que esas cuestiones no pueden trasladarse automáticamente como responsabilidad a los establecimientos privados dedicados a la revisión técnica.

En este punto, el proyecto incorpora al debate local una discusión que excede la fiscalización de tránsito y alcanza el financiamiento y mantenimiento de la infraestructura. La normativa nacional vigente mantiene la obligatoriedad de la revisión técnica para los vehículos alcanzados por el régimen de tránsito, mientras que la iniciativa municipal plantea una diferenciación respecto de las sanciones que puedan aplicarse dentro del ejido de Bariloche.

El proyecto propone, finalmente, establecer un mecanismo permanente para que el Municipio pueda relevar, documentar y reclamar ante las autoridades correspondientes por las condiciones de calles, rutas, accesos y otros componentes de la infraestructura vial. La iniciativa se inscribe así en una discusión sobre las responsabilidades de cada jurisdicción y sobre los instrumentos que puede utilizar Bariloche para realizar un seguimiento institucional de la seguridad vial.

La propuesta fue presentada por el concejal Leandro Costa Brutten, de Incluyendo Bariloche, y deberá atravesar el tratamiento correspondiente en el Concejo Municipal. En el registro oficial del cuerpo deliberativo figura el Proyecto de Ordenanza N.º 334-25, referido a la suspensión de la exigencia de la RTO en el ejido municipal. Su eventual tratamiento permitirá discutir tanto el alcance de los controles municipales como el esquema de relevamiento y seguimiento de la infraestructura vial planteado en sus fundamentos.