Un asesor del concejal de Bariloche Facundo Villalba, del partido Primero Río Negro, denunció haber recibido amenazas de muerte durante un cuarto intermedio de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal realizada el 30 de septiembre de 2026. El denunciante pidió preservar su identidad por temor a eventuales represalias y aseguró que el episodio ocurrió mientras desarrollaba tareas de registro audiovisual vinculadas con su trabajo. El caso fue denunciado en instancias judiciales y la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con el relato presentado por el trabajador, durante el cuarto intermedio salió del recinto y se alejó unos metros de la puerta para fumar. Según su declaración, detrás de él salió un grupo de personas que adoptó una actitud que interpretó como intimidante. El denunciante señaló que no había tenido previamente una interacción directa con esas personas y que las identificaba únicamente como integrantes del entorno político del intendente Walter Cortés.
La denuncia y las frases atribuidas
Según el relato del denunciante, uno de los hombres se aproximó y le habría dicho: “A vos te voy a matar. No te pego acá porque no me dejan”. Posteriormente, otro integrante del grupo habría señalado al trabajador como la persona que realizaba los registros audiovisuales y habría expresado: “Este es el de los videítos, a este lo vamos a hacer mierda”. Las expresiones forman parte de la denuncia y deberán ser corroboradas en el marco de la investigación penal.
El trabajador aseguró que, ante la situación, decidió regresar inmediatamente al interior del Concejo y comunicó lo sucedido a integrantes de su equipo de trabajo. Posteriormente concurrió a la sede del Ministerio Público Fiscal para radicar la denuncia. La Fiscalía investiga los hechos denunciados y las actuaciones apuntan a dos hombres señalados como empleados del gobierno municipal.
Uno de los elementos que podría resultar relevante para establecer qué ocurrió son las cámaras de seguridad instaladas en el edificio legislativo. El propio denunciante sostuvo que la secuencia habría quedado registrada. Desde el espacio de Villalba también informaron que solicitaron las imágenes correspondientes a los sectores de ingreso, interior y exterior del Concejo, con el objetivo de aportar material a la investigación.
La identificación de los presuntos autores, las circunstancias concretas en las que se produjeron las expresiones denunciadas y la eventual responsabilidad penal de los involucrados deberán ser determinadas por la Fiscalía y, eventualmente, por la Justicia.
Un episodio ocurrido en medio de una sesión tensa
El episodio se produjo en una jornada de fuerte tensión política en el Concejo Municipal, donde se discutía la actualización del módulo fiscal impulsada por el Ejecutivo de Walter Cortés. La iniciativa finalmente regresó a comisión luego de que el oficialismo no reuniera los votos necesarios para avanzar con su tratamiento. El debate había generado cruces entre concejales de distintos bloques y la presencia de funcionarios municipales y personas vinculadas con el oficialismo.
Según la reconstrucción publicada sobre aquella sesión, también se produjo un intercambio entre un funcionario municipal y el concejal Villalba dentro del recinto. Ese episodio es diferente de la denuncia por amenazas formulada por el asesor y no permite establecer, por sí mismo, una relación causal entre ambos acontecimientos. La Fiscalía deberá determinar si existe alguna vinculación entre el contexto de la sesión y lo ocurrido durante el cuarto intermedio.
Villalba manifestó públicamente su preocupación por el episodio y responsabilizó políticamente al intendente Walter Cortés por la conducta de personas que, según sostuvo, forman parte de su estructura municipal. El concejal afirmó que continuará reclamando el esclarecimiento de los hechos y pidió que las autoridades municipales adopten medidas para garantizar la seguridad de quienes desarrollan tareas políticas y de comunicación dentro del Concejo.
Otros episodios de violencia en el ámbito municipal
El nuevo episodio ocurre después de otros hechos de violencia registrados durante actividades vinculadas con el Municipio y el Concejo. En marzo de este año, César Catrigual Guerrero, señalado como trabajador municipal, fue imputado por lesiones leves contra un vecino durante las manifestaciones realizadas en el marco del inicio de sesiones legislativas. La acusación también incluyó el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Aquel episodio ocurrió el 2 de marzo, cuando vecinos se manifestaban durante el acto de apertura de sesiones. Según la información judicial publicada entonces, un hombre resultó víctima de una agresión y una mujer también sufrió lesiones leves. La imputación constituye una instancia procesal y no equivale a una condena.
En otro antecedente, la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche resolvió en agosto de 2024 una demanda vinculada con una reunión mantenida por el intendente Walter Cortés con dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM). El tribunal consideró que determinadas conductas configuraban violencia laboral y dispuso medidas de capacitación y prevención. Cortés cuestionó la resolución y anunció que apelaría. Estos antecedentes forman parte del contexto político en el que se produce la nueva denuncia.
El reclamo por las garantías para trabajadores de prensa
En una carta difundida posteriormente, el trabajador señaló que decidió hacer público el episodio porque considera que las amenazas pueden generar un efecto de intimidación sobre quienes registran y comunican la actividad política. “Voy a continuar mi trabajo de manera inclaudicable”, expresó, y sostuvo que situaciones de este tipo pueden llevar a que comunicadores trabajen “callados y con miedo”.
El denunciante también pidió a sus colegas un compromiso conjunto frente a este tipo de episodios y reclamó discreción respecto de su identidad. La decisión de preservar su nombre responde, según explicó, al temor por eventuales represalias.
Desde Primero Río Negro difundieron además un comunicado en el que expresaron su respaldo al trabajador y reclamaron una rápida intervención judicial. “Filmar una sesión pública no es un delito. Amenazar de muerte a quien filma, sí”, sostuvo el espacio político, al tiempo que pidió al intendente Cortés que responda por la conducta de los funcionarios que pudieran estar involucrados.
La investigación fiscal será ahora la instancia central para determinar qué ocurrió durante el cuarto intermedio, quiénes participaron y si las cámaras de seguridad permiten corroborar el relato del denunciante. También deberá establecerse si las personas señaladas efectivamente revisten funciones dentro de la Municipalidad y cuál fue su intervención concreta en los hechos.
El caso agrega un nuevo foco de tensión a la discusión política de Bariloche, en un momento en que el Concejo mantiene abierto el debate sobre el módulo fiscal, el Presupuesto 2027 y el control de las cuentas municipales. Sin embargo, cualquier consecuencia política deberá surgir de los resultados de la investigación y de las decisiones que adopten el Ejecutivo, el Concejo y la Justicia. Por ahora, el dato concreto es que existe una denuncia por amenazas de muerte contra un trabajador vinculado a un concejal opositor y una investigación fiscal en curso, mientras se aguarda el análisis de las imágenes y demás elementos de prueba.