Cinco concejales de distintos bloques del Concejo Municipal de Bariloche presentaron un proyecto de ordenanza para establecer una auditoría externa, integral e independiente sobre la situación económica, financiera, patrimonial y contractual del Municipio. La iniciativa fue ingresada el 28 de septiembre y lleva las firmas de Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace, Roxana Ferreyra, Laura Totonelli y Facundo Villalba.
En paralelo, los ediles elevaron una nota al presidente del Concejo Municipal, Gerardo Del Río, para solicitar la convocatoria a una sesión extraordinaria destinada a tratar el proyecto. Según la presentación, el pedido se fundamenta en las atribuciones de control que corresponden al cuerpo deliberativo y apunta a avanzar con mecanismos de revisión de las cuentas públicas municipales.
La propuesta plantea que el Ejecutivo Municipal convoque a una licitación pública para contratar una entidad técnica independiente que lleve adelante la auditoría. De acuerdo con el proyecto, el procedimiento debería comenzar dentro de los 30 días corridos posteriores a la eventual promulgación de la ordenanza y el dictamen final debería estar concluido en un plazo máximo de 90 días.
El relevamiento propuesto abarcaría los ingresos efectivamente percibidos, los recursos pendientes de cobro, los créditos a favor del Municipio, las obligaciones exigibles y la deuda flotante. También incluiría contrataciones, compromisos financieros, situación patrimonial y otros componentes que permitan determinar con precisión el estado de las cuentas municipales.
Obra pública, contratos y recursos pendientes
Uno de los capítulos específicos de la iniciativa está destinado a la obra pública. Los autores plantean revisar las obras ejecutadas, en ejecución, contratadas o adjudicadas, con información sobre montos, certificados, anticipos, redeterminaciones de precios, adicionales, ampliaciones, avances físicos y financieros, multas, garantías y eventuales incumplimientos.
El proyecto también propone relevar las tasas, derechos, contribuciones, servicios y demás recursos municipales que se encuentren pendientes de cobro. La intención es determinar el monto de la deuda exigible, su antigüedad, el estado de las acciones de recupero y los posibles riesgos de prescripción, además de establecer mecanismos concretos para mejorar la percepción de esos recursos.
Otro de los aspectos incluidos está relacionado con las multas municipales. La auditoría debería contemplar aquellas sanciones que fueron reducidas, condonadas, dejadas sin efecto, declaradas prescriptas o incorporadas a mecanismos de regularización, junto con los fundamentos normativos y las autoridades que intervinieron en esas decisiones.
La iniciativa incorpora además un relevamiento sobre la cantidad, modalidad, funciones y costo presupuestario del personal político, asesores, consultores y trabajadores de confianza. Los fundamentos aclaran que esta revisión no pretende prejuzgar sobre la legalidad de las contrataciones ni sobre las personas involucradas, sino establecer el impacto de esos vínculos sobre el gasto municipal.
Los concejales sostienen que, si los controles detectaran pagos indebidos, incumplimientos contractuales, fondos no rendidos, recursos no percibidos u otros hechos que pudieran configurar perjuicios patrimoniales, deberían promoverse las acciones administrativas, contables o judiciales correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.
Seguimiento de las finanzas municipales
El proyecto también plantea que el Ejecutivo presente informes económicos y financieros periódicos para conocer la evolución de los ingresos, egresos, disponibilidades, deudas, recursos pendientes y compromisos asumidos. Entre los aspectos a considerar se incluyen las necesidades proyectadas para afrontar las obligaciones salariales municipales.
Los autores proponen, además, avanzar en un plan de recupero de créditos vencidos y reducción de la morosidad. En los fundamentos sostienen que la mejora de la eficiencia recaudatoria y la recuperación de recursos deberían ser consideradas antes de promover incrementos de la presión fiscal, y plantean que cualquier modificación tributaria relevante debe contar con información que permita evaluar su necesidad, impacto y alternativas.
Otro de los mecanismos previstos es la elaboración de informes económicos mensuales y la publicación de los resultados de las auditorías y controles. La documentación debería quedar a disposición del Concejo Municipal, el Tribunal de Contralor y la ciudadanía, con las excepciones que establezca la legislación vigente.
La iniciativa propone también crear una Mesa Institucional de Concertación Financiera y Salarial, integrada por representantes del Ejecutivo Municipal, trabajadores municipales a través del SOYEM, concejales y el Tribunal de Contralor. El objetivo sería generar un ámbito de intercambio y seguimiento de la situación financiera, las obligaciones salariales y la continuidad de los servicios públicos, sin reemplazar las competencias de los organismos correspondientes.
De acuerdo con los fundamentos, el acceso a información económica cierta, actualizada, verificable y pública es necesario para que el Concejo pueda ejercer sus funciones de legislación y control. El proyecto señala que ese análisis debe realizarse bajo criterios de legalidad, transparencia, eficiencia, razonabilidad y responsabilidad fiscal.
Los concejales sostienen que la auditoría permitiría establecer con criterios técnicos la composición del pasivo, la deuda flotante y los recursos pendientes de percepción, además de contar con un diagnóstico integral sobre la situación contractual, patrimonial y financiera del Municipio. La propuesta busca así generar información para la toma de decisiones y el seguimiento institucional de las cuentas públicas.
En la presentación, los autores remarcan que los mecanismos propuestos no buscan sustituir las competencias del Departamento Ejecutivo, el Concejo Municipal, el Tribunal de Contralor, la Justicia Municipal de Faltas ni otros organismos con atribuciones específicas. El objetivo declarado es establecer herramientas adicionales de auditoría, transparencia, control y recupero de recursos.
El proyecto lleva como autor al concejal Leandro Costa Brutten y como coautores a Julieta Wallace, Roxana Ferreyra, Laura Totonelli y Facundo Villalba. La presentación reúne a representantes de Incluyendo Bariloche, Nos Une, Juntos Somos Río Negro y Primero Río Negro, según la integración actual del Concejo Municipal.
La iniciativa se incorpora a una discusión que ya tuvo otros cruces en el Concejo alrededor de la situación financiera municipal y de los ingresos tributarios. En septiembre, la falta de quórum impidió avanzar con el tratamiento de un incremento del módulo fiscal, mientras distintos sectores plantearon posiciones contrapuestas sobre la situación de las cuentas municipales.
Con el pedido de sesión extraordinaria, los cinco concejales buscan que el proyecto de auditoría externa sea incorporado al debate del cuerpo. La eventual convocatoria y el tratamiento de la ordenanza quedarán sujetos a las decisiones de la Presidencia del Concejo y al procedimiento legislativo correspondiente.