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Bariloche

Carta Orgánica de Bariloche: un debate que define el modelo de ciudad

La discusión sobre la reforma de la Carta Orgánica Municipal (COM) de San Carlos de Bariloche abre distintas interpretaciones sobre el futuro institucional de la ciudad. La elección de convencionales puede ser entendida como una instancia para medir fuerzas políticas de cara a próximas elecciones, como una oportunidad para discutir aspectos del funcionamiento municipal o como un debate destinado a establecer nuevas reglas sobre cuestiones estratégicas, entre ellas el Cerro Catedral, el ordenamiento urbano y la organización de los circuitos electorales.

Sin embargo, el debate también puede abordarse desde una perspectiva más amplia, vinculada con el tipo de comunidad que Bariloche pretende construir durante las próximas décadas. En esa línea, Osvaldo Nemirovsci, exdiputado nacional y vecino de Bariloche, plantea que la nueva Carta Orgánica debería funcionar como una herramienta institucional capaz de ordenar la gestión pública, atender las necesidades cotidianas y establecer garantías para los sectores sociales más vulnerables.

El planteo parte de un diagnóstico sobre las condiciones sociales de la ciudad. Según el autor, “no menos del 60% de los vecinos despliega a diario complejas estrategias de subsistencia para llegar a fin de mes”. Frente a esa realidad, sostiene que la reforma no debería limitarse a describir o medir las desigualdades existentes, sino establecer instrumentos destinados a modificar sus causas estructurales y definir con mayor claridad el papel que debe desempeñar el Estado municipal.

En ese sentido, Nemirovsci considera que la presencia del Municipio no puede reducirse a una función administrativa distante de las necesidades vecinales. “Su presencia debe ser concreta, efectiva y estar expresada con claridad en la COM”, afirma. El planteo propone incorporar a la norma fundamental de la ciudad principios y obligaciones que permitan orientar las políticas públicas hacia una mayor integración social y territorial.

Uno de los aspectos señalados está relacionado con el tiempo que los vecinos destinan a realizar trámites y acceder a servicios. Para el autor, las dificultades burocráticas tienen consecuencias concretas sobre las familias trabajadoras, ya que una gestión presencial puede implicar perder una jornada laboral o reorganizar el cuidado de niños para concurrir a una dependencia pública. Si bien reconoce avances puntuales en la utilización de tecnología para la gestión de turnos, sostiene que todavía persisten problemas vinculados con la presencialidad y la demora administrativa.

El transporte público aparece como otro de los ejes centrales del planteo. La distancia entre los barrios periféricos, las zonas altas y el centro de Bariloche representa, según esta mirada, un factor que incrementa los costos y el tiempo de traslado de miles de vecinos. Por ese motivo, propone que la Carta Orgánica establezca condiciones permanentes para garantizar la cobertura territorial del transporte y evitar que determinadas zonas queden desconectadas por modificaciones de frecuencias.

Aunque áreas como salud, educación y seguridad dependen principalmente de otros niveles del Estado, el planteo sostiene que el Municipio dispone de herramientas relevantes para mejorar las condiciones de vida de la población. Entre ellas menciona la incorporación obligatoria de mecanismos de gobierno abierto y gestión a distancia, con el objetivo de reducir traslados innecesarios y facilitar el acceso a prestaciones municipales.

Una de las propuestas consiste en crear unidades operativas informatizadas en distintos barrios, equipadas con computadoras o dispositivos móviles y personal de asistencia en horarios establecidos. De acuerdo con el autor, estos espacios podrían permitir que los vecinos gestionen trámites como subsidios, turnos destinados a personas con discapacidad y certificaciones municipales sin tener que trasladarse hasta las dependencias centrales.

La reforma también podría incorporar disposiciones específicas sobre movilidad, tránsito y transporte. En el texto se plantea considerar al transporte público como un servicio esencial y estratégico, con obligaciones para las empresas concesionarias y criterios de cobertura que deberían mantenerse independientemente de los cambios de gestión municipal. El objetivo sería establecer garantías de carácter permanente para los usuarios y evitar que las decisiones coyunturales afecten especialmente a los barrios periféricos.

Otro de los ejes está relacionado con la fragmentación territorial y social de Bariloche. Nemirovsci sostiene que la ciudad presenta fuertes diferencias entre sectores y que la nueva Carta Orgánica debería incorporar mecanismos destinados a promover mayor integración. “No se trata de que una regla borre automáticamente desigualdades, sino de fijar en la COM el mandato explícito de crear sentido de comunidad, fortalecer la solidaridad y defender la dignidad humana”, plantea.

El Cerro Catedral ocupa también un lugar dentro de la discusión propuesta. El autor reconoce su importancia como activo turístico y económico de Bariloche, pero advierte que su desarrollo debería compatibilizarse con la preservación ambiental y con el acceso de los habitantes de la ciudad. En ese marco, plantea que la nueva norma pueda establecer cláusulas protectoras sobre bienes comunes, modelos de construcción y ordenamiento urbano.

El debate sobre el ordenamiento territorial incluye además la necesidad de garantizar espacios de esparcimiento y acceso a la naturaleza para los sectores con menores recursos. Según el planteo, esas garantías no deberían quedar sujetas exclusivamente a decisiones circunstanciales de una administración municipal, de mayorías ocasionales en el Concejo Deliberante o de organismos consultivos, sino establecerse como principios de cumplimiento obligatorio.

La integración social es presentada, además, como un factor que puede tener impacto sobre la economía local. El argumento sostiene que una ciudad con vínculos territoriales más eficientes, mayores niveles de solidaridad y menor fragmentación puede generar mejores condiciones para el desarrollo económico. Desde esta perspectiva, la regulación municipal debería orientarse al interés general y no dejar la resolución de las desigualdades únicamente en manos de las dinámicas del mercado.

La futura Carta Orgánica tendrá, en este análisis, una dimensión vinculada con los cambios tecnológicos que atraviesan la administración pública y la vida cotidiana. La digitalización, el desarrollo de la inteligencia artificial y la expansión de los servicios en línea plantean nuevas oportunidades, pero también riesgos de exclusión para quienes no cuentan con conectividad adecuada o herramientas digitales.

Por ese motivo, el acceso a la conectividad es presentado como otro componente del modelo de comunidad que debería definirse en la reforma. Reducir la brecha digital no implicaría solamente facilitar el acceso a tecnología, sino también garantizar que los avances en materia de administración electrónica y servicios públicos no terminen profundizando las diferencias existentes entre los distintos sectores de Bariloche.

Desde esta perspectiva, la reforma de la Carta Orgánica aparece como una oportunidad para discutir algo más amplio que la estructura institucional del Municipio. El debate puede incluir el funcionamiento del Ejecutivo y el Legislativo local, pero también la relación entre el Estado y los vecinos, la distribución territorial de los servicios, la protección ambiental, el transporte, la tecnología y las condiciones de acceso a los espacios públicos.

El planteo de Nemirovsci sostiene que la nueva norma fundamental debería establecer límites y obligaciones capaces de trascender los cambios de gobierno. “Reformular la presencia del Estado local en las periferias implica sanear estructuras, limitar el personalismo gubernamental y sentar bases materiales para que la mayoría viva mejor”, afirma en el texto.

En definitiva, la discusión sobre la Carta Orgánica de San Carlos de Bariloche puede convertirse en una instancia para definir las reglas institucionales que regirán a la ciudad durante los próximos años. Las distintas fuerzas políticas y sectores sociales deberán determinar qué cuestiones consideran prioritarias y cuáles deben adquirir rango de norma fundamental para evitar que queden sujetas a decisiones coyunturales.

El desafío será compatibilizar los debates vinculados con la representación política, el funcionamiento municipal, el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales con las necesidades concretas de quienes habitan los distintos barrios. En ese marco, la propuesta plantea que la reforma debe contemplar no solo cómo se administra Bariloche, sino también qué modelo de comunidad se pretende construir.

La Carta Orgánica, por su jerarquía dentro del sistema institucional municipal, puede establecer principios que condicionen las políticas públicas futuras y definir derechos, obligaciones y mecanismos de participación. Por eso, la elección de convencionales y el proceso de reforma adquieren relevancia más allá de la coyuntura electoral inmediata.

El debate también plantea una discusión sobre el equilibrio entre autonomía municipal, regulación estatal, desarrollo económico y justicia social. Para quienes impulsan una mayor intervención del Estado local, la reforma representa una posibilidad de transformar demandas sociales y territoriales en obligaciones institucionales concretas.

En ese sentido, el texto propone que la nueva Carta Orgánica no sea solamente una actualización de estructuras administrativas o electorales, sino una definición política sobre el rumbo de Bariloche. La discusión deberá determinar qué derechos y servicios se consideran prioritarios, cómo se garantizará la integración territorial y qué herramientas tendrá el Municipio para responder a los desafíos sociales, ambientales y tecnológicos.

La definición de ese rumbo quedará en manos del proceso de reforma y de los convencionales que resulten electos. Más allá de las distintas posiciones políticas, el debate sobre la Carta Orgánica abre una discusión de fondo: qué ciudad se quiere construir y qué reglas deberán sostener ese proyecto de comunidad durante las próximas décadas.