El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó un proyecto de ordenanza para declarar de necesidad pública la intervención integral del edificio conocido como ex Arbos, ubicado en Diagonal Capraro 1216, esquina Sarmiento, y establecer un plazo de 15 días para que el Municipio realice una inspección técnica que determine el estado del inmueble. La iniciativa fue impulsada luego del hallazgo de una persona sin vida en el interior de la estructura el 13 de agosto y plantea que, a partir de los informes profesionales, se establezca si el edificio puede ser recuperado y puesto en condiciones de seguridad o si corresponde avanzar con una demolición total o parcial.
El proyecto busca abordar una problemática que, según sus fundamentos, se extiende desde hace décadas y está vinculada con el abandono, deterioro y falta de mantenimiento de la construcción, que tuvo como antecedentes los usos de Policlínico Arbos y Sanatorio del Sol. El inmueble se encuentra en un sector de alta circulación vehicular y peatonal de Bariloche y, de acuerdo con la presentación, registra antecedentes de ocupación irregular, ingreso de personas no autorizadas y reclamos vecinales relacionados con las condiciones de seguridad.
La propuesta establece que la primera medida debe ser una evaluación técnica integral que permita conocer las condiciones estructurales, constructivas, sanitarias y de seguridad del edificio. El objetivo es contar con elementos objetivos para determinar las acciones posteriores y evitar que la situación quede limitada a intervenciones aisladas frente a nuevos episodios. En ese sentido, el proyecto sostiene que el Estado municipal debe adoptar una actitud preventiva ante una estructura que, por sus dimensiones, ubicación y estado de conservación, podría representar un riesgo para quienes circulan por el sector.
Los fundamentos también hacen referencia al fallecimiento ocurrido el 13 de agosto, aunque remarcan que la iniciativa no pretende establecer responsabilidades ni anticipar conclusiones sobre las circunstancias del hecho. “El proyecto no pretende prejuzgar sobre lo ocurrido ni atribuir responsabilidades respecto de ese hecho”, señala el texto, que plantea que esas circunstancias deberán ser determinadas por la Justicia. Al mismo tiempo, considera que el hallazgo de una persona sin vida dentro de un inmueble abandonado constituye un elemento que vuelve a poner bajo análisis las condiciones de exposición y vulnerabilidad existentes en el lugar.
Entre las medidas inmediatas previstas se encuentra el impedimento del ingreso no autorizado al inmueble mediante vallado, cerramiento, tapiado, señalización e iluminación. El proyecto plantea que estas acciones deberán mantenerse mientras subsista la situación de riesgo y hasta que exista una definición respecto de la recuperación, refuncionalización, reparación o demolición de la estructura. También propone que los antecedentes y los informes elaborados por el Municipio sean comunicados al Ministerio Público Fiscal y a las autoridades judiciales que intervengan en las actuaciones vinculadas con el hecho del 13 de agosto.
La iniciativa se apoya además en las herramientas previstas por el Código de Edificación de San Carlos de Bariloche, que contempla actividades relacionadas con la construcción, conservación, modificación, demolición e inspección de edificios y estructuras, además del mantenimiento e inspección de predios. A partir de ese marco, el proyecto plantea establecer una secuencia de actuación que comience con la inspección técnica, continúe con las medidas de seguridad y derive, según las conclusiones profesionales, en la exigencia de obras de recuperación o en las actuaciones administrativas y judiciales necesarias para disponer una demolición.
El texto busca, a su vez, diferenciar entre una intervención sustentada técnicamente y una demolición directa del inmueble. “No se propone una demolición arbitraria ni una afectación irrazonable del derecho de propiedad”, sostiene la fundamentación. En caso de que los informes determinen que la construcción puede ser recuperada, sus titulares o responsables deberán ejecutar las obras necesarias para eliminar los riesgos; si se acredita un peligro grave, actual o inminente y se determina que la estructura no es técnica o razonablemente recuperable, se plantea avanzar por las vías administrativas y judiciales correspondientes.
Los fundamentos citan también el artículo 623 bis del Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro, referido a la figura de daño temido ante situaciones en las que un edificio u otro bien pueda generar un perjuicio grave e inminente. Según el proyecto, esta herramienta permite solicitar medidas de seguridad ante la autoridad judicial y contempla acciones destinadas a hacer cesar el peligro, incluyendo, de acuerdo con las circunstancias particulares, intervenciones sobre construcciones. De esta manera, la propuesta busca articular las competencias municipales con las herramientas judiciales disponibles.
En cuanto a los responsables del inmueble, el proyecto plantea que, una vez individualizados, sean intimados a adoptar las medidas que correspondan. La iniciativa establece que deberán hacerse cargo de las obras necesarias cuando los estudios determinen que la estructura puede ser recuperada y puesta en condiciones seguras. En caso de incumplimiento, o cuando la evaluación profesional determine que no resulta razonablemente recuperable, se prevé impulsar las actuaciones administrativas y judiciales necesarias para eliminar el riesgo.
Costa Brutten sostuvo que el punto central de la iniciativa no es anticipar una decisión sobre el destino edilicio, sino terminar con una situación que considera incompatible con la seguridad de la comunidad. “Hay que determinar técnicamente si el edificio puede recuperarse o si debe demolerse, pero el Estado tiene que tomar una decisión y garantizar la seguridad de los vecinos”, afirmó el concejal, según se desprende de la presentación.
El proyecto también plantea que el problema debe ser abordado desde una perspectiva preventiva y no únicamente como respuesta posterior a hechos puntuales. En sus fundamentos se advierte que la permanencia durante años de un inmueble sin uso regular, mantenimiento adecuado y controles efectivos puede generar riesgos para vecinos, comerciantes, peatones y personas que ingresen al edificio. Por ese motivo, se propone establecer plazos concretos y responsabilidades determinadas para evitar que las actuaciones se prolonguen indefinidamente sin una resolución.
La iniciativa incorpora además una dimensión urbana vinculada con la recuperación de un sector estratégico de San Carlos de Bariloche. Según el texto, el objetivo no se limita a intervenir sobre una construcción deteriorada, sino también a procurar que el inmueble pueda recuperar una función segura y adecuada para la ciudad si las condiciones técnicas lo permiten. En caso contrario, plantea que la demolición total o parcial pueda ser considerada como alternativa cuando resulte necesaria para preservar la seguridad pública.
El proyecto insiste en que cualquier decisión sobre la estructura deberá surgir de una evaluación profesional. De ese análisis dependerá si corresponde avanzar con tareas de reparación, refuncionalización y puesta en condiciones o con una eventual demolición. La propuesta procura, de esta manera, compatibilizar el poder de policía municipal y la obligación de prevenir riesgos con las garantías constitucionales vinculadas con el derecho de propiedad y el debido proceso.
Otro de los aspectos destacados es la necesidad de mantener las medidas preventivas durante todo el proceso. El cerramiento de los accesos, la señalización de peligro, la iluminación y el control del ingreso son considerados mecanismos destinados a reducir la exposición mientras se determina el futuro del inmueble. La presentación sostiene que estas medidas deben permanecer vigentes hasta que exista una resolución definitiva sobre la situación edilicia.
En sus fundamentos, el concejal advierte que el abandono prolongado del ex Arbos no puede continuar sin una definición institucional. “Lo que no puede continuar es el abandono”, plantea la presentación, que propone una respuesta que permita establecer si la estructura tiene posibilidades de recuperación o si existen razones técnicas que justifiquen su demolición. La iniciativa también apunta a que las distintas autoridades con competencia en la materia trabajen de manera coordinada.
El proyecto concluye que el Estado municipal debe asumir un rol activo frente a situaciones que puedan comprometer la integridad de las personas y evitar que la respuesta se limite a intervenciones posteriores a cada nuevo episodio. La propuesta busca que el Municipio determine el estado del inmueble, adopte medidas inmediatas de seguridad e intime a los responsables, para luego definir su recuperación o demolición conforme a los resultados de los estudios y a los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.
La iniciativa fue presentada por el concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, y deberá avanzar ahora en el ámbito del Concejo Municipal para su análisis. El proyecto plantea, en definitiva, que el edificio ex Arbos deje de permanecer en una situación de abandono sin una definición sobre su futuro y que el Municipio adopte una intervención integral sustentada en criterios técnicos, medidas preventivas y el cumplimiento de las garantías legales.