La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la Nación inició este martes el debate sobre el proyecto de ley que propone declarar la emergencia para las micro, pequeñas y medianas empresas, en un contexto marcado por el cierre de firmas, la caída del empleo formal y las dificultades que atraviesa el sector productivo.
La reunión, encabezada por el senador Jorge Capitanich (Justicialista), reunió a representantes de entidades empresarias e industriales que expusieron un diagnóstico crítico y reclamaron medidas urgentes para sostener la actividad económica.
Al abrir el encuentro, Capitanich explicó que la iniciativa, integrada por 45 artículos, propone declarar por un año la emergencia tarifaria, productiva, impositiva y laboral de las MiPyMEs. Según indicó, el objetivo es preservar el empleo, proteger el entramado productivo nacional y fortalecer la cohesión territorial. "Iniciamos este espacio de intercambio, debate y participación, que continuará en las próximas semanas con representantes de las economías regionales y de distintas instituciones para analizar en profundidad la situación del sector", afirmó.
El legislador fundamentó la necesidad del proyecto al sostener que, de acuerdo con los datos analizados por la comisión, en la Argentina cerraron 26.448 empresas y se perdieron cerca de 350.000 puestos de trabajo formales, tanto en el sector público como privado. En ese marco, sostuvo que la propuesta busca otorgar herramientas para amortiguar el impacto económico sobre las pequeñas y medianas empresas, consideradas uno de los principales motores de la producción nacional.
Durante la reunión participaron Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA); Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer; Diego Ojeda, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC); y Alejandro Bertin, secretario del Movimiento Nacional PyME (MONAPY), quienes coincidieron en la necesidad de avanzar con una legislación que brinde asistencia y previsibilidad al sector.
Marco Meloni sostuvo que las 574.000 PyMEs del país enfrentaron incrementos de entre el 80 y el 100 por ciento en los costos logísticos y cuestionó la elevada carga tributaria que soportan. "Mientras numerosos países impulsan políticas para fortalecer su desarrollo industrial, en la Argentina los monopolios y el aumento de los servicios terminaron afectando el consumo", afirmó. Además, consideró que la aprobación de la ley permitiría evitar nuevos cierres de empresas y otorgar un plazo para su recuperación.
Por su parte, Diego Ojeda recordó que desde agosto de 2024 su organización venía advirtiendo sobre el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas y lamentó que un proyecto similar hubiera perdido estado parlamentario. "Continuamos reclamando la declaración de la emergencia pyme ante el cierre de miles de empresas", señaló, al tiempo que instó al Congreso a avanzar con el tratamiento de la iniciativa para frenar el deterioro del aparato productivo.
A su turno, Alejandro Bertin planteó que las PyMEs representan aproximadamente el 65 por ciento del Producto Bruto Interno privado y generan cerca del 70 por ciento del empleo, aunque continúan enfrentando serias dificultades para acceder al financiamiento. "Hace 40 o 50 años que las pequeñas y medianas empresas no tienen un régimen especial para su desarrollo", expresó, y propuso la creación de un organismo estatal dedicado a monitorear y promover de manera permanente el crecimiento del sector.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, describió el escenario actual como una "crisis terminal" para la industria manufacturera y las empresas vinculadas a la construcción. Además, aseguró que, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 376.282 empleos formales, de los cuales 128.870 corresponden al último año. En ese contexto, respaldó la declaración de la emergencia, aunque reclamó una normativa permanente que garantice condiciones estables para el desarrollo de las PyMEs.
Al finalizar la reunión, Capitanich confirmó que el tratamiento del proyecto continuará en las próximas semanas con nuevas audiencias. "Tenemos convocadas a 19 economías regionales para que expongan en detalle su estado de situación", anunció el senador, quien remarcó que el objetivo será enriquecer el debate legislativo con la participación de representantes de distintos sectores productivos antes de avanzar con el análisis parlamentario de la iniciativa.
