El Estado argentino deberá explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por qué impulsó y puso en marcha una regresiva reforma laboral (Ley 27.802) que, como denunció el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”. Así lo resolvió el organismo internacional y convocó al Estado a una audiencia presencial, que se desarrollará en Washington el próximo martes 4 de agosto a las 14:00, hora local (13:00 de Argentina).

“La ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas. Asimismo, restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical. Por otro lado, deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”, señaló el FreSU en el segundo párrafo de la presentación conjunta realizada el 24 de abril pasado.

Además, al detallar las políticas que desarrolló el gobierno nacional hasta lograr la sanción de la regresiva reforma laboral la denuncia precisó: “El proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión. Junto a la saturación del debate público mediante la inclusión de iniciativas legislativas de largo aliento, las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con un único objetivo: evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”.

Estas políticas denunciadas continuaron profundizándose en la Argentina, con casos como la multimillonaria multa por más de 21 mil millones de pesos al sindicato ferroviario de La Fraternidad, o la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica.

La denuncia, firmada por el FreSU, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA), precisa que las represiones a las movilizaciones tuvieron “un ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores”.

Agregó: “El caso del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante una manifestación en marzo de 2024, es el episodio más grave y emblemático de las estrategias represivas implementadas desde diciembre de 2023. Este patrón sostenido de violencia estatal vulnera derechos humanos, merma la calidad democrática e institucional y reduce el espacio cívico”.

De la audiencia, que se realizará durante el 196° período de sesiones de la CIDH, participarán representantes de las organizaciones denunciantes.

El FreSU reúne a más de 100 asociaciones gremiales entre las que se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Aceiteros), la Central de Trabajadores de la Argentina, el Sindicato de Trabajadores Viales, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, entre otros.