En el marco del 11° aniversario de la primera movilización de Ni Una Menos, la senadora nacional por Río Negro, Ana Marks, difundió una nota de opinión en la que expresó su preocupación por la persistencia de los femicidios en Argentina y cuestionó las políticas implementadas por el gobierno nacional en materia de género.
La legisladora sostuvo que “una mujer es asesinada por motivos de género cada 31 horas” y afirmó que los recientes casos de Agostina, de 14 años; Dulce, de 17; y Noelia, de 30, reflejan una problemática estructural.
En su análisis, citó datos del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” y de la Universidad Nacional del Delta, según los cuales desde el 3 de junio de 2015 hasta el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en el país.
Marks también cuestionó el cierre de organismos y programas vinculados a la prevención y asistencia de las víctimas, y sostuvo que “la libertad no existe cuando las mujeres viven con miedo”, al tiempo que reclamó mayor presencia estatal y políticas públicas para prevenir la violencia de género.
VIVIR CON MIEDO NO ES LIBERTAD. NI UNA MENOS
Cada vez que una mujer es asesinada por razones de género nuestra sociedad fracasa. Pero cuando esos crímenes se repiten una y otra vez, cuando las estadísticas crecen y las respuestas institucionales se reducen, ya no estamos frente a hechos aislados: estamos frente a una decisión política.
Por Ana Marks, Senadora Nacional por Río Negro, Presidenta de la banca de la mujer
Los femicidios ocurridos durante el último fin de semana vuelven a enfrentarnos con una realidad insoportable. Agostina, de 14 años; Dulce, de 17 años; y Noelia, de 30 años. Tres vidas truncadas por una violencia que no es casual ni excepcional. Tres vidas arrebatadas que se suman a una lista que nunca debería seguir creciendo.
Desde el primer Ni una menos hace 11 años, en Argentina una mujer es asesinada por motivos de género cada 31 horas. Detrás de cada caso hay una historia, una familia destruida y un entramado de violencias que el Estado debería prevenir. Sin embargo, mientras las víctimas se acumulan, el gobierno nacional eligió otro camino: negar el problema, desmantelar las políticas públicas y atacar los consensos construidos durante años de lucha social.
Los datos son contundentes. Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” y la Universidad Nacional del Delta, desde el 3 de junio de 2015 hasta el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en nuestro país. El 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima. El 63% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la mujer asesinada o en un domicilio compartido con el agresor. Es decir, la violencia machista no aparece en los márgenes de la sociedad: habita los espacios más cotidianos y cercanos.
Las cifras son todavía más alarmantes cuando se observan los casos de niñas y adolescentes. El 22% de las menores de 17 años asesinadas había sido reportada como desaparecida antes de ser encontrada sin vida. Además, casi dos de cada diez sufrieron ataques contra su integridad sexual. Estos números hablan de una violencia estructural que requiere políticas específicas, prevención, acompañamiento y una Justicia capaz de actuar a tiempo.
Los femicidios no pueden ser interpretados como violencia patriarcal y conflictos privados ni como tragedias individuales. Son la expresión extrema de una desigualdad histórica que se reproduce cuando el Estado abandona su responsabilidad.
Sin embargo, la respuesta del gobierno de Javier Milei ha sido exactamente la contraria a la que exige la realidad. Mientras las organizaciones especializadas advierten sobre el aumento de la violencia, el presidente cuestiona la figura del femicidio y el ministro de Justicia anuncia su intención de eliminarla del Código Penal.
La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el cierre de áreas especializadas, las restricciones al Programa Acompañar, el desfinanciamiento de la Línea 144 y la ausencia de un Plan Nacional de Acción contra la violencia de género muestran una orientación clara: el retiro del Estado de una problemática que sigue cobrando vidas.
A esto se suma una narrativa peligrosa que pone el foco en las denuncias falsas. Los datos vuelven a desmentir el discurso oficial. Un relevamiento del Observatorio de Género de los Ministerios Públicos detectó que las denuncias falsas representan apenas el 0,09% del total de investigaciones penales registradas. El verdadero problema es exactamente el contrario: millones de mujeres no denuncian. Según estudios oficiales y de organismos de derechos humanos, entre el 80% y el 90% de quienes sufren violencia sexual nunca llegan a realizar una denuncia formal.
Por eso resulta especialmente inaceptable escuchar, una y otra vez, relatos de mujeres o familiares que afirman haber acudido a una comisaría y no haber sido escuchados. La madre de Agostina denunció esa misma situación. Y cada vez que una denuncia es ignorada, el Estado también se vuelve responsable.
La libertad de la que tanto habla el gobierno no existe cuando las mujeres viven con miedo. No hay libertad cuando una adolescente desaparece y no vuelve. No hay libertad cuando una mujer no puede denunciar porque nadie la escucha. No hay libertad cuando el Estado decide mirar para otro lado. No hay libertad con una mujer asesinada cada 31 horas.
