La situación del turismo social volvió a instalarse en el centro del debate legislativo nacional. Referentes del sector, funcionarios, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones vinculadas a la actividad expusieron este miércoles ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde analizaron el escenario actual y alertaron sobre las consecuencias sociales que podría generar el debilitamiento de programas destinados a garantizar el acceso al descanso y la recreación.
La reunión informativa fue presidida por la diputada Gabriela Pedrali (UxP) y tuvo como eje principal la situación del turismo social en Argentina. Durante el encuentro, los participantes coincidieron en destacar el rol que históricamente han tenido estas políticas para ampliar derechos y facilitar el acceso a las vacaciones de sectores que, de otro modo, tendrían dificultades para acceder a propuestas turísticas.
Uno de los expositores fue el intendente de Embalse, Mario Osvaldo Rivarola, quien planteó la necesidad de sostener y fortalecer las herramientas vinculadas al turismo social. “Fortalecer el turismo social y trabajar en conjunto lo público con lo privado”, expresó durante su intervención, al remarcar la importancia de la articulación entre distintos actores para sostener la actividad.

Por su parte, la ex subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad de Turismo Nacional del entonces Ministerio de Turismo y Deportes, Inés Albergucci, sostuvo que el turismo social debe ser considerado una política estratégica. “El turismo social no tiene que ser pensado como un gasto, sino como una política de salud y bienestar”, afirmó, al tiempo que señaló que “el acceso al tiempo libre forma parte de una ciudadanía más plena”.
Desde la provincia de Buenos Aires también se expresaron preocupaciones sobre el contexto actual. La directora provincial de Innovación Estratégica de la Subsecretaría de Turismo bonaerense, Melina Capucho, consideró que “hay una destrucción del turismo y eso impacta en el descanso y en lo económico”, vinculando la situación del sector con las condiciones de vida de amplios segmentos de la población.
En representación del ámbito sindical, el secretario de Turismo y Acción Social de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y coordinador general de la Rueda de Turismo Social Sindical, Pablo Merzi, advirtió sobre lo que definió como un cuestionamiento creciente a estas políticas. “Hay un ataque al turismo social porque se lo considera innecesario”, manifestó durante la exposición ante los legisladores.

La defensa de los complejos históricos destinados al turismo social también estuvo presente en el debate. Desde el movimiento de resistencia “No al cierre del Complejo Turístico Chapadmalal”, Cintia Suárez destacó el valor simbólico y social de esas instalaciones. “El complejo de Mar del Plata es nuestra identidad. Ahí trabajamos y nos recreamos”, señaló al referirse a la importancia que tiene el predio para trabajadores y familias de distintos puntos del país.
Otra de las intervenciones estuvo a cargo de Vanina Rodríguez, quien habló en nombre de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La dirigente remarcó que “no hay turismo social sin trabajadores que lo sostengan” y sostuvo que “el Estado tiene que garantizar el derecho de tener vacaciones, ya que el turismo no puede ser solo para quienes lo puedan pagar”, planteando la necesidad de preservar estas herramientas como parte de una política pública de inclusión.
Además de las exposiciones sobre turismo social, la comisión avanzó en cuestiones administrativas internas. Al inicio de la reunión fueron cubiertos cargos vacantes dentro de la conducción del cuerpo legislativo, resultando elegidos para ocupar las secretarías primera, segunda y tercera los diputados Virginia Gallardo (LLA), Agustín Tita (UxP) y Karen Reichardt (LLA), respectivamente.

















