La crisis de acceso a la vivienda, la paralización de la obra pública y la fuerte caída del empleo en la construcción fueron eje de un intenso debate desarrollado en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación, donde empresarios, sindicatos, funcionarios provinciales y representantes del sector financiero coincidieron en advertir sobre la gravedad del escenario habitacional que atraviesa la Argentina.
La reunión informativa estuvo presidida por el diputado nacional Itai Hagman y reunió a referentes de distintos sectores vinculados al desarrollo urbano y la vivienda social. Durante el encuentro se analizaron temas relacionados con el presente de la construcción, la inversión pública, el déficit habitacional y el futuro de programas como PRO.CRE.AR., en medio de un contexto económico marcado por la falta de financiamiento y la retracción de la actividad.
Uno de los principales expositores fue Iván Szczech, presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), quien sostuvo que “los institutos de vivienda son la llave que existe en la Argentina para generar una política de construcción de vivienda”, al considerar que son los organismos con capacidad técnica y personal especializado para impulsar políticas públicas habitacionales.
Szczech advirtió además sobre las dificultades que enfrenta actualmente el acceso a la vivienda en el país y remarcó que “debido al costo en dólares del metro cuadrado que imposibilita el desarrollo privado; y, si a eso le sumamos la falta de financiamiento y de crédito, hoy el acceso a la vivienda lamentablemente es un lujo para los argentinos”. En ese sentido, planteó que todos los sectores políticos deben asumir la responsabilidad de trabajar para revertir esa situación.
Por su parte, Gustavo Gándara, director ejecutivo de la Fundación UOCRA, alertó sobre el fuerte impacto laboral que atraviesa la industria de la construcción desde el cambio de gobierno. “Desde que asumió el gobierno actual se han perdido 91 mil puestos formales en la industria de la construcción”, afirmó, y precisó que entre “35 mil y 50 mil” de esos empleos correspondían específicamente al área de construcción de viviendas y vivienda social.
Durante su exposición, Gándara también reclamó “tener datos fehacientes sobre la construcción de viviendas sociales en Argentina” y pidió avanzar hacia “un estándar en términos de las normativas provinciales y municipales que traban permanentemente el desarrollo de la vivienda”. Además, cuestionó la falta de políticas estatales destinadas a la formación y recalificación de trabajadores del sector.
En otro tramo de la reunión, Lucas Crivelli, presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, consideró “fundamental que se pueda trabajar en una ley nacional de vivienda”. Según sostuvo, el objetivo debe ser articular esfuerzos entre provincias, municipios, el sistema financiero, el sector inmobiliario y los trabajadores para reducir el déficit habitacional en un plazo mucho menor al proyectado históricamente.
“Pensábamos que podía llevar 60 años, pero debemos trabajar para que en un plazo de 10 o 15 años el déficit habitacional se salde y se achiquen los plazos”, expresó Crivelli, quien llamó a construir consensos amplios para impulsar una política habitacional sostenida en el tiempo.
La titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra, sostuvo por su parte que “la vivienda tiene un rol estratégico y de desarrollo humano” y remarcó que “cuando el Estado se corre, para el rol de construcción de vivienda no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema”. Además, enfatizó que “es fundamental que construyamos una Argentina que incluya a todos, también en materia de vivienda”.
En contraposición, Gonzalo Bardoneschi, subsecretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Tres de Febrero, defendió una mirada más orientada hacia el sector privado y pidió “confiar en el mercado”. “Si nosotros pretendemos resolver el acceso a la vivienda de espaldas al mercado y que el Estado se haga cargo de solventar el 100% del déficit habitacional, estamos condenados al fracaso”, afirmó.
Durante la reunión también expusieron Diego Menéndez, administrador del Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires; Víctor Hugo Cabral, interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán; Santiago Maggioti, subdirector del Grupo Bapro; Joaquín Labagnara, presidente de una cooperativa adherida a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo; Marcelo Medina, titular de la cooperativa Vencedores Vencidos del Movimiento de Trabajadores Excluidos; Ricardo Inti Alpert, director de la Consultora Tecnopolítica; y José Emir Andraos, intendente de Tunuyán, Mendoza. Al inicio del encuentro además se avaló la designación de los diputados Hernán Urien, Maximiliano Ferraro y Claudio Álvarez para ocupar las secretarías que permanecían pendientes dentro de la comisión.
