La senadora nacional por Río Negro Ana Marks, presentó un proyecto de ley destinado a crear un régimen de protección para consumidores endeudados y sobreendeudados, con el objetivo de evitar que miles de familias argentinas queden atrapadas en una “muerte financiera” producto del feroz ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La iniciativa establece mecanismos administrativos y judiciales para reestructurar deudas originadas en créditos de consumo, tarjetas, préstamos personales y billeteras virtuales, preservando un “mínimo existencial” que garantice condiciones básicas de vida digna.
“El endeudamiento dejó de ser una herramienta para progresar y pasó a convertirse en una estrategia desesperada de supervivencia. Hoy millones de argentinos se endeudan para comprar comida, pagar medicamentos o llegar a fin de mes. Esto no es casualidad: es la consecuencia directa del modelo económico de Javier Milei”, sostuvo Marks.
El proyecto crea un procedimiento administrativo gratuito para consumidores endeudados y un proceso judicial especial para consumidores sobreendeudados, que permitirá suspender embargos, frenar descuentos sobre salarios y jubilaciones, congelar intereses abusivos y reestructurar deudas bajo supervisión judicial.
La iniciativa también establece controles sobre bancos, financieras y fintech (Ualá, Mercado Pago, etc) habilitando la revisión de tasas de interés abusivas, prácticas de crédito irresponsable y mecanismos de cobranza agresivos.
“El gobierno nacional destruyó el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, paralizó el consumo y empujó a las familias a financiar su subsistencia con tarjetas y préstamos usurarios. Mientras la economía real se derrumba, el único sector que sigue ganando es el financiero”, afirmó la senadora rionegrina.
En los fundamentos del proyecto se advierte que más del 90% de las familias argentinas registra algún tipo de endeudamiento y que la morosidad en créditos personales y tarjetas crece de manera sostenida desde hace más de un año.
“El modelo de Milei y el FMI genera trabajadores pobres, jubilados endeudados y familias atrapadas en un círculo de intereses imposibles de pagar. El Estado no puede mirar para otro lado mientras bancos y fintech hacen negocios con la desesperación de la gente”, remarcó Marks.
La propuesta toma antecedentes de sistemas implementados en España y Brasil, incorporando herramientas de “segunda oportunidad” para consumidores de buena fe que no pueden afrontar sus obligaciones financieras.
Entre otros puntos, el proyecto, protege la vivienda única familiar, impide cortes de servicios esenciales durante el proceso, establece planes de pago de hasta cinco años, garantiza un ingreso mínimo para alimentación, salud, vivienda y educación, y permite revisar judicialmente créditos otorgados de manera abusiva o irresponsable.
“Frente a un gobierno que sólo protege a los mercados y castiga a las familias trabajadoras, nosotros proponemos un Estado que defienda a quienes quedaron atrapados por un sistema financiero cada vez más cruel y deshumanizado”, concluyó Marks.
