Las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial se desarrollaron durante dos jornadas intensas y atravesadas por fuertes polémicas políticas, institucionales y sociales. El proceso, que tuvo lugar los días 25 y 26 de marzo en el Congreso, se convirtió en uno de los debates ambientales más sensibles del año y expuso posiciones profundamente contrapuestas sobre el futuro de la normativa que protege reservas estratégicas de agua en la Argentina.

La discusión se instaló rápidamente en el centro de la agenda pública debido al alto nivel de participación ciudadana y a las críticas que surgieron desde sectores políticos, académicos y ambientales. Más de 100.000 personas se habían inscripto para intervenir en las audiencias, pero solo alrededor de 400 fueron habilitadas para exponer durante las dos jornadas, lo que generó cuestionamientos sobre la metodología adoptada para el proceso participativo.

El proyecto en debate busca modificar la Ley de Glaciares sancionada en 2010, una normativa que establece presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce para consumo humano, producción agrícola y conservación ambiental. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional ya cuenta con media sanción del Senado y ahora se encuentra bajo análisis en la Cámara baja.

Según la argumentación oficial, la reforma apunta a “ordenar el marco regulatorio” y a otorgar mayor participación a las provincias en la determinación de qué zonas deben ser protegidas y cuáles podrían habilitar actividades productivas. Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa actual genera restricciones que afectan proyectos de inversión, especialmente en el sector minero.

En contrapartida, organizaciones ambientalistas, especialistas en derecho ambiental y sectores académicos advirtieron que la modificación podría debilitar el sistema de protección vigente. Argumentan que la reforma reduciría el alcance de las zonas protegidas y abriría la puerta a actividades extractivas en áreas sensibles vinculadas al ambiente periglacial.

La primera jornada de audiencias, realizada de manera presencial en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados, estuvo marcada por un clima de tensión política desde el inicio. Legisladores de la oposición presentaron impugnaciones formales al procedimiento al considerar que la limitación de expositores vulneraba el derecho a la participación ciudadana en cuestiones ambientales.

Durante el debate también se registraron discusiones sobre el tiempo asignado a cada expositor, que finalmente fue reducido a cuatro minutos por intervención. Esta situación provocó reclamos de algunos participantes que consideraron insuficiente el espacio otorgado para abordar un tema de alta complejidad técnica y ambiental.

A lo largo de la jornada, la mayoría de las intervenciones de especialistas, organizaciones sociales y representantes de comunidades expresaron su rechazo a la reforma propuesta. Los argumentos se centraron en la necesidad de preservar los glaciares como fuentes esenciales de agua y en la aplicación del principio precautorio en materia ambiental.

Uno de los momentos más destacados se produjo con la exposición de referentes ambientales y de quienes participaron en la redacción de la ley original, quienes sostuvieron que el proyecto aprobado en el Senado “desnaturaliza los principios centrales de la normativa vigente” y podría debilitar los mecanismos de control ambiental.

Sin embargo, también se escucharon algunas voces favorables a la modificación legislativa, principalmente vinculadas a provincias con fuerte actividad minera. Representantes de esos sectores defendieron la reforma argumentando que permitiría compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental.

La segunda jornada se desarrolló de manera virtual y estuvo destinada a la participación de expositores provenientes de distintas provincias del país. Este formato permitió ampliar el alcance territorial del debate, aunque mantuvo la controversia en torno a la limitación en la cantidad de participantes habilitados.

Durante ese segundo día continuaron predominando las intervenciones críticas a la reforma. Numerosas organizaciones ambientales, instituciones académicas y ciudadanos expresaron preocupación por las posibles consecuencias que tendría la modificación sobre los ecosistemas de montaña y las fuentes de agua dulce.

El rechazo expresado en las audiencias también tuvo repercusiones en el ámbito político. Legisladores de distintos bloques opositores cuestionaron el proyecto y adelantaron que impulsarán cambios sustanciales en el tratamiento parlamentario del texto aprobado por el Senado.

En paralelo, organizaciones sociales y ambientales realizaron movilizaciones y campañas públicas en distintas ciudades del país para reclamar que el Congreso rechace la modificación de la ley. En esos espacios se insistió en que la normativa vigente constituye una herramienta clave para la protección de recursos hídricos estratégicos.

El debate también despertó interés en el sector productivo y en la industria minera, que observa con atención el desarrollo del proceso legislativo. Para algunos actores económicos, la reforma podría facilitar inversiones vinculadas a minerales estratégicos en regiones cordilleranas del país.

Con la finalización de las audiencias públicas se cerró formalmente la etapa de participación ciudadana prevista en el marco del tratamiento legislativo. Todas las exposiciones y presentaciones realizadas durante las dos jornadas pasarán a formar parte del expediente parlamentario que analizan las comisiones de Diputados.

El siguiente paso en el proceso legislativo será la elaboración de un dictamen por parte de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, que deberán evaluar los aportes surgidos durante el debate público.

Una vez emitido el dictamen correspondiente, el proyecto podrá ser llevado al recinto de la Cámara de Diputados para su votación. En caso de ser aprobado sin modificaciones, la iniciativa se convertirá en ley, ya que cuenta con media sanción previa del Senado.

Si, en cambio, los diputados introducen cambios en el texto, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta para un nuevo análisis legislativo antes de su eventual sanción definitiva.

En este contexto, el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares continúa abierto y se perfila como uno de los temas ambientales y políticos más relevantes del año. Las posiciones expresadas durante las audiencias reflejan la complejidad de un conflicto que combina intereses económicos, protección ambiental y el acceso a recursos naturales estratégicos para el país.

DIPUTADOS: FINALIZARON LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE GLACIARES

Con una participación abierta, inclusiva y federal, distintas organizaciones, asociaciones y ciudadanos de todo el país, expusieron durante las dos jornadas que se desarrollaron en la Cámara de Diputados de la Nación.

Luego de las audiencias públicas, concluyó el proceso de participación ciudadana requerido por el Acuerdo de Escazú y sus normas complementarias, en el marco del tratamiento del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Durante las jornadas, que se llevaron a cabo en el marco de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, todas las provincias estuvieron representadas a lo largo de más de 23 horas de exposiciones, así como en los 80 videos y más de 2.600 ponencias incorporadas.

Desde la Cámara de Diputados se ofrecieron múltiples vías para garantizar la mayor pluralidad posible. Es por eso que, se habilitaron cuatro modalidades: presencial, virtual, por escrito vía mail y mediante video en el canal de YouTube de la Cámara, con transmisión en vivo por el canal oficial.

De esta manera y, ante la imposibilidad de recibir presencialmente a esa cantidad de personas, y bajo criterios objetivos, verificables y por orden cronológico de inscripción, se aseguró una representación equitativa de todas las provincias, priorizando en esa modalidad a comunidades, asociaciones y ONG, para canalizar la mayor cantidad de voces posible.

Cabe destacar que, conforme lo expresado por los diputados que presidieron las audiencias, todas las participaciones serán consideradas en igualdad de condiciones y formarán parte del dictamen y del trámite legislativo correspondiente.