El reclamo nacional se inició este lunes 16 de marzo con un paro total de actividades en universidades públicas de todo el país, en el marco de un plan de lucha que prevé distintas medidas de fuerza a lo largo del cuatrimestre.

Según se informó, la primera semana de huelga se extenderá hasta el 21 de marzo y forma parte de una estrategia de protesta que también contempla nuevas acciones a partir del 30 de marzo, en reclamo por la situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario.

Desde la CONADU Histórica señalaron que el conflicto se vincula con el reclamo para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso que establece mecanismos de actualización de recursos para las instituciones de educación superior.

De acuerdo con el planteo, la ley fue sancionada por el Congreso de la Nación Argentina, posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo y más tarde ratificada por el Parlamento con los dos tercios de los votos. Sin embargo, sostienen que, pese a llevar más de cuatro meses promulgada, el Gobierno aún no implementó su aplicación efectiva.

La organización también recordó que un fallo judicial del magistrado Martín Cormick ordenó al Estado nacional cumplir con la asignación de los fondos previstos para el sistema universitario, medida que, según indicaron, todavía no se habría ejecutado.

En este contexto, las y los docentes universitarios afirmaron que el deterioro del poder adquisitivo del salario docente supera el 50 por ciento en comparación con noviembre de 2023. Según el diagnóstico gremial, la pérdida salarial afecta tanto a docentes como a trabajadores no docentes de las universidades públicas.

La federación sostuvo además que, como consecuencia de esta situación, una gran cantidad de trabajadores del sector percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, mientras que el atraso salarial obliga a muchos docentes a multiplicar empleos o recurrir a trabajos por fuera del ámbito académico para sostener sus ingresos.

En ese marco, advirtieron que el sistema universitario enfrenta un proceso de vaciamiento progresivo, con renuncias de docentes, cargos que quedan sin cubrir y una mayor sobrecarga laboral para quienes continúan desempeñando tareas en las instituciones.

El gremio también señaló que la actual crisis económica impacta en la continuidad de los estudios superiores, ya que, según sostienen, cada vez más estudiantes se ven obligados a abandonar las aulas por dificultades económicas.

En cuanto a los niveles salariales actuales, la federación indicó que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año. Según datos difundidos por la organización, un docente con una dedicación de diez horas semanales percibe alrededor de 250 mil pesos, mientras que una dedicación de cuarenta horas alcanza aproximadamente el millón de pesos.

Asimismo, detallaron que el salario de referencia para el cargo testigo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi exclusiva se ubicaba en enero de 2026 en 570.470 pesos, mientras que, de aplicarse la ley vigente, el ingreso debería ascender a más de 850 mil pesos.

En paralelo, el Gobierno nacional envió al Congreso un nuevo proyecto de modificación de la ley, que propone reemplazar la recomposición salarial del 51 por ciento prevista en la normativa por un incremento del 12,3 por ciento a pagar en tres cuotas, con la última prevista para septiembre.

Desde la federación interpretaron que esa iniciativa implicaría desentenderse de la deuda salarial acumulada durante 2024, que según el gremio constituye la mayor parte del atraso que afecta actualmente a los trabajadores universitarios.

Por su parte, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que “con estos salarios no podemos vivir, no llegamos al día 20, estamos endeudados y ya no tenemos gastos para recortar”. Además, advirtió que las medidas de fuerza podrían intensificarse si no hay respuestas del Gobierno nacional y afirmó que “no está en riesgo solamente un calendario académico, sino una institución que es un pilar de la democracia argentina”.