En una decisión que ha generado controversia y preocupación en el ámbito político y periodístico, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello dictó este lunes 1º de septiembre de 2025 una orden de cese de difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario argentino.
La medida judicial busca frenar la circulación —en medios tradicionales, redes sociales y plataformas de streaming— de grabaciones supuestamente realizadas dentro de la Casa Rosada. El gobierno nacional afirmó que estos audios forman parte de una “operación de inteligencia ilegal” con el objetivo de desestabilizar al Ejecutivo en medio de la campaña electoral que se avecina.
Los fragmentos difundidos fueron divulgados originalmente a través del canal de streaming Carnaval y, si bien en ellos Karina Milei no realiza declaraciones graves, se la escucha hablando sobre la necesidad de unidad dentro del oficialismo y mencionando extensas jornadas de trabajo en la Casa Rosada. El gobierno considera que la existencia de más grabaciones, sin autenticación y obtenidas dentro del Palacio de Gobierno, constituye un peligro institucional y personal.
Al mismo tiempo, la administración encabezada por Javier Milei presentó una denuncia penal ante la Justicia federal señalando que la filtración de estos audios es parte de un espionaje ilegal orientado a interferir en el proceso electoral. En esa presentación, se solicitó el allanamiento del canal Carnaval y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros, acusados de participar en la difusión de los materiales.
La medida judicial suscitó una fuerte reacción de diversos sectores opositores y organismos de prensa, que denunciaron un acto de “censura previa” amparado por el aparato judicial. Dirigentes opositores advirtieron que se trata de un hecho de gravedad institucional, mientras que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) rechazó la criminalización del oficio periodístico y defendió la inviolabilidad de las fuentes informativas.
La tensión escaló cuando medios y referentes del periodismo señalaron que esta decisión podría sentar un precedente peligroso en materia de libertad de expresión.
Especialistas en derecho constitucional remarcan que la censura previa está expresamente prohibida en Argentina. El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de prensa, mientras que el artículo 32 establece que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta ni con relación a ella”.
Además, tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran el derecho a la libre expresión y prohíben toda forma de restricción indirecta. En este marco, la prohibición de difundir contenidos constituye un hecho de extrema gravedad, ya que vulnera principios esenciales de la vida democrática.
La figura del juez Maraniello también quedó bajo la lupa. El magistrado enfrenta actualmente nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual hacia empleadas de su juzgado, además de acusaciones por abuso de poder, maltrato laboral y uso indebido de recursos públicos. Este prontuario genera mayor suspicacia sobre su rol en un caso que involucra directamente a la hermana del Presidente.
La decisión judicial marca un momento crítico en la relación entre el poder judicial, el gobierno y la prensa. Mientras el Ejecutivo insiste en que se trata de una maniobra desestabilizadora, medios y referentes políticos alertan sobre una deriva autoritaria y el debilitamiento de las garantías democráticas.
En un país con una larga tradición de luchas por la libertad de expresión, la existencia de censura en democracia es un hecho de suma gravedad que tensiona aún más el escenario político a menos de un mes de las elecciones legislativas.
DENUNCIAMOS GRAVE ATAQUE A LA PRENSA
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) expresa nuestro más enérgico repudio al pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la Justicia de allanar a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial. Del mismo modo, rechazamos la medida cautelar otorgada que prohíbe la difusión de los audios que involucran a funcionarios de gobierno, ya que representan un profundo ataque a la libertad de prensa y el derecho a la información en nuestro país.
Este tipo de acciones por parte del Gobierno son otra forma de impedir la labor del periodismo, y fueron históricamente rechazadas. Se inscriben en la represión sistemática a fotoreporteros y cronistas en Congreso y a las patotas digitales contra comunicadores con un objetivo claro de disciplinamiento.
Desde FATPREN y los sindicatos de prensa adheridos manifestamos nuestro repudio al pedido del gobierno y la resolución de la Justicia, y enviamos nuestra solidaridad con los periodistas agredidos. Exigimos que se respeten las leyes que protegen nuestra actividad para informar a la sociedad.
¡Basta de ataques a la prensa!
