El 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido desde Rosario, Santa Fe, sesionó a partir de un debate que hizo especial énfasis en que las políticas públicas que el país necesita solo podrán construirse a través de una ley de presupuesto anual que garantice el funcionamiento, el sostenimiento y la rendición de cuentas de todo el Estado nacional. Ese fue el mensaje que se aprobó difundir en una declaración.
El cálculo del monto que el CIN aprobó solicitar para el presupuesto universitario de 2026, 7,32 billones de pesos, actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023 (último aprobado por el Congreso Nacional). Este ajuste para gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios se elaboró según los criterios establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada, que estipula una base actualizada a la que se solicita adicionar una mejora para gastos de funcionamiento. «Asumimos las restricciones fiscales en equilibrio con la continuidad de las múltiples actividades universitarias», explicó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Carlos Greco. Todos estos puntos también se recuperan en otra declaración del plenario.
El intenso intercambio entre las autoridades dejó en claro, además, que el proyecto de presupuesto universitario 2026 que se aprobó elevar no considera la inflación ni las actualizaciones salariales de los meses restantes de 2025. Tampoco toma en cuenta fondos para el desarrollo de ciencia, técnica y arte; para un plan de obras y equipamiento universitario o para la actualización de los planes de becas. Aunque los reclamos por esos puntos continuarán, deberán ser contemplados por las áreas correspondientes del Gobierno nacional.
En la apertura de la actividad, el presidente Oscar Alpa ofreció un racconto de las tareas encaradas en los últimos meses que posibilitaron la aprobación de la ley de financiamiento, que el Poder Ejecutivo aseguró que vetará. «Nos toca actuar y trabajar en conjunto, internamente en nuestra universidades y con la sociedad, porque solo con un presupuesto nacional se garantiza la autonomía y la autarquía», alentó y repitió la consigna ya viralizada: si hay veto, hay nueva marcha federal universitaria.
Asimismo, las y los integrantes del plenario recibieron la bienvenida de la vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia. «Porque la universidad vive en cada pueblo de nuestra provincia, estamos con ustedes en todo lo que podamos aunar esfuerzos y creemos que su reclamo es legítimo», sostuvo. También participaron la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, y el intendente local, Pablo Javkin.
Fueron invitados a la apertura la diputada Mónica Fein y el diputado Germán Martínez, representantes de la misma provincia pero de diferentes partidos políticos en el Congreso nacional. «Necesitamos el apoyo y el trabajo del sistema universitario para sostener esta ley tan importante», afirmó Fein en su llamado al apoyo de las y los legisladores que no acompañaron la ley en su tratamiento original. «No podemos imaginar a la Argentina del futuro sin la participación activa de la comunidad universitaria», completó Martínez.
Por último, entre los temas que requirieron el análisis, se discutió la situación de las obras sociales universitarias en la coyuntura actual. En su tercera declaración pública, el CIN expuso que la magnitud de la emergencia que atraviesan y se comprometió a acompañar todas las gestiones necesarias tendientes a revertir la grave situación de manera de fortalecer el sistema de salud al servicio del personal de las universidades.
En paralelo al plenario, durante dos jornadas, se desarrollaron conferencias, paneles y mesas de trabajo en torno a los ejes que definen el futuro de la educación superior: la enseñanza, la investigación, la gestión y la extensión. El 1° Congreso Nacional de Innovación Universitaria «Enseñanza, investigación, gestión y territorio» contó con la presentación de más de 1.200 trabajos académicos y un espacio dedicado a experiencias innovadoras que hoy están marcando tendencia en universidades de todo el país, con el objetivo de inspirar y multiplicar buenas prácticas.
Más de 3.000 docentes, investigadores, estudiantes, gestores y autoridades académicas de todo el país se concentraron en la Ciudad Universitaria de Rosario para discutir cómo modernizar el sistema universitario y adaptarlo a los desafíos del presente. Próximamente, serán difundidas sus conclusiones.
Presupuesto Nacional 2026
El 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido en Rosario, Santa Fe, resolvió solicitar al Gobierno nacional que el país cuente con una ley de presupuesto nacional que garantice el funcionamiento, el sostenimiento y la rendición de cuentas de todo el Estado.
En ese sentido, se agrega el pedido al Poder Ejecutivo y al Legislativo nacional de que incluyan un monto mínimo de 7,32 billones de pesos para el sistema universitario. Este cálculo actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023, siguiendo los criterios establecidos en la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Universitario, e incorpora una mejora específica para gastos de funcionamiento.
Esta solicitud no contempla aún la inflación ni las actualizaciones salariales de lo que resta de 2025, ni incluye recursos para ciencia, técnica y arte, infraestructura, equipamiento o planes de becas. Estos reclamos se mantendrán vigentes y serán reiterados en todas las instancias correspondientes.
El CIN reafirma que contar con una ley de presupuesto nacional aprobada por el Congreso es condición imprescindible para garantizar la previsibilidad, el funcionamiento pleno de las universidades y la continuidad de sus múltiples actividades académicas, de investigación y de extensión en todo el país.
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
Rosario, Santa Fe
29 de agosto de 2025
Las universidades nacionales exigimos la plena vigencia de la Ley N° 27.795
Reunidas y reunidos en la provincia de Santa Fe, en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las rectoras y los rectores de las universidades nacionales manifestamos:
Ante la posibilidad de un veto presidencial de la Ley N° 27.795, aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación y que expresa la voluntad de las y los representantes del pueblo argentino, no solo expresamos nuestro más enérgico rechazo, sino que, de ser así, nos movilizaremos para solicitar al Congreso la inmediata ratificación de la norma.
Dicha ley garantiza el funcionamiento mínimo del sistema universitario durante el 2025 y es absolutamente falso que provoque desequilibrios fiscales. Por el contrario, asegura la continuidad de una política pública esencial para la educación superior y para la sociedad argentina en su conjunto.
El millón de firmas que acompañamos en la Cámara de Diputados refleja, claramente, lo que nuestra sociedad espera del gobierno nacional: el reconocimiento del derecho a una educación pública de calidad y el compromiso del Estado con su financiamiento.
Hace más de dos años, en esta misma ciudad de Rosario, antes de las elecciones nacionales, advertimos sobre la necesidad de consolidar y proteger al sistema universitario público. Hoy reiteramos aquellas convicciones.
La educación pública constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad de nuestra nación. Desde los primeros pasos de la Argentina independiente, surgieron escuelas públicas para difundir la educación y fortalecer la identidad nacional. Reafirmamos que:
“La educación es un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por políticas públicas. La educación no puede ser un negocio para pocos. La educación forma mujeres y hombres en valores democráticos y universales, preparándolos para su inserción en el sistema productivo y en el tejido social, para contribuir al desarrollo y al crecimiento inclusivo de nuestra nación.”
Por eso ratificamos que “este sistema es fruto del esfuerzo de la Argentina, construido por generaciones de jóvenes y adultos mayores, con la convicción de que el estudio, el esfuerzo y la educación son una herramienta de transformación y de inclusión, un canal de movilidad social ascendente que mejora a las personas y, fundamentalmente, a la sociedad”.
En consecuencia, exigimos a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la nación la inmediata puesta en funcionamiento de la Ley N° 27.795, Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, herramienta indispensable para evitar un mayor deterioro del sistema universitario público argentino y, en definitiva, para no comprometer el futuro de nuestro país.
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
Rosario, Santa Fe
29 de agosto de 2025
Declaración del CIN referida a la situación de las obras sociales universitarias
Con base en el informe preliminar elaborado por miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la información brindada por el Consejo de Obras Sociales Universitarias (COSUN) acerca de la situación de sus obras sociales o departamentos de salud, según cada caso, puede concluirse que estas atraviesan una grave situación, cualquiera sea su naturaleza jurídica, forma de constitución y organización.
En estos momentos, enfrentan una crisis causada, principalmente, por la disminución de sus ingresos debido a la no actualización de los salarios del personal docente y nodocente de las universidades nacionales y por el alto incremento de las prestaciones médicas y de los medicamentos. Esta situación amenaza la interrupción de la cobertura médica y el cierre de las instituciones, cuestión que afectaría a miles de familias y a su derecho a la salud.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expone la magnitud de esta emergencia y se compromete a acompañar todas las gestiones necesarias tendientes a revertir esta grave situación de manera de fortalecer el sistema de salud al servicio del personal de nuestras universidades.
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
Rosario, Santa Fe
29 de agosto de 2025
