Siete empresas continúan en carrera para desarrollar el nuevo sistema integral del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI). Con la apertura de las ofertas, comienza la etapa de evaluación técnica y económica de las propuestas, un paso decisivo para avanzar hacia la adjudicación del proyecto y la modernización del organismo.
Este martes, la apertura fue llevada adelante por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), entidad a cargo del proceso licitatorio, con la participación de representantes de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), de las empresas oferentes y del RPI.
En total, siete empresas quedaron habilitadas para continuar en el proceso licitatorio. A partir de ahora comenzará la evaluación técnica y formal de cada una de las propuestas. Una vez concluida esa instancia, se abrirán las ofertas económicas únicamente de aquellas firmas que resulten técnicamente elegibles, tal como prevé el procedimiento de contratación.
Se estima que el proceso de evaluación demandará alrededor de 45 días, tras lo cual podrá concretarse la adjudicación del proyecto y dar inicio a su ejecución.
En el marco de la agenda de modernización impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, esta iniciativa permitirá dotar al Registro de la Propiedad Inmueble de una plataforma tecnológica moderna, diseñada para agilizar la gestión, fortalecer la seguridad de la información y mejorar la integración con otros sistemas provinciales, especialmente con el Catastro.
La modernización también facilitará la digitalización de trámites, optimizará los tiempos de respuesta y brindará herramientas más eficientes para escribanos, profesionales, organismos públicos y ciudadanos que diariamente interactúan con el Registro.
Este proyecto forma parte del Programa de Desarrollo Territorial financiado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, una de las principales herramientas de financiamiento estratégico impulsadas por la gestión de Weretilneck para fortalecer las capacidades del Estado, incorporar innovación tecnológica y mejorar la calidad de los servicios públicos.
