La iniciativa legislativa busca implementar créditos estatales para construir y refaccionar hogares. El sistema de financiamiento se nutriría principalmente de recursos hidroeléctricos y petroleros. La propuesta excluye expresamente a todos los funcionarios públicos para garantizar la equidad.
La imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario frente al creciente déficit habitacional motivó el diseño del Fondo Rionegrino para la Vivienda. El proyecto de ley plantea un nuevo mecanismo de asistencia estatal enfocado en las necesidades de las familias.
El expediente fue elaborado por el legislador José Luis Berros (Vamos con Todos). De sancionarse, se otorgarían créditos exclusivos para la construcción, ampliación o reparación de la vivienda única y permanente.
El texto de la iniciativa argumenta que resulta indispensable “dotar de una herramienta que urge a los rionegrinos, es decir, contar con un crédito apto para la construcción de su vivienda única familiar y permanente, sin afectar su economía familiar”.
Para asegurar su viabilidad técnica sin depender del sector privado, la propuesta define que el fondo se constituiría con el 3% de las regalías hidroeléctricas. Además, la caja sumaría el 10% de cada bono por prórroga de concesiones petroleras.
El documento sostiene que la administración exclusiva de esta nueva herramienta quedaría bajo la órbita del Instituto de Planificación y Promoción para la Vivienda (IPPV). A su vez, los fundamentos del texto critican fuertemente al actual agente financiero provincial.
La propuesta señala que dicha entidad bancaria “se comporta como un banco comercial tradicional, con criterios de rentabilidad que dejan afuera a la mayoría de las familias que necesitan créditos accesibles”.
En cuanto a los requisitos, los solicitantes deberían tener entre 18 y 65 años, acreditar cinco años de residencia continua en la provincia y poseer ingresos estables. También, el sistema exigiría no registrar antecedentes financieros desfavorables ni deudas alimentarias.
Finalmente, la iniciativa establecería una incompatibilidad absoluta para funcionarios públicos provinciales, municipales o nacionales. Esta restricción aplicaría al momento de la solicitud y durante toda la vigencia del crédito asignado.
