La iniciativa busca reemplazar la actual ley provincial para jerarquizar el sector y convertir la asistencia en una política pública de apoyo sociosanitario. Además, plantea exigencias de formación y la eximición impositiva para los trabajadores del cuidado para combatir la precariedad laboral.

Con el objetivo de adaptar la normativa al envejecimiento poblacional y a las nuevas demandas, una iniciativa parlamentaria plantea la readecuación legal de la actividad de asistencia a personas en situación de dependencia. La propuesta estipula la abrogación de la ley D Nº 3474 vigente, estableciendo funciones delimitadas que no se superpongan con el personal de salud ni con el servicio doméstico, y creando un Registro Provincial obligatorio para consolidar la profesionalización del rubro. De aprobarse, la norma regularía a quienes se desempeñen en domicilios particulares, geriátricos y residencias de larga estadía.

El proyecto fue elaborado por Magdalena Odarda, José Luis Berros y Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos). Según sus impulsores, el fin de esta actualización normativa es “transformar el cuidado en una política pública de apoyo sociosanitario profesional, jerarquizando la tarea y garantizando derechos, tanto para las personas asistidas como para el trabajador o trabajadora”. 

El texto fundamenta la urgencia de esta medida en el proceso de transición demográfica provincial, previendo que para 2026 habrá aproximadamente 137.000 personas mayores en Río Negro, lo que incrementa los casos de dependencia severa.

Entre sus puntos centrales, el articulado define el rol como “Apoyo Sociosanitario de Baja Complejidad”, lo que habilita a los cuidadores a realizar controles de constantes vitales, administración de medicamentos bajo indicación médica y curas simples. A su vez, se exige que las personas dedicadas a esta labor cuenten con un título habilitante de una carga horaria mínima de 380 horas cátedra.

Finalmente, en el aspecto laboral e impositivo, la propuesta busca retomar antecedentes parlamentarios para eximir del pago de ingresos brutos a estos trabajadores, “corrigiendo la contradicción estatal de aplicar un gravamen impositivo al trabajo asistencial”. Esto permitiría la facturación directa a obras sociales, eliminando la informalidad histórica de una actividad cuyo objetivo primordial es “promover el bienestar integral y la autonomía de la persona asistida”.