El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) generativa ha modificado profundamente las formas de hacer política, permitiendo la creación de imágenes, audios, videos y encuestas absolutamente falsas pero de apariencia real. Frente a esta nueva realidad tecnológica, un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca modificar la Ley O N° 2431 (Código Electoral provincial) para proteger la integridad del proceso democrático.

La iniciativa, impulsada por César Domínguez (Primero Río Negro), parte de una premisa clara: no se busca prohibir la inteligencia artificial ni demonizar la tecnología, ya que se reconoce su valor para la innovación y el diseño en las campañas. El objetivo es “evitar su uso abusivo y garantizar que los ciudadanos no sean víctimas de engaños deliberados a la hora de emitir su voto”.

Etiquetado obligatorio y prohibición de engaños

El eje central del proyecto es la exigencia de transparencia. Todo contenido electoral —ya sea audiovisual, sonoro o gráfico— que haya sido generado o alterado sustancialmente con inteligencia artificial y que parezca real, deberá llevar un etiquetado claro.

La norma exige incluir de forma visible o audible la advertencia: “Este contenido ha sido creado y/o modificado con inteligencia artificial”.

Además, el proyecto prohíbe terminantemente la “suplantación electoral sintética”. Esto significa que no se podrán crear deepfakes (simulaciones verosímiles) para atribuir declaraciones, renuncias, apoyos o conductas inexistentes a candidatos, partidos o autoridades electorales con el fin de manipular al electorado. También se prohíbe el uso de “bots” no identificados para simular apoyo popular y la segmentación de audiencias utilizando datos sensibles obtenidos sin consentimiento.

Sanciones y eliminación rápida de contenidos

Para quienes incumplan la normativa, el proyecto prevé un régimen de sanciones que varía según la gravedad del hecho. Los infractores podrían enfrentar desde apercibimientos públicos e intimaciones, hasta multas económicas de entre cincuenta y mil jornales mínimos, e incluso la pérdida total o parcial de los aportes públicos de campaña.

Asimismo, se le otorga a la Justicia Electoral la potestad de ordenar a las plataformas digitales la eliminación rápida de contenidos engañosos maliciosos en un plazo no mayor a 48 horas desde su reporte.

Protección de la libertad de expresión

El proyecto hace un fuerte hincapié en que esta regulación no debe convertirse en un instrumento de censura estatal. La normativa exceptúa explícitamente de estas obligaciones y sanciones a los contenidos manifiestamente humorísticos, satíricos, caricaturescos o paródicos. Del mismo modo, el trabajo periodístico y la investigación ciudadana quedan protegidos, asegurando que el Estado no intervendrá para disciplinar discursos políticos o establecer una “verdad oficial”.