La iniciativa apunta a exigir la obligatoriedad de declarar criptomonedas, activos en monedas digitales, fideicomisos y fondos de inversión. Además, propone la publicación online de los documentos para permitir el acceso ciudadano de forma gratuita, mediante un mecanismo simple y sin requerir de una autorización judicial previa.

Se trata d euna actualización de la Ley de Ética Pública N° 3550 de Río Negro para incorporar el universo digital y financiero contemporáneo al control patrimonial de la dirigencia estatal. 

El legislador Javier Acevedo (CC ARI) es el autor de esta propuesta que tiene como objetivo principal modernizar la normativa vigente, la cual data del año 2001. En los fundamentos del texto, se subraya la necesidad de aplicar estos cambios estructurales para “despejar cualquier grado de opacidad dándole la mayor transparencia” a la información del Estado. 

La norma también exige a los funcionarios declarar cualquier vínculo comercial, laboral o societario mantenido hasta dos años antes de asumir el cargo, una medida diseñada para prevenir incompatibilidades y conflictos de intereses.

El texto argumenta que “la democracia se sustenta en un contrato implícito de confianza entre la ciudadanía y sus representantes”, exigiendo honestidad en los asuntos públicos. Sin embargo, contempla resguardos específicos para la seguridad personal y familiar de los declarantes. 

En este sentido, se mantendrían confidenciales datos sensibles como la ubicación exacta de los inmuebles, el número de las cuentas bancarias o los datos de menores a cargo. Según los fundamentos, este equilibrio busca evitar que los datos sean utilizados como un “espectáculo mediático que termina banalizando el tema o sea objeto de manipulación política”.

De ser aprobada, la parte sustancial de las declaraciones juradas será de carácter público y deberá estar alojada de manera accesible en las páginas web del Gobierno Provincial, la Legislatura y el Poder Judicial.