El proyecto de Ley de Protección Integral contra la Discriminación, impulsado por la legisladora Maricel Cévoli, avanzó este lunes con dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro.

La iniciativa busca prevenir, abordar y erradicar todas las formas de discriminación en el ámbito público y privado, incorporando herramientas concretas para promover una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa.

“Existe la necesidad de poner especial atención sobre distintas formas de expresión que afectan el bienestar de las personas y, sobre todo, su plena inclusión en la vida social”, expresó Cévoli.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que complementa y amplía las conductas discriminatorias ya contempladas en el Código Contravencional de Río Negro, incorporando nuevas formas de discriminación vinculadas a discursos de odio, violencia simbólica, desigualdad estructural y discriminación interseccional.

Entre las conductas discriminatorias que incorpora la propuesta se encuentran la difusión de mensajes o expresiones que legitimen desigualdades o violencias; actos de hostigamiento, humillación o violencia simbólica; prácticas institucionales que generen exclusión; y la falta de intervención o protección frente a situaciones discriminatorias.

“Estamos transitando un momento en el que los discursos se vuelven cada vez más violentos y donde, muchas veces de manera indiscriminada, se señala o define a las personas por su forma de ser, por el grupo al que pertenecen o por los colectivos de los que forman parte”, sostuvo la legisladora.

En ese sentido, destacó que uno de los aspectos novedosos de la iniciativa es la incorporación de distintos grupos históricamente afectados por actos discriminatorios, además de su carácter complementario respecto de las conductas ya previstas en el Código Contravencional de Río Negro.

El proyecto se presenta como complemento de la Ley Nacional Nº 23.592 e incorpora estándares actuales en materia de derechos humanos, con especial atención a grupos históricamente vulnerados, como personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, pueblos originarios y la comunidad LGBTQ+.

Además, la iniciativa prevé mecanismos administrativos de orientación y acompañamiento; campañas de sensibilización y educación en igualdad y diversidad; articulación con organismos públicos y organizaciones sociales; protocolos de actuación ante situaciones discriminatorias; y contenidos obligatorios sobre igualdad y no discriminación dentro del sistema educativo provincial.

Con el avance en comisión, el proyecto continúa su tratamiento legislativo.

Más iniciativas aprobadas

Otros tres proyectos también lograron el respaldo unánime de la comisión. Uno de ellos, de Marcela González Abdala (JSRN), adhiere a la ley nacional Nº 27665 y declara al montañismo como actividad de interés deportivo, cultural y socio recreativo en el territorio provincial. Además, crea la Comisión Mixta Honoraria de Senderos de Montaña y el Registro Provincial de Senderos de Montaña.

Otra de las iniciativas modifica el funcionamiento de instituciones de práctica y enseñanza de actividades físicas y deportivas, públicas y privadas, referido a la seguridad en infraestructura deportiva. Los autores son Juan Martín y Ofelia Stupenengo (PRO-Unión Republicana) y Marcelo Szczygol (JSRN).

La tercera propuesta que alcanzó apoyo total es de Lucas Pica y Facundo López (JSRN), y regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles de comunicación personal en el campo quirúrgico de los establecimientos de salud de la provincia.

Finalmente, un proyecto de Javier Acevedo, Fernando Frugoni, Daniela Agostino y Roberta Scavo (ARI-Cambiemos) contó con la aprobación mayoritaria (Vamos con Todos, PJ-Nuevo Encuentro y Cambia Río Negro). El mismo establece un marco procedimental para los equipos de salud ante situaciones de urgencia médica que impliquen la posibilidad de realizar transfusiones sanguíneas en pacientes que, por razones religiosas o de conciencia, hayan manifestado su oposición a ese procedimiento. Asimismo, crea el registro anticipado de ciudadanos que por razones religiosas o de conciencia manifiesten su voluntad a no ser objeto de transfusiones sanguíneas.