El avance de la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, impulsada por el Gobierno Nacional, “representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y abordajes comunitarios”, advirtió la legisladora rionegrina Maricel Cévoli, licenciada en Psicología y con amplia trayectoria en clínica de adultos y adolescentes.

A través de un proyecto de declaración de repudio, expresó su preocupación frente a una propuesta que, según sostuvo, avanza hacia modelos centrados en el control, la medicalización y la exclusión, en lugar de fortalecer las redes de cuidado, prevención y acompañamiento comunitario.

“En un contexto donde crecen los padecimientos de salud mental, especialmente en las juventudes, no podemos retroceder hacia enfoques que estigmatizan y restringen derechos”, afirmó Cévoli.

Entre los puntos cuestionados, la legisladora señaló la eliminación de la obligación del Estado Nacional de financiar políticas de salud mental en las provincias, el reemplazo del concepto de “padecimiento mental” por una mirada exclusivamente patologizante y la exclusión de usuarios y organismos de derechos humanos de los espacios de revisión y control.

Además, advirtió sobre la reincorporación de criterios vinculados a la peligrosidad en las internaciones y la ampliación de tratamientos involuntarios, en contradicción con estándares internacionales de derechos humanos.

“La Ley Nacional de Salud Mental fue un avance reconocido por su perspectiva interdisciplinaria, comunitaria y respetuosa de los derechos humanos. Cualquier reforma debe ampliar derechos y fortalecer el sistema público, no retroceder sobre garantías conquistadas”, sostuvo.

El proyecto también alerta sobre las dificultades concretas que generaría exigir firma psiquiátrica para todas las internaciones, especialmente en provincias donde existe escasez de profesionales, profundizando las desigualdades territoriales en el acceso a la salud.