La legisladora Lorena Matzen repudió la decisión de eliminar la entrega de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantadas o con enfermedades oncológicas. El gobierno nacional determinó que el costo de estos pasajes lo asuman las propias empresas de transporte, lo que genera dudas sobre su cumplimiento efectivo. "Estas personas no viajan por elección, viajan para sostener tratamientos médicos o prestaciones esenciales para su calidad de vida", remarcó Matzen.

La presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical recordó que aún bajo el sistema actual, existen muchas dificultades para acceder al beneficio. "Hay negativas arbitrarias, demoras administrativas, cupos limitados y otras trabas que terminan restringiendo el acceso a este derecho garantizado por ley", explicó. "Ahora, el gobierno nacional traslada la responsabilidad a las empresas, sin implementar mecanismos de control o compensación. Los derechos de las personas con discapacidad no deben quedar sujetos exclusivamente a criterios económicos o financieros", argumentó.

Además, Matzen señaló que en Río Negro existen alrededor de 35.000 personas con Certificado Único de Discapacidad. "En provincias como la nuestra, el transporte de larga distancia es esencial para la inclusión, el acceso a la salud y la igualdad de oportunidades. Según se informó, el gobierno provincial va a sostener el beneficio de gratuidad en los traslados, asumiendo los costos y promoviendo mecanismos de acompañamiento y articulación", aseguró. "Más allá de esto, el gobierno nacional no puede desentenderse de sus obligaciones. Debe garantizar su cumplimiento y proteger a los sectores más vulnerables", agregó.

A través de un proyecto de comunicación presentado hoy, Lorena Matzen promueve que la Legislatura de Río Negro se exprese en contra de la quita de pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad. "En territorios como el de Río Negro, las familias deben recorrer grandes distancias para realizar controles de salud, acceder a prestaciones o realizar gestiones. Nuestro país tiene un sólido marco normativo de protección en materia de discapacidad y accesibilidad. Debemos exigir que se cumpla", sentenció.