Durante los días 21 y 22 de mayo se realizó en Viedma el encuentro “Adolescencias en el Centro. Baja de punibilidad y sistema de protección: ¿qué respuestas estamos construyendo?”, con la participación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a organizaciones sindicales y sociales de toda la provincia, instituciones del Estado y miembros del poder judicial.

El eje central del encuentro fue el rechazo unánime a la reciente ley que baja la edad de punibilidad a 14 años. Desde ATE Río Negro sostuvieron que esta reforma no resuelve la seguridad, sino que profundiza un modelo punitivista que criminaliza la pobreza y estigmatiza a las adolescencias de los sectores populares.

“Bajar la edad de imputabilidad es una receta vieja y fracasada que solo profundiza la exclusión y la violencia sistémica. No vamos a permitir que se use a los pibes como chivo expiatorio para tapar el desmantelamiento del Estado. El lugar de las infancias es la escuela y el barrio, nunca la cárcel”, expresó Noemí Páez, vocal del CDP de ATE Río Negro.

El encuentro concluyó con el mandato de mantener al sindicato en estado de alerta y movilización, y seguir construyendo respuestas colectivas que garanticen derechos en lugar de más encierro.

"Hoy se impulsa un proyecto para bajar la edad de imputabilidad y desde ATE decimos que no es el camino. Castigar no protege, no educa, no construye futuro. Lo que necesitamos son políticas públicas con derechos, con inversión en prevención, salud mental, educación y trabajo. Respuestas colectivas y comunitarias, no más punitivismo”, expresó por su parte Leticia Lapalma,  Secretaría General Adjunta de ATE Río Negro. 

Los datos presentados en las jornadas desmienten el discurso oficial: según SENNAF y UNICEF, la incidencia de menores en delitos graves es mínima: los homicidios no alcanzan el 7%. El 56% de los conflictos con la ley corresponden a delitos menores contra la propiedad, directamente vinculados al hambre y la falta de oportunidades.

A esto se suma el vaciamiento de las políticas públicas de niñez por parte del gobierno nacional. La pérdida del 35% del poder adquisitivo y los despidos masivos dejan desamparado al personal estatal. Relevamientos de ATE muestran que el 64% de las y los trabajadores de niñez deben recurrir al pluriempleo para llegar a fin de mes, lo que deteriora su salud y la calidad de las intervenciones en el territorio.

Es así que desde el gremio se exigió la derogación de la ley de baja de punibilidad y la apertura a un debate serio con participación de trabajadores/as del sistema de protección; Presupuesto real y salarios dignos para el personal de niñez, con fin a la precarización laboral; Políticas públicas de prevención: más salud mental, educación, trabajo y acompañamiento en el barrio y la escuela y un Estado social antes que un Estado penal.