Con un fuerte operativo policial, estrictos controles de ingreso y posiciones profundamente enfrentadas, se desarrolló en San Antonio Oeste la audiencia pública por el proyecto del gasoducto dedicado Tratayén–San Antonio Oeste, una obra estratégica impulsada por el gobierno de Río Negro y empresas del sector energético para abastecer futuras plantas flotantes de licuefacción de gas natural en el Golfo San Matías.
La audiencia se realizó en el Gimnasio Municipal “Sebastiana Antenao” y forma parte del procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la legislación provincial. El proyecto es promovido por la firma San Matías Pipeline S.A. y contempla la construcción de un ducto de aproximadamente 472 kilómetros para transportar gas desde Tratayén, en Neuquén, hasta la costa atlántica rionegrina.
Desde primeras horas de la mañana se desplegó un importante operativo de seguridad en los accesos al recinto. La Policía de Río Negro implementó controles con escáner y revisiones de ingreso que generaron demoras y malestar entre algunos participantes. La presencia policial se extendió tanto dentro como fuera del gimnasio, donde además se concentraron trabajadores vinculados a la UOCRA y distintos sectores sociales interesados en el desarrollo del proyecto.
El Gobierno provincial presentó la obra como una pieza central del nuevo esquema energético exportador de Río Negro. La secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, sostuvo durante la apertura que la provincia atraviesa “una nueva etapa productiva” y defendió el proyecto como una oportunidad para generar empleo, inversiones y desarrollo económico vinculado al gas de Vaca Muerta.
Según el expediente oficial, el gasoducto tendrá capacidad para transportar hasta 28 millones de metros cúbicos diarios de gas natural destinados a abastecer las unidades flotantes de licuefacción proyectadas frente a la costa rionegrina. El desarrollo forma parte del esquema de exportación de GNL impulsado por Southern Energy, integrado por empresas como YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.
El oficialismo provincial insistió en que la iniciativa representa una oportunidad histórica para transformar a Río Negro en un actor clave dentro del mercado energético nacional e internacional. Funcionarios provinciales remarcaron que el proyecto permitiría consolidar inversiones multimillonarias y posicionar al Golfo San Matías como un polo exportador de gas natural licuado.
Sin embargo, la audiencia también estuvo marcada por fuertes críticas de organizaciones socioambientales, asambleas ciudadanas y vecinos autoconvocados que rechazan el avance del proyecto. Los sectores opositores cuestionaron especialmente el impacto ambiental acumulativo de las obras vinculadas al desarrollo hidrocarburífero y advirtieron sobre posibles riesgos para el ecosistema costero y marino del Golfo San Matías.
Durante varias exposiciones, referentes ambientales señalaron preocupación por el avance de infraestructura energética sobre áreas sensibles y reclamaron mayores garantías respecto de eventuales derrames, emisiones, afectación de fauna marina y transformación del perfil productivo y turístico de la región.
Las asambleas ambientales también cuestionaron el procedimiento de evaluación ambiental impulsado por la Provincia y denunciaron falta de información accesible para las comunidades afectadas. Parte de las críticas apuntó al volumen técnico del expediente y a los tiempos otorgados para su análisis previo a la audiencia.
Otro de los ejes de discusión estuvo vinculado al modelo de desarrollo económico impulsado por el gobierno provincial. Mientras sectores empresariales y sindicales defendieron la generación de empleo y la posibilidad de nuevas inversiones, grupos ambientalistas plantearon que el proyecto profundiza una matriz extractiva dependiente de combustibles fósiles en un contexto internacional de transición energética.
En paralelo, algunos expositores cuestionaron el fuerte despliegue policial montado alrededor de la audiencia pública. Referentes de organizaciones ambientales señalaron que los controles de seguridad resultaron excesivos para una instancia participativa y denunciaron un clima de “amedrentamiento” hacia sectores críticos del proyecto.
Desde el Gobierno provincial rechazaron esas acusaciones y justificaron el operativo como una medida preventiva para garantizar el normal desarrollo de una audiencia con alta concurrencia y fuerte sensibilidad política. Funcionarios remarcaron que el objetivo fue asegurar condiciones de orden y seguridad para todos los participantes.
La audiencia contó con 168 oradores inscriptos, entre representantes de organismos públicos, técnicos, empresarios, sindicatos, vecinos y organizaciones sociales. Debido a la cantidad de exposiciones previstas, la jornada se extendió durante varias horas y dejó en evidencia la dimensión política, económica y ambiental que adquirió el debate energético en Río Negro.
Las posiciones a favor estuvieron encabezadas principalmente por cámaras empresariales, gremios vinculados a la construcción y sectores políticos alineados con el oficialismo provincial. Muchos de los oradores destacaron la posibilidad de generar empleo local, incrementar regalías y potenciar el desarrollo económico regional asociado a la industria energética.
En contraste, las posturas críticas reclamaron estudios ambientales más profundos, mayor participación ciudadana y garantías concretas sobre la preservación ambiental del Golfo San Matías. Algunos sectores incluso pidieron directamente el rechazo del proyecto y cuestionaron el avance simultáneo de distintos emprendimientos hidrocarburíferos sobre la costa atlántica rionegrina.
La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, sostuvo durante la audiencia que el desarrollo económico debe avanzar “en equilibrio con el ambiente” y afirmó que el proceso de evaluación ambiental contempla mecanismos de control técnico y participación ciudadana.
La audiencia pública tiene carácter consultivo y no vinculante. Esto significa que las opiniones expresadas durante la jornada no obligan jurídicamente al Gobierno a modificar o rechazar el proyecto, aunque todas las exposiciones deberán incorporarse formalmente al expediente administrativo de evaluación ambiental.
De ahora en más, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático deberá analizar las observaciones técnicas, sociales y ambientales planteadas durante la audiencia antes de emitir una resolución final sobre la viabilidad ambiental del proyecto. Ese dictamen será determinante para avanzar o no con las etapas posteriores de ejecución de la obra.
En paralelo, organizaciones ambientalistas ya anticiparon que continuarán monitoreando el proceso y no descartan nuevas acciones administrativas o judiciales si consideran que existen irregularidades o insuficiencias en los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas involucradas.
La audiencia dejó así expuesta una de las discusiones más trascendentes que enfrenta actualmente Río Negro: el equilibrio entre el impulso de un ambicioso esquema energético exportador y las crecientes demandas sociales y ambientales que cuestionan el impacto de esos desarrollos sobre el territorio y los recursos naturales de la provincia.
