El gremio docente UnTER emitió un duro comunicado en el que responsabilizó directamente al gobernador Alberto Weretilneck por la represión sufrida durante la protesta realizada en el puente carretero entre Cipolletti y Neuquén, en el marco del reclamo salarial y la exigencia de reapertura de paritarias.

Desde el sindicato denunciaron que docentes fueron gaseados por fuerzas federales, entre ellas Prefectura Naval Argentina, mientras se manifestaban de manera pacífica, y señalaron que el operativo respondió a una “decisión política” alineada con el protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional.

En el texto, el gremio sostuvo que la intervención buscó “disciplinar, amedrentar y criminalizar la protesta social”, cuestionó las declaraciones del mandatario provincial sobre la situación salarial y advirtió sobre el deterioro de la educación pública, las condiciones laborales y el ajuste presupuestario.

Finalmente, UnTER reclamó una convocatoria urgente a paritaria, el cese de la represión y respuestas concretas frente a la crisis que atraviesa el sector docente.

COMUNICADO

Repudiamos y denunciamos la represión de Weretilneck y la criminalización de la protesta

Repudiamos y denunciamos con bronca, con indignación y con absoluta claridad política la represión que sufrimos quienes ayer salimos a las calles a reclamar. No hay eufemismos posibles: Weretilneck mandó a reprimir a la docencia rionegrina.

Fuimos gaseados por fuerzas federales en el puente carretero entre Cipolletti y Neuquén por el solo hecho de organizarnos y exigir paritarias. Nos tiraron gases como si fuéramos delincuentes. Nos atacaron por ejercer un derecho. Y eso tiene responsables políticos concretos.

Esta represión no es casual: es la expresión de una decisión de gobierno. Weretilneck se alinea con el protocolo antipiquetes del gobierno nacional y adopta la lógica de Patricia Bullrich: criminalizar la protesta, disciplinar a quienes luchan y garantizar el ajuste a cualquier costo.

Denunciamos con absoluta claridad la intervención de la Prefectura Naval Argentina, junto a otras fuerzas federales, para reprimir en territorio provincial a quienes estábamos ejerciendo un derecho constitucional. No alcanza con escudarse en protocolos o jurisdicciones: lo que vimos fue una decisión consciente de utilizar el aparato represivo del Estado para acallar el reclamo.

No fue control ni prevención: fue represión.
No fue para garantizar derechos: fue para vulnerarlos.

El uso de gases contra docentes que nos manifestábamos pacíficamente constituye un hecho gravísimo que expone el verdadero sentido de estas intervenciones: disciplinar, amedrentar y criminalizar la protesta social para imponer el ajuste. Se amparan en el llamado “protocolo antipiquetes” para legitimar lo ilegítimo: atacar a trabajadores que luchan.

Esto no solo es políticamente inadmisible, es un avance peligroso sobre derechos fundamentales como el de peticionar, manifestarse y organizarnos. Cuando el Estado despliega fuerzas federales contra la protesta social, deja de garantizar derechos y pasa a perseguirlos.

Al mismo tiempo, rechazamos las declaraciones del gobernador, que reconoce que el salario no alcanza mientras intenta justificar que no hay respuestas posibles. No vamos a aceptar ese cinismo. No se puede admitir la crisis y al mismo tiempo descargarla sobre nuestras espaldas, condenándonos a salarios de pobreza y pidiéndonos “paciencia” mientras el ajuste avanza.

Nos quieren pobres, nos quieren callados y nos quieren sosteniendo un sistema educativo cada vez más precarizado sin cuestionar nada. Pero no lo vamos a hacer.

Nuestro reclamo no es solo salarial. Estamos defendiendo la educación pública frente a un vaciamiento sistemático, el deterioro de nuestras condiciones de trabajo, la sobrecarga, la falta de presupuesto y el abandono del Estado.

Lo decimos sin rodeos: no nos van a disciplinar. La represión no nos asusta, nos llena de más bronca y más decisión de seguir organizados.

Responsabilizamos directamente a Weretilneck por la represión, por cada docente afectado y por profundizar un conflicto que podría resolverse con decisión política.

Exigimos:
- Una nueva convocatoria urgente a paritaria.
- Respuestas reales frente a la crisis que vivimos.
- El cese inmediato de la represión y la criminalización de la protesta.
- No vamos a aceptar el ajuste en silencio.
- No vamos a naturalizar la represión.

Si el gobierno elige reprimir y ajustar, nosotros elegimos luchar.

Consejo Directivo Central – UnTER

Miercoles 06 de mayo de 2026