Un nuevo proyecto de ley impulsado en la Legislatura provincial busca dejar atrás las tradicionales boletas partidarias. La iniciativa promete garantizar “mayor transparencia, equidad entre los partidos políticos y un importante ahorro tanto económico como ambiental”.

A través de un proyecto de ley impulsado por el legislador César Domínguez (Primero Río Negro), se busca que las elecciones provinciales adopten la Boleta Única de Papel (BUP), alineando a la provincia con la tendencia federal y “evitando que los ciudadanos deban enfrentarse a dos lógicas de votación opuestas”.

El proyecto toma como modelo las provincias de Santa Fe, Mendoza y Córdoba.

¿Cómo cambiará la forma de votar?

La iniciativa afirma que “la Boleta Única implica una redefinición cultural y logística del sufragio: el elector ya no tendrá que buscar una boleta partidaria en el cuarto oscuro, sino que señalará de manera activa su opción en un único papel”.

Este nuevo instrumento sería diseñado e impreso exclusivamente por el Estado provincial (Poder Ejecutivo), garantizando medidas de seguridad gráfica “que eliminarán prácticas fraudulentas como el robo o la falsificación de boletas”. “La BUP incluirá todas las categorías electivas e identificará claramente a cada agrupación política con su nombre, símbolo y fotografías a color de los principales candidatos, como la fórmula para Gobernador/a y Vicegobernador/a. Además, contará con un casillero específico para quienes deseen votar por la lista completa de un mismo partido”, remarca Domínguez.

Añade que “el día de la elección, el presidente de mesa entregará al votante la Boleta Única firmada y un bolígrafo de tinta indeleble. El elector ingresará a una cabina de votación que garantizará su privacidad, realizará una marca en el casillero de su preferencia, plegará la boleta y la depositará en la urna. Para asegurar el secreto del voto, la boleta no tendrá numeración correlativa en su cuerpo, sino únicamente en un talón troquelado que retendrá la autoridad de mesa”.

Equidad política y cuidado ambiental

Uno de los argumentos centrales del proyecto es la democratización de la competencia electoral: “Al ser el Estado el único encargado de imprimir y distribuir las boletas, se eliminan las asimetrías entre las fuerzas políticas grandes y pequeñas, garantizando que el derecho al voto no dependa de la capacidad económica o logística de los partidos”.

De igual manera, afirma que “el sistema reducirá drásticamente el gasto estatal en la impresión de millones de boletas partidarias, lo que trae aparejado un impacto ambiental positivo y una simplificación de toda la logística electoral, acelerando también el recuento de los votos”.

Preparación ciudadana

Comprendiendo que este cambio requiere un aprendizaje por parte de la sociedad, la ley contempla que la Justicia Electoral Provincial lleve adelante una campaña masiva de difusión y capacitación al menos 90 días antes del primer acto electoral bajo esta modalidad. Esta campaña utilizaría medios audiovisuales, gráficos y redes sociales para enseñar a los ciudadanos a usar el nuevo sistema, mientras que las autoridades de mesa recibirán capacitaciones específicas y de carácter obligatorio.