La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves un proyecto de ley para modernizar el ejercicio de la actividad farmacéutica, modificando la normativa que estaba vigente desde 2009. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca adaptar el sistema a las nuevas realidades tecnológicas y económicas.

La reforma tiene el objetivo de transformar la experiencia de los usuarios y el modelo de negocio del sector mediante tres ejes fundamentales: la modernización tecnológica, la desregulación comercial y la optimización de los recursos profesionales.

Obligatoriedad de la receta electrónica y recetas a seis meses

Uno de los cambios de mayor impacto para los pacientes es que se establece la utilización obligatoria de la receta electrónica en todo el territorio provincial.

Además, para facilitar la vida de los pacientes con tratamientos prolongados, se incorpora la figura de la “Prescripción Diferida”, que autoriza recetas mensuales y diferidas por hasta seis meses para medicamentos de uso crónico.

Telefarmacia y envíos a domicilio controlados

El proyecto legaliza formalmente la “telefarmacia”, permitiendo la atención a distancia sin requerir la presencia física del paciente. Asimismo, se habilita la entrega a domicilio de medicamentos, pero con una restricción clave para garantizar la seguridad sanitaria: el envío no podrá realizarse a través de servicios de cadetería externos.

La distribución deberá ser de titularidad del dueño de la farmacia para resguardar la trazabilidad de los remedios, quedando bajo estricta responsabilidad del Director Técnico del establecimiento.

Fin a las restricciones de distancia y apertura del mercado

En cuanto al artículo 4 referido a la ubicación y traslado de farmacias, quedó establecido que la instalación será libre en todo el territorio provincial, pero con límites en zonas donde ya existan establecimientos.

En ese sentido, se fijan distancias mínimas: 200 metros entre farmacias en localidades de menos de 15.000 habitantes y 400 metros en localidades con mayor población. Además, en caso de traslado, la nueva ubicación no podrá exceder los 200 metros respecto de la anterior.

A su vez, el régimen de propiedad se flexibiliza: se establece que las farmacias podrán ser propiedad de “personas humanas o jurídicas”. La redacción incluye como formas societarias habilitadas a las sociedades de responsabilidad limitada y comanditas simples, y deja expresamente excluidas a las sociedades anónimas.

Asimismo, se contempla la posibilidad de que sean propietarias obras sociales, mutuales, cooperativas u organizaciones gremiales, siempre que estén debidamente autorizadas por sus estatutos y cumplan con la normativa vigente. En todos los casos, se mantiene como condición obligatoria la presencia de un director técnico farmacéutico responsable.

Flexibilización para los profesionales y el rol de Pro.Fa.R.Se.

En aquellas localidades que, por cuestiones demográficas, cuenten con un único farmacéutico, se permitirá excepcionalmente que este profesional asuma la dirección técnica de más de un establecimiento, flexibilizando la exclusividad exigida hasta el momento.

Finalmente, la ley también modifica el rol de la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (Pro.Fa.R.Se.), facultándola a proveer medicamentos y productos autorizados por ANMAT de manera directa a las farmacias o incluso a la población en general, ya sea mediante convenios individuales o en conjunto.

Todas las farmacias existentes, incluidas las que dependen de obras sociales o mutuales, deberán adecuarse a este nuevo marco normativo en los plazos que establezca la futura reglamentación.

Escudero: “La tecnología tiene que estar al servicio del usuario”

Al fundamentar la propuesta, Andrea Escudero (JSRN) remarcó que “no sólo cambió la tecnología, sino también la demografía y el sistema de salud”, por lo que consideró indispensable adecuar la normativa vigente.

En ese sentido, definió a la farmacia como “un establecimiento sanitario esencial” y al medicamento como “un bien social” cuya accesibilidad y trazabilidad deben ser garantizadas por el Estado.

Además, subrayó que la iniciativa busca ampliar el acceso a medicamentos, especialmente en zonas rurales o con baja densidad poblacional. Para ello, prevé incentivos para la instalación de farmacias en localidades donde actualmente no existen, así como excepciones para que farmacéuticos del sistema público puedan también ejercer en el ámbito privado en esos lugares.

“Más farmacias no destruyen la profesión, la potencian. Generan más trabajo y garantizan mayor accesibilidad”, concluyó.

Odarda: “El medicamento no es un bien de consumo”

La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) valoró la participación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, cuyos representantes estuvieron presentes en el recinto. “Han trabajado codo a codo con legisladores y legisladoras, en lo que entendemos como un ejercicio de democracia participativa”, destacó.

No obstante, también señaló que existió preocupación en el sector por la falta de consulta previa antes del ingreso formal del proyecto a la Legislatura.

En cuanto al fondo del debate, la legisladora marcó una posición clara: “Adherimos al modelo sanitario y descartamos el modelo mercantil”, afirmó, al advertir sobre los riesgos de que la farmacia sea concebida como “un mero comercio regido por las leyes del mercado”.

Berros cuestionó la urgencia del proyecto: “Estamos cambiando la ley sobre la marcha”

Durante el debate por la reforma de la ley farmacéutica, el legislador José Luis Berros (Vamos con Todos) cuestionó la rapidez con la que se introdujeron modificaciones. “Desde que ingresó el proyecto hasta hoy ya hubo varios cambios, incluso en este mismo momento seguimos modificando artículos”, advirtió, al tiempo que puso en duda la necesidad de avanzar con la votación sin un mayor nivel de consenso.

“¿Es necesario estar a último momento cambiando puntos y comas? ¿No podríamos haberlo trabajado mejor en comisión, con el Colegio y con todos los legisladores?”, se preguntó.

Si bien aclaró que comparte algunos de los cambios propuestos, el legislador insistió en que el proceso debió haber sido más ordenado y participativo. “No vengo a hacer politiquería, pero hagámoslo bien”, sostuvo.

En esa línea, propuso que el proyecto vuelva a comisión para profundizar su análisis y evitar definiciones apresuradas. “No es una ley que vaya a generar cambios inmediatos en cada localidad, no hay tal urgencia”, afirmó.

Finalmente, también dejó una crítica al tono político del debate: “No hagamos papelones ni leyes para hacer videítos de ‘más libertad’”, cerró.

García: “La discusión no es la sociedad anónima, sino la relación con el farmacéutico”

En el debate el legislador Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) planteó que el eje central de la discusión no debe enfocarse únicamente en la figura societaria, sino en el modelo sanitario que se pretende sostener.

En ese sentido, relativizó que la controversia principal pase por excluir o no a las sociedades anónimas. “No es tanto el tipo societario. El planteo del Colegio, con fundamentos técnicos y legales, tiene que ver con otra cosa”, explicó.

Según indicó, la preocupación central radica en la posible ruptura del vínculo entre el director técnico farmacéutico y la propiedad de la farmacia. “Entienden que separar esa relación puede afectar la trazabilidad, el asesoramiento profesional y la calidad del servicio”, sostuvo.

Por eso, planteó que el interrogante clave sigue abierto: “¿En base a qué experiencia o modelo se considera que romper esa relación va a mejorar el acceso, los precios o la presencia territorial de las farmacias? Eso no está claro”.

Si bien valoró las modificaciones introducidas durante el tratamiento del proyecto, advirtió que el núcleo del problema persiste. “No se trata solo de sacar o no a las sociedades anónimas. La verdadera discusión es si mantenemos el modelo actual o si abrimos la puerta a grandes cadenas de farmacias”, concluyó.

Delgado Sempé rechazó las sociedades anónimas y defendió el rol sanitario del farmacéutico

Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) profundizó su postura crítica sobre algunos aspectos del proyecto, en particular la posibilidad de habilitar esquemas societarios que desvinculen al farmacéutico de la propiedad.

Si bien valoró las modificaciones incorporadas y el diálogo previo con el Colegio de Farmacéuticos —del que participaron distintos legisladores—, remarcó la necesidad de seguir discutiendo el tema y coincidió con la propuesta de otorgar más tiempo de análisis en comisión.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el rechazo a la figura de la sociedad anónima. “No sabemos quién está detrás”, advirtió, al considerar que se trata de un aspecto clave en un ámbito tan sensible como el de los medicamentos.

En ese sentido, planteó que no alcanza con la figura del director técnico si éste queda reducido a un rol meramente formal o subordinado a intereses comerciales. Por el contrario, sostuvo que el farmacéutico debe tener participación directa en la propiedad del establecimiento.

“Estamos hablando de medicamentos, de drogas que van a nuestra población. Tiene que haber un responsable técnico, pero ese responsable también debe ser dueño”, enfatizó, al diferenciar la lógica sanitaria de la lógica empresarial.

Delgado Sempé también alertó sobre el riesgo de transformar a las farmacias en un negocio más, alejándolas de su función social. “El farmacéutico no es solo quien dispensa medicamentos: vacuna, aconseja y es muchas veces el primer contacto en los barrios cuando una persona está enferma”, subrayó.
Por eso, propuso que cualquier esquema societario contemple obligatoriamente la participación de un farmacéutico como parte integrante, reforzando así el perfil sanitario del sistema y evitando su mercantilización.

Mansilla acompañó la reforma, pero también insistió en excluir a las S.A.

Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) manifestó su acompañamiento general al proyecto, aunque volvió a plantear reparos sobre el artículo vinculado a la titularidad de las farmacias.

“Vemos con buenos ojos esta modificación porque es necesaria”, señaló, y destacó que uno de los puntos más discutidos —la territorialidad— logró encauzarse con la nueva redacción basada en criterios objetivos, como la cantidad de habitantes.

En ese sentido, consideró que la referencia anterior a zonas “densamente pobladas” resultaba demasiado amplia y valoró que se haya reemplazado por parámetros más claros vinculados a los datos censales.

Juan Martín: “La ley tiene avances, pero faltó construir consenso desde el inicio”

En el tramo final del debate por la reforma de la ley farmacéutica, el legislador Juan Martín (PRO-Unión Republicana) planteó una posición intermedia: acompañó en general el proyecto, aunque marcó críticas al proceso de elaboración y dejó planteadas dudas en puntos específicos.

“Estamos en una encrucijada”, definió, al señalar que la fortaleza de una norma “nace del consenso” y cuestionó que ese camino no se haya construido desde el inicio. “Hubo reuniones esporádicas, pero no un trabajo sostenido que permita diseñar una ley con mayor acuerdo”, sostuvo.

Desde una mirada que definió como liberal, remarcó que los farmacéuticos son parte de la actividad privada, aunque con una función sanitaria clave. “No son filántropos del paracetamol, son un negocio más, pero no cualquier negocio: son un eslabón fundamental para garantizar el acceso a la salud”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la eventual desregulación del sector debe estar acompañada por un rol ordenador del Estado. “Desregular no implica ausencia de reglas. El Estado debe garantizar equilibrio entre intereses”, planteó.

Martín valoró los cambios incorporados durante el debate, especialmente en relación a la territorialidad. Destacó que la definición basada en cantidad de habitantes y distancias “subsanó vaguedades” del proyecto original, como el concepto de “zona densamente poblada”.

También consideró positivo que se haya receptado la propuesta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Río Negro en algunos artículos, y que se haya avanzado en excluir a las sociedades anónimas, tal como plantearon otros legisladores.

Sin embargo, advirtió sobre otros aspectos del proyecto, como el esquema de compras del sector público. “Puede derivar en menor competencia y precios más altos. Los monopolios no son buenos”, alertó.

Asimismo, propuso modificar el artículo vinculado a la receta electrónica para evitar problemas ante eventuales contingencias. “No se debería limitar el uso de recetas en papel sólo hasta la implementación definitiva del sistema digital, porque pueden existir situaciones como cortes de luz”, explicó.

López cerró dando a conocer las modificaciones

En el cierre del debate, el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, dio lectura en el recinto a la redacción final de los artículos más discutidos del proyecto, vinculados a la propiedad de las farmacias y a su distribución territorial.

Respecto al primero de ellos, precisó que se establece que las farmacias podrán ser propiedad de “personas humanas o jurídicas”. La redacción incluye como formas societarias habilitadas a las sociedades de responsabilidad limitada y comanditas simples, y deja expresamente excluidas a las sociedades anónimas.

Asimismo, se contempla la posibilidad de que sean propietarias obras sociales, mutuales, cooperativas u organizaciones gremiales, siempre que estén debidamente autorizadas por sus estatutos y cumplan con la normativa vigente. En todos los casos, se mantiene como condición obligatoria la presencia de un director técnico farmacéutico responsable.

En cuanto al artículo referido a la ubicación y traslado de farmacias, el legislador detalló que la instalación será libre en todo el territorio provincial, pero con límites en zonas donde ya existan establecimientos.

En ese sentido, se fijan distancias mínimas: 200 metros entre farmacias en localidades de menos de 15.000 habitantes y 400 metros en localidades con mayor población. Además, en caso de traslado, la nueva ubicación no podrá exceder los 200 metros respecto de la anterior.

La norma toma como referencia el último censo nacional vigente para determinar la cantidad de habitantes y establece que el Estado provincial promoverá, mediante incentivos y exenciones, la instalación de farmacias en zonas remotas o barrios periféricos con déficit del servicio.

Durante su intervención, López defendió el proceso de modificaciones introducidas sobre la marcha, en el marco del intercambio con legisladores y representantes del sector. “No tengo problema en dialogar ni en ajustar la redacción”, expresó.