Fue sancionada este jueves por la Legislatura. La norma regula el uso seguro, eficiente y ético de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la atención sanitaria, la vigilancia epidemiológica y la investigación. Su ámbito de aplicación abarca a la totalidad de los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, que brinden servicios en el territorio provincial.

El proyecto fue votado en general y en particular. En general fue aprobado por unanimidad, mientras que el artículo 31 (sobre la autorización presupuestaria) resultó aprobado por mayoría, obteniendo 31 votos positivos y 13 votos negativos. 

Entre los objetivos transversales de la ley se destacan la protección de los datos personales, la garantía de continuidad en el cuidado de los pacientes y la reducción de las brechas territoriales y tecnológicas para lograr un acceso equitativo a la salud.

En cuanto a la modernización de las prestaciones, la normativa regula tres pilares centrales: los registros clínicos electrónicos, la telesalud y las recetas digitales. El proyecto ratifica que los datos sanitarios son de titularidad exclusiva de las personas, quienes tendrán el derecho de acceder a su información de forma gratuita, inmediata y comprensible. 

A su vez, reconoce a la telesalud como una modalidad plenamente equiparable a la atención presencial, la cual se priorizará en áreas rurales para compensar la falta de profesionales. Asimismo, autoriza la prescripción electrónica interoperable de medicamentos y productos médicos, estableciendo requisitos claros para su validación y dispensación.

Para asegurar la correcta implementación de estas medidas, la ley define un esquema de gobernanza encabezado por el Ministerio de Salud provincial, entidad responsable de aprobar los sistemas informáticos, centralizar las bases de datos y auditar la calidad de los servicios. 

Este proceso estará acompañado por un Programa Provincial orientado a capacitar al personal en competencias digitales. Finalmente, el alcance de la ley incluye un régimen disciplinario integral que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, estableciendo sanciones que van desde apercibimientos hasta fuertes multas económicas e inhabilitaciones para quienes operen sin autorización o vulneren la confidencialidad y los derechos de los pacientes.

El debate

La informante del proyecto del Ejecutivo fue Lorena Yensen (JSRN), quien defendió el proyecto destacando que viene a dar un marco legal y actuar como “columna vertebral” para un sistema que hoy opera con resoluciones ministeriales que funcionan como “parches”. 

Argumentó que la ley garantizará la interoperabilidad de los sistemas, otorgará al paciente la titularidad exclusiva de su historia clínica y equiparará la telesalud con la atención presencial, lo cual es vital para acercar la salud a pobladores de parajes alejados en una geografía tan extensa como la de Río Negro.

Gabriela Picotti adelantó su acompañamiento al proyecto valorando la herramienta para acortar distancias geográficas, pero criticó que la provincia ha perdido un tiempo significativo desde los primeros proyectos presentados en 2018. Además, advirtió que “el árbol no nos tape el bosque”, señalando que actualmente la salud pública sufre de problemas estructurales, deficiencias edilicias, fallas de conectividad y recursos humanos descontentos con salarios que no son dignos.

Ayelén Spósito (Vamos con Todos) anticipó su voto favorable entendiendo la necesidad de tener reglas claras frente a pruebas piloto que desprotegían los datos de los pacientes. No obstante, remarcó que la digitalización no es la urgencia principal frente a la falta de insumos, profesionales mal pagos y excesos de guardias. Por otro lado, marcó una fuerte disidencia con el artículo 31, exigiendo que cualquier reasignación de partidas presupuestarias para tecnología pase por la Legislatura y no sea una atribución directa del Poder Ejecutivo, para evitar que se quiten fondos destinados a medicamentos.

La legisladora Agostino (CC-ARI) apoyó la iniciativa argumentando que viene a ordenar el uso de tecnologías que ya se están aplicando de manera desordenada en la vida cotidiana. Resaltó que la normativa garantiza la privacidad de las historias clínicas y asegura que las personas que no saben o no pueden utilizar medios digitales sigan estando incluidas en el sistema de salud.

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, intervino al final del debate para responder directamente a las críticas de la legisladora Spósito, rechazando la acusación de que no hay inversión. Defendió la gestión provincial enumerando la reciente compra de 103 vehículos sanitarios, la construcción de nuevos hospitales y la gestión de un crédito internacional del BID por 60 millones de dólares para infraestructura. Además, argumentó que la provincia está cubriendo obligaciones desatendidas por el Estado nacional, como medicamentos para VIH y planes del PAMI.