El proyecto de modernización de la ley de farmacia obtuvo dictamen positivo por mayoría este lunes en la Comisión de Asuntos Sociales en la Legislatura de Río Negro, aunque los bloques de la oposición resolvieron tomarse 48 horas antes de fijar una posición definitiva, a la espera de posibles modificaciones en dos puntos centrales: la regulación de distancias entre farmacias y la composición de las sociedades propietarias.

La iniciativa fue fundamentada por el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, quien encabezó la defensa del proyecto y remarcó la necesidad de actualizar una norma vigente desde 2009 en función de los avances tecnológicos y las nuevas demandas del sistema sanitario.

Del otro lado, el sector farmacéutico tuvo una fuerte presencia en la comisión, con alrededor de 30 representantes, incluyendo autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, junto a referentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, quienes expusieron las principales preocupaciones del sector.

Digitalización forzada

“El modelo original del ejercicio farmacéutico se estructuraba en torno a un esquema tradicional, donde el acto farmacéutico ocurría exclusivamente en el ámbito físico de la farmacia, con la presencia simultánea del paciente y el profesional. Sin embargo, este paradigma comenzó a modificarse con el avance de la tecnología y, especialmente, a partir del contexto excepcional generado en 2019-2020” recordó el ministro.

Añadió que “durante ese período, y en particular desde marzo de 2020, el sistema de salud debió adaptarse de manera urgente a nuevas modalidades de atención. Surgieron así prácticas como la telefarmacia y formas informales de prescripción electrónica. Este mecanismo permitió dar respuesta a una situación crítica —la imposibilidad de circulación y la necesidad de sostener tratamientos—, pero se desarrolló sin respaldo normativo adecuado: sin registros formales, sin historia clínica integrada, y sin el uso de firma digital o electrónica”.

Remarcó que en ese contexto “el sistema sanitario avanzó hacia la digitalización de manera forzada, más impulsado por la necesidad que por la existencia de marcos regulatorios sólidos. Actualmente, existen experiencias de receta electrónica implementadas por organismos como PAMI, IPROSS y algunos profesionales de manera individual. Sin embargo, estos sistemas carecen de una normativa provincial unificada que establezca claramente los roles, responsabilidades y condiciones de validez: quién prescribe, quién valida y quién dispensa”.

Además sostuvo que “por ello, resulta imprescindible avanzar en un ordenamiento legal integral. En particular, se requiere una normativa específica que regule la receta electrónica y los procesos digitales asociados, así como la actualización de la ley de ejercicio de la farmacia, incorporando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y reconociendo las transformaciones del acto farmacéutico. Este es el paso necesario para garantizar seguridad, trazabilidad y calidad en la atención sanitaria en el contexto actual”.

Consensos: modernización y acceso

Durante el debate, hubo coincidencias en torno a la incorporación de herramientas como la receta electrónica, la telefarmacia y los sistemas de trazabilidad, así como en la necesidad de fortalecer el acceso al medicamento en toda la provincia.

También se reiteró el reconocimiento de la farmacia como parte integrante del sistema de salud y del farmacéutico como actor clave en la seguridad del paciente.

El eje del conflicto: distancias y capital

Las principales tensiones se concentraron en la posible flexibilización del régimen de distancias entre farmacias y en la apertura a nuevas formas de propiedad.

Desde el sector farmacéutico se defendió el sistema actual como una herramienta sanitaria que evita la concentración en zonas céntricas y garantiza cobertura territorial. “Si se eliminan las distancias, las farmacias se van a trasladar a los lugares más rentables, dejando sin servicio a barrios y localidades donde hoy son necesarias”, advirtieron.

También expresaron preocupación por el impacto de la participación de capitales privados en la independencia profesional, citando modelos como Farmacity.

La postura del oficialismo

Desde el oficialismo, en tanto, se defendió la iniciativa como una herramienta para ampliar el acceso y corregir desequilibrios actuales.

El legislador Facundo López sostuvo que el sistema vigente no logró distribuir equitativamente las farmacias. “En ciudades como Viedma, la mayoría de las farmacias siguen concentradas en zonas céntricas, a pesar de la regulación de distancias”, afirmó. Además, confirmó que los puntos en discusión serán revisados antes del tratamiento en el recinto.

“Las diferencias reales están en dos temas: la distancia entre farmacias y la composición de las sociedades. Ambos van a ser evaluados para lograr la mejor ley posible”, indicó.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, los cuestionamientos apuntaron tanto al contenido del proyecto como al proceso de elaboración.

El legislador Juan Martín (PRO – Unión Republicana) advirtió sobre la falta de diálogo previo con el sector. “El riesgo de avanzar sin interacción con los actores es que la norma termine siendo estéril”, sostuvo.

Por su parte, la legisladora Ayelén Spósito (Vamos con Todos) expresó dudas sobre el impacto real de la desregulación. “No está claro que eliminar las distancias vaya a generar nuevas farmacias en los barrios o localidades donde hoy no existen”, señaló.

Un debate que continúa

Pese al dictamen favorable, el proyecto seguirá abierto a modificaciones en las próximas horas, en un intento por acercar posiciones antes de su tratamiento en el recinto.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el objetivo central es garantizar el acceso equitativo al medicamento. “El principal destinatario de la ley es el ciudadano”, afirmaron.