Ante el creciente nivel de sobreendeudamiento estructural, una iniciativa parlamentaria propone establecer un tope máximo del 20% para las retenciones, descuentos o embargos judiciales sobre los haberes netos de los trabajadores de los tres poderes del Estado provincial.

El objetivo central de la medida es evitar que los débitos automáticos por préstamos comprometan la subsistencia de las familias, asegurando un límite tras la aplicación de los descuentos de ley obligatorios.

El proyecto, impulsado por el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), advierte sobre la aceleración inflacionaria y el marcado deterioro del salario real en los últimos meses. En sus fundamentos, el documento señala que “el crédito dejó de ser una herramienta de desarrollo o inversión para transformarse en un mecanismo de supervivencia”. 

Frente a la caída del consumo, los agentes estatales se ven forzados a financiar necesidades básicas —como alimentos, servicios y alquileres— a través de sistemas de crédito que terminan profundizando su vulnerabilidad económica.

La normativa propuesta alcanza a las deudas contraídas con bancos, financieras, tarjetas de crédito, mutuales, asociaciones gremiales y cooperativas. Alerta, además, sobre las prácticas abusivas de entidades que otorgan préstamos sin evaluar la capacidad real de pago, amparadas en la garantía del cobro por débito automático. 

En este sentido, la iniciativa argumenta textualmente: “No puede considerarse plenamente libre la decisión de quien, ante la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas, no tiene otra alternativa que endeudarse”. De aprobarse la ley, se deberán readecuar los descuentos vigentes para equilibrar el pago de las obligaciones con el respeto por la dignidad del trabajador.